La gobernadora Wanda Vázquez Garced ya tiene ante su consideración la Resolución Conjunta del Senado 574 para garantizar la energía y el agua potable a toda persona que haya sido víctima de violencia doméstica y que esté refugiada en un albergue.
Vázquez Garced deberá considerar la aprobación o el veto de la medida antes del 15 de agosto.
La medida, específicamente, ordena que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) garanticen los servicios de agua potable y energía eléctrica para las víctimas de violencia doméstica que esté refugiadas.
A partir de la medida, los servicios deberán ser garantizados, aunque exista una deuda pendiente de pago a nombre de la víctima. La garantía será mientras se encuentre en proceso de ser reubicada en una vivienda.
La medida recuerda que la política pública que se establecida en la Ley 54 de 1989, mejor conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, dispone que se le debe prestar atención a las dificultades que provoca la violencia doméstica para preservar la integridad física y emocional, procurar la seguridad y salvar las vidas.
Se explica que durante los procesos de atención a los casos de violencia doméstica, cuando las víctimas tratan de independizarse y tener su propio hogar, se enfrentan a la problemática de que la AAA y la AEE, les niega el servicio por tener deudas pendientes de pago y pretenden cobrarles el balance de las cuentas que estaban a sus nombres en la residencia que tuvieron que abandonar como consecuencia de la violencia doméstica de la cual fueron víctimas.
Esta situación resulta en un obstáculo adicional para que las víctimas puedan dejar los albergues, independizarse y rehacer sus vidas.
Para recibir el beneficio, la persona que fue víctima de violencia doméstica deberá presentar una certificación del albergue en el que esté refugiada, que pruebe que al momento de presentar la solicitud a las corporaciones está recibiendo los servicios en el lugar y está en proceso de ser reubicada en una vivienda.
La Resolución Conjunta del Senado 574 fue aprobada en ambos cuerpos legislativos en votación unánime durante el cierre de la sesión en el mes de junio 2020 y llegó a las manos de la primera ejecutiva el 16 de julio 2020.
La autora de la medida es la senadora Itzamar Peña.
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