El Proyecto de la Cámara 2075 —que busca recrear, definir y asignar los recursos al Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico— aún se encuentra en trámite para la firma o veto de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
Aunque antes existía el Instituto de Ciencias Forenses como entidad autónoma— la Ley 20 de 2017 creó el Negociado de Ciencias Forenses y solo le delegó la obligación de realizar investigaciones científicas y tecnológicas para determinar la causa, la manera y las circunstancias de la muerte de cualquier persona cuyo deceso no sea atribuido a causas naturales.
Sin embargo, el Negociado de Ciencias Forenses enfrentó serios tropiezos desde su conversión a un negociado adscrito a otra dependencia gubernamental.
Ante esta realidad, la medida plantea que resulta imperativo contar con un nuevo Instituto de Ciencias Forenses que atienda y promueva la investigación objetiva de las actividades delictivas, el encausamiento civilizado y justo de las personas que transgreden la ley, maximizando la operación del gobierno de Puerto Rico.
De esta forma, se revierte la integración del instituto al Departamento de Seguridad Pública (DSP), pues este proyecto propone autonomía fiscal y administrativa para el nuevo instituto.
Según establece la pieza legislativa, sus fondos procederán del presupuesto general de gastos y su dirección estará bajo la tutela de una Junta de Directores.
La Junta de Directores estará compuesta por el secretario o secretaria del Departamento de Justicia, por el secretario o secretaria del Departamento de Seguridad Pública, por el rector o rectora del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico, por el administrador o administradora de los Tribunales, por el secretario o secretaria del Departamento de Salud, por el comisionado o comisionada del Negociado de la Policía y por tres miembros adicionales que serán nombrados por el gobernador o gobernadora y tendrán el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.
De convertirse en ley esta medida, la secretaria o secretario del Departamento de Justicia será quien presida la Junta de Directores.
Según expone el proyecto, la independencia administrativa permitirá que el Instituto de Ciencias Forenses cuente con el personal y los recursos necesarios para continuar con su labor de manera independiente.
El estudio de la medida requirió que la Comisión de Seguridad Pública evaluara los memoriales explicativos del Departamento de Seguridad Pública, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, el Departamento de Salud, el Recinto de Ciencias Médicas, el Negociado de Ciencias Forenses, el Departamento de Justicia, la Oficina de Administración de los Tribunales, Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Unión de Empleados SPUPR Local 2099.
El Departamento de Seguridad Pública argumentó que la medida va en contra de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.
Enumeró deficiencias administrativas que en el pasado llevaron al antiguo instituto a estar en incumplimiento con el uso de fondos federales y a señalamientos de la Oficina del Contralor.
Además, enfatizó que el mejoramiento de las operaciones se debe al apoyo administrativo que brindó el DSP y que permitió que el negociado manejara su área de especialidad sin el peso administrativo.
Las otras agencias no presentaron objeciones. Sin embargo, ofrecieron algunas enmiendas que no fueron consideradas.
Los autores de la medida fueron los representantes José E. «Quiquito» Meléndez Ortiz, Juan Oscar Morales Rodríguez, José «Che» Pérez Cordero, y Lydia Méndez Silva.
El proyectó llegó a La Fortaleza el 19 de agosto de 2020 y la gobernadora tiene hasta el 18 de septiembre para considerar la medida.
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