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Las nueve decisiones más importantes del Tribunal Supremo en el 2021

El profesor Jorge Velázquez comparte sus impresiones con Microjuris de cuáles fueron las opiniones más importantes del más alto foro judicial del país.

Por Daniel Rivera Vargas

Con decisiones trascendentales del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre temas como emplazamientos, derecho a la intimidad, privilegios evidenciarios y varios casos penales, el profesor Jorge Velázquez comparte sus impresiones con Microjuris de cuáles son las opiniones más importantes en el 2021 del más alto foro judicial del país.

Microjuris le pidió cinco decisiones, pero fueron nueve las opiniones propuestas por el profesor, quien actualiza e imparte los repasos de reválida que dejó como legado el fallecido exjuez y catedrático don Miguel Velázquez.

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A continuación, las nueve decisiones más importantes del Tribunal Supremo, según el profesor Velázquez:

1. McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras, 2021 TSPR 24 (McNeil I)

(Evidencia-Privilegio del Contador; Regla 504 de Evidencia)

«Al honorable juez asociado Roberto Feliberti Cintrón no le asignan muchos casos en el Supremo, por lo que cuando le asignan uno, se ‘bota’ en la discusión», comenzó diciendo Velázquez. En este caso, McNeil Healthcare presentó una demanda contra el Municipio de Las Piedras, impugnando unas alegadas deficiencias en el pago de patentes municipales.

Durante el descubrimiento de prueba, el Municipio le requirió a McNeil producir toda documentación intercambiada entre dos CPA que trabajan para las subsidiarias de Johnson & Johnson, incluyendo McNeil, pero la empresa rehusó producir un correo electrónico entre ambos alegando que estaba cobijado por el privilegio CPA-Cliente bajo la Regla 504 de Evidencia.

En los tribunales de Primera Instancia y de Apelaciones, la empresa no prevaleció, pero el Supremo, por voz de Feliberti Cintrón, resolvió que tenía derecho a invocar dicho privilegio.

Primero que todo, el Supremo aclaró que no aplicaba la excepción al privilegio relacionado a los pleitos civiles, ya que el pleito civil no estaba relacionado a la violación de alguna ley penal, y luego se expresa que la comunicación entre los dos CPAs era exactamente el tipo de comunicación confidencial relacionada a asuntos financieros que el privilegio de CPA-Cliente estaba diseñado para proteger:

“La definición de cliente de la Regla 504 incluye a personas jurídicas como McNeil ”, indicó el Supremo, quien además equipara por primera vez la relación entre un CPA y sus clientes con el privilegio abogado-cliente de un abogado corporativo.

El Supremo concluyó, repasa Velázquez, indicando que: “existen ocasiones en que [el] interés fiscalizador [del Municipio] cede ante el interés de mayor envergadura de preservar la ‘naturaleza fiduciaria’ en cualquier faceta de la gestión contable que implique la necesidad de preservar confidencias, para fomentar la más franca comunicación entre el contador público autorizado y su cliente… De lo contrario, se estaría minando la importante función social de los contadores públicos autorizados…”

2. McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras, 2021 TSPR 33, (McNeil II)

(Exclusión del privilegio de abogado-cliente en las consultas con peritos durante un pleito)

El pleito entre la empresa y el municipio retornó al Supremo, pero en este caso, según Velázquez, Feliberti Cintrón «acaba de asestarle un golpe sustancial al privilegio abogado-cliente».

En la opinión del Supremo, el alto foro permitió el descubrimiento de los borradores preparados por un perito testigo, así como las comunicaciones sobre ese borrador que sostuvo el perito con los abogados de la parte que lo contrató, lo que implica, según Velázquez, que esas comunicaciones entre el abogado y el testigo perito sobre el informe pericial no están cobijadas por la doctrina de “work product”, derivada del privilegio abogado-cliente.

Según esta opinión del Supremo, aunque la Regla 26 de Procedimiento Civil Federal expresamente cobija dichas comunicaciones, bajo la doctrina de “work product”, la realidad es distinta en el ordenamiento legal de Puerto Rico.

“La Regla 23.1(c) no dispone categóricamente ninguna protección a los borradores de los peritos, ni de las comunicaciones que tenga éste con el abogado con relación al informe pericial”, indicó.

El Supremo hace una distinción entre un perito consultor (“aquel consultado por una parte, pero que no se espera que sea llamado a testificar en el juicio”) y el perito testigo (“aquel identificado como un testigo potencial”). Al perito testigo, “distinto al contratado como consultor, se le puede requerir, entre otras cosas, divulgar la materia sobre la cual la persona perita se propone declarar, así como un resumen de sus opiniones y una breve expresión de las teorías, los hechos o los argumentos que sostienen las opiniones”.

Basado en esta distinción, el Supremo explica que “los peritos consultores están protegidos por la doctrina del “work product”[pero] pierden la referida protección cuando el perito consultor es sentado a declarar como testigo”.

Velázquez relata que el Congreso enmendó la Regla 26 de Procedimiento Civil para extender la protección del “work product” a todo tipo de comunicación entre los abogados y los peritos, fueran estos “peritos consultores” o “peritos testigos”, pero a nivel estatal «Un procedimiento similar sería necesario para incorporar esa protección en nuestra jurisdicción, si este Tribunal hubiese adoptado alguna disposición a esos efectos y la hubiera remitido a nuestra Asamblea Legislativa para su aprobación…Tampoco la Asamblea Legislativa ha aprobado enmiendas a la regla a tal fin”.

Velázquez entiende que este es un llamado a la Legislatura de Puerto Rico a enmendar la Regla 23.1 de Procedimiento Civil, para extender la doctrina de “work product” a toda comunicación entre los abogados y los peritos.

«Hasta que la Legislatura no enmiende dicha regla, las partes tendrán un ‘field day’ solicitando incontables comunicaciones entre los peritos y los abogados de la parte contraria, en menoscabo sustancial del privilegio abogado-cliente», sostuvo Velázquez.

3. Pérez Hernández v. Lares Medical Center, 2021 TSPR 123

(Modificación de la doctrina de solidaridad en el emplazamiento de co-causantes solidarios).
En este caso, el Supremo aclara el alcance de la doctrina de solidaridad, en relación a la responsabilidad vicaria de los patronos con respecto a los actos culposos o negligentes de sus empleados. El Supremo resuelve, por voz del juez asociado Edgardo Rivera García, que el emplazamiento a un patrono interrumpe el término prescriptivo contra el empleado negligente o culposo.

Bajo la doctrina de “solidaridad impropia o imperfecta”, discutida en Fraguada Bonilla v. Hospital Auxilio Mutuo, 186 DPR 365 (2012), el demandante tenía que “interrumpir el término prescriptivo individualmente respecto a cada cocausante, pues la interrupción de la prescripción en la solidaridad impropia no aprovecha o perjudica por igual a todos los deudores”. Sin embargo, en Lares Medical Center, el Supremo rehusó extender la norma de Fraguada, indicando que la relación de solidaridad entre el patrono y su empleado negligente o culposo era una relación de solidaridad “perfecta” o solidaria “propia”, ya que dicha solidaridad es “entre varias personas unidas por un interés común, que tienen entre sí relaciones frecuentes o se conocen”.

El juez Rivera García distingue Fraguada de Lares porque en este caso de 2021 el empleado, en el desempeño de su oficio, actúa para adelantar los intereses de su patrono. «Es decir, ambos cocausantes están inexorablemente atados por un interés común y tienen entre sí relaciones frecuentes. No existe, por lo tanto, la ausencia de comunidad de intereses que justifique la adopción de la doctrina de solidaridad impropia en el ámbito extracontractual en Fraguada».

Falta por ver, advierte Velázquez, si el Supremo en una opinión futura hace esa misma distinción entre el patrono y los contratistas independientes, y advierte que el patrono podría ir contra la empleada por su negligencia cuando en el futuro del caso se adjudiquen danos.

4. Pueblo v. Ocasio Santiago, 2021 TSPR 64

(Derecho a la intimidad en las vistas de causa probable bajo la Ley de Violencia Doméstica, o peticiones bajo la Ley de Acecho)

Se trata del caso de Andrea Ruiz, y que actualmente grupos de periodistas y de promotores del acceso a la información están intentando que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revoque al Supremo de Puerto Rico.

En este caso, donde la prensa y la familia de Ruiz solicitaban la grabación oficial de la vista de causa probable para arresto contra su alegado asesino, el Supremo se negó a proveerlas, indicando que el derecho de intimidad de las víctimas de violencia doméstica prevalecía sobre derecho de acceso a la información pública.

“No cabe duda del interés legítimo de la prensa en obtener información sobres los casos que se ventilan en los tribunales, en especial a los que tienen que ver con el mal social que nos estremece: la violencia doméstica. No obstante…en la balanza de intereses, el deseo de la prensa de tener acceso a información confidencial sobre los procesos judiciales relacionados con asuntos de violencia doméstica cede ante la protección a la confidencialidad y el derecho a la intimidad que tiene toda futura víctima», indicó el Supremo.

5. VS PR LLC v. Drift-Wind, Inc., 2021 TSPR 76

(Desestimación con perjuicio por incumplir con pago de fianza de demandante no-residente)

En este caso, el Supremo resolvió por primera vez que un Tribunal de Primera Instancia tiene discreción para determinar si hay desestimación con perjuicio o sin perjuicio por incumplir con el pago de fianza impuesta a un demandante no-residente bajo la Regla 69.5.

“La desestimación debe tener finalidad y efecto de cosa juzgada, salvo que el tribunal, en el ejercicio de su discreción, decida lo contrario…Conforme a esta normativa, el tribunal goza de discreción para establecer que la desestimación será sin perjuicio, pero si no lo hace, entonces se reputará que es con perjuicio”, resolvió el alto foro.

6. Pérez Quiles v. Santiago Cintrón, 2021 TSPR 22. 

En este caso, el Supremo resolvió, en opinión escrita por el juez asociado Erick V. Kolthoff Caraballo que el término de 120 días que tienen los abogados para emplazar “comenzará a transcurrir, sin ninguna otra condición o requisito, una vez la Secretaría del tribunal expida el emplazamiento”.

«Poco importa que la Secretaría expida el emplazamiento el mismo día que se radicó la demanda, o 13 días desde que se radicó la demanda. Los 120 días comienzan a correr desde que la Secretaría los expide y punto», dijo Velázquez.

El Supremo evita, de esta manera, una lluvia de mociones de abogados que trastocaría la eficiencia del tribunal.

7. Pueblo v. Reyes Carrillo, 2021 TSPR 130

(La tentativa del “delito imposible”).

El Supremo resolvió en este caso que un imputado de tentativa de un delito puede ser procesado aunque el delito imputado, de manera práctica, sea imposible de consumarse, esto en una opinión escrita por la jueza asociada Mildred G. Pabón Charneco, o sea que es punible o castigable “la figura de la tentativa imposible también llamada tentativa inidónea o delito imposible».

En este caso un médico es acusado y hallado culpable por contrabando en la cárcel de lo que el médico creía era droga pero en realidad era harina, porque el cómplice en realidad era un agente. El Supremo adoptó la teoría de la “tentativa inidónea” o “tentativa no-idónea” para concluir que aunque el delito sea imposible de consumar (como en este caso, ya que no se estaba introduciendo sustancias controladas en la cárcel), se puede procesar al doctor bajo la tentativa de delito del Art. 277, ya que tenía una creencia subjetiva de que estaba cometiendo el delito imputado, y cometió actos inequívocamente dirigidos a consumar dicho delito.

El Supremo escribe: “Para que sea punible bastaría con ‘preguntar si para cualquier persona medianamente inteligente y juiciosa puede hablarse realmente de un intento serio’, concluyendo que la intención inequívoca del doctor era cometer un delito, y creía que lo estaba cometiendo, por lo que no importaba si objetivamente no se podía configurar el delito. Entiendo que el Supremo adoptó la teoría del “delito imposible” más bien como un acto de política pública, ya que decidir lo contrario conllevaría la eliminación de incontables operativos de encubiertos en delitos de narcotráfico, conspiración para asesinar y seducción de menores, entre otros», dijo Velázquez.

Agregó que no es cualquier supuesto delito y para eso el profesor Velázquez trae a colación una de las figuras de su padre: «Juan Pérez López acude al Capitolio y dice que lo va a volar en cantos con un ‘petardo’. En ese caso, no se cometería la tentativa de asesinato o delito grave, ya que bajo el criterio “objetivo-subjetivo” del hombre prudente y razonable, dicho imputado sabría tanto objetiva como subjetivamente que era imposible cometer el delito”.

8. Pueblo v. Daniel Centeno, 2021 TSPR 133

(Unanimidad del jurado para absolución o convicción en todo delito grave).

En este caso, el Supremo resolvió, que en todos los casos criminales por jurado, tanto la determinación para emitir una condena como para emitir un veredicto de absolución, deberá ser unánime. Ya se acabó eso de 9-3 para absolver. Por tanto, si un imputado obtiene 11 votos a favor de la absolución, y 1 en contra, el juez debe disolver el jurado por no llegar a un veredicto («hung jury») y el Ministerio Público tendrá un segundo turno al bate para obtener una convicción mediante un jurado unánime. Ver Plard v. Tribunal, 101 DPR 444 (1973).

“El Tribunal de Primera Instancia permitió que se instruyera a los miembros del Jurado que para lograr un veredicto de culpabilidad este debía ser unánime, pero, en cambio, uno de no culpabilidad podía ser por mayoría de 9 miembros. Razonamos que impartir esa instrucción al Jurado es improcedente”, resolvió el Supremo en opinión escrita por el juez asociado Kolthoff Caraballo.

El Supremo explicó que ante un tranque del jurado por no lograr un veredicto unánime, el procedimiento no necesariamente culmina, sino que el acusado podría ser juzgado nuevamente. A su vez, rechazó las alegaciones de que dicho principio en los veredictos de culpabilidad y absolución trastoca la presunción de inocencia.

9. Pueblo v. Guadalupe Rivera, 2021 TSPR 32.

En este caso, el Supremo resuelve que el Ministerio Público podrá radicar un recurso de certiorari para impugnar la desestimación bajo la Regla 64(p) de la causa probable para acusar que habían obtenido en una vista en alzada por insuficiencia de prueba. Veamos los hechos:

En la opinión, el Supremo concluyó que los tribunales apelativos tienen jurisdicción para revisar una desestimación de la acusación, aún cuando el fundamento sea por insuficiencia de prueba.

Según Velázquez, el Supremo resolvió que si el Ministerio Público pierde en la vista preliminar por ausencia total de prueba, puede recurrir en alzada de dicha determinación ante otro juez de igual o superior jerarquía. Pero, aclaro, si pierde en esa alzada no puede entonces ir al apelativo ya que dicha determinación de ausencia total de prueba no es revisable (a menos que sea un asunto de estricto derecho).

El Supremo aprovecha para aclarar que, aunque el Tribunal de Primera Instancia que evalúa una moción de desestimación bajo la Regla 64(p) puede reinstalar la determinación de causa para acusar obtenida en la vista preliminar en alzada, no puede encontrar acusar por un delito mayor.

«Ahí convertiríamos nuestro dictamen en una tercera oportunidad para que el Ministerio Público consiga la determinación de causa probable para juicio que no obtuvo en la vista preliminar y la vista preliminar en alzada…Una persona acusada no puede salir peor de la Regla 64(p), supra, que de la vista preliminar”, se determinó.

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