De cara al 2023 el gobierno de Puerto Rico debe idear un plan contributivo que atienda la eliminación del crédito federal del arbitrio especial de 4% que pagan las empresas foráneas sin que afecte la actividad económica ni trastoque significativamente la base contributiva que tenemos actualmente.
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El Departamento de Tesoro de Estados Unidos otorgó un año de transición adicional a las contribuyentes que actualmente pagan bajo el sistema contributivo impuesto por la Ley 154-2010. Actualmente, la Ley 154-2010 representa alrededor de $1,700 millones anuales al erario. El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco J. Parés Alicea, catalogó la posposición de la aplicación del reglamento sobre la isla un paso importante para comenzar una transición necesaria para equiparar a Puerto Rico a la realidad jurídica en materia contributiva internacional.
Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández evalúa un proyecto de ley que modificaría el sistema contributivo enfocado en establecer un mecanismo que reemplace los ingresos que llegan por concepto de la Ley 154-2010 a través del desarrollo de incentivos y una modificación a las tasas contributivas dirigida a beneficiar la fuerza laboral y patronal.
La Ley 154-2010 establece una contribución especial de 4% a las corporaciones foráneas en la adquisición de propiedad mueble tangible manufacturada, en todo o en parte, en Puerto Rico y servicios prestados en relación con dicha propiedad, por una entidad relacionada en la isla cuyas ventas brutas excedan los $75 millones anuales.
Bajo el gobierno de Luis Fortuño, el equipo fiscal del exgobernador logró a través del gobierno federal la otorgación de una dispensa del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), que les permite a las entidades foráneas deducir el pago del arbitrio en las contribuciones sobre ingresos. Cabe destacar, que los arbitrios no son componentes de las contribuciones sobre ingresos, sino es un pago de responsabilidad contributiva de la empresa.
Microjuris tuvo la oportunidad de dialogar con Denisse D. Flores, CPA, abogada, socia de PwC y expresidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA), sobre las implicaciones de la eliminación del crédito federal del arbitrio especial de 4% que pagan las empresas foráneas.
Con la eliminación del crédito federal por el arbitrio especial de 4% que pagan las empresas foráneas, ¿qué impacto usted prevé que tendrá -si alguno- en estas empresas, particularmente en la industria farmacéutica?
Ciertamente, eso va a tener un impacto, no necesariamente en todo el sector manufacturero farmacéutico sino más bien a las compañías multinacionales que operan aquí, pero tienen su compañía matriz en Estados Unidos, o coafiliadas en Estados Unidos, a las que le venden inventario puesto que es muy probable que esas compañías que tienen base en Estados Unidos tomen un crédito a nivel federal por virtud de ese alivio de 4%, y ese crédito ya no va a estar disponible. Bueno, esas compañías de seguro, desde ahora, van a estar examinando su perfil contributivo y estarán modelando el impacto contributivo y las opciones que tengan a su disposición. Pues, ciertamente, es muy probable que de no hacer nada, a partir del 2023 el impuesto de estas empresas a nivel federal va a incrementar por virtud de la nueva utilidad del impuesto del 4%. Ciertamente, se van a ver afectadas. Todas las multinacionales miran con detenimiento todos los años, no solamente los temas contributivos, sino también ven los temas de mercado, los temas de hacer negocio en los países, los temas laborales. El tema contributivo no es el único que se mira. En un impacto como este, en la medida que sea detrimental y sustancial para ellos como grupo pues ciertamente lo van a mirar y podrían tomar decisiones que al día de hoy son inciertas”, dijo la CPA.
Se han propuesto múltiples sugerencias que permitan continuar allegando fondos al fisco, entre estas: desarrollar incentivos y una modificación a las tasas contributivas dirigida a beneficiar la fuerza laboral y patronal, de todas las que ha podido escuchar ¿cuál entiende que tiene más viabilidad? ¿qué otras opciones tiene el gobierno de Puerto Rico para atender el tema?
A mí me parecer que lo más importante, en este momento apremiante, es mantener la base contributiva que representan estas empresas. Así que, no necesariamente se trata de allegar nuevos fondos al fisco, sino de proteger la base que tenemos porque, potencialmente lo vamos a estar viendo, en los próximos años si una o más de estas compañías decidieran, por ejemplo, mover operaciones de Puerto Rico por el impacto que van a recibir a nivel federal. Así que, lo que tiene que estar haciendo Puerto Rico ahora, más que pensar en allegar nuevos fondos, es mantener esta base contributiva, y lo que se está pensando es migrar el impuesto de la Ley 154 a otro tipo de impuesto, que sean similar a los fondos que llega al fisco y a la vez que pueda ser acreditable por estas compañías a nivel federal, de manera que estas compañías quedan más o menos en la misma posición que estaban antes. Es decir, que el efecto de esta migración sea uno neutral tanto para las empresas como para Puerto Rico. Esos son los esfuerzos que entiendo que deben darse, y también entiendo que se están dando en términos de las propuestas que se están analizando.
Aunque es de conocimiento público que cerrar una fábrica es sumamente complejo, ¿cree que con la eliminación de la Ley 154 algunas empresas foráneas pierdan el interés de mantener operaciones en Puerto Rico, incluso, de fijarse en Puerto Rico para invertir?
En Puerto Rico la desaceleración en la inversión foránea en la industria de manufactura y farmacéutica comenzó a partir desde los años dos mil cuando se fueron las 936 y luego se agudizó cuando se implementó la Ley 154. Es decir, Puerto Rico no ha visto un flujo mayor de inversión foránea en esta industria en particular desde hace décadas. Las inversiones que hemos visto en los pasados años más bien han sido de las mismas compañías que están en Puerto Rico, que han apostado a Puerto Rico a través de la inversión y expansión de sus operaciones aquí en la isla. Pero, la verdad es que, en términos de inversión, no hemos sido los más efectivos en traerla por muchas razones. Habiendo dicho esto, la no acreditación del impuesto del 4% a nivel federal ciertamente para muchas empresas va a suponer un incremento en su tasa contributiva global, que puede ser significativa. Estas empresas, en la medida en que la opción que les dé Puerto Rico de una migración a un nuevo impuesto, la cual puede ser a un aumento en la contribución sobre ingreso, y en la medida en que, ellas queden en una posición similar o más o menos similar a la que estaban antes, pues yo prevería que optarían por quedarse en Puerto Rico. Mientras, en la medida en que esto no sea así, se coloca a Puerto Rico en una situación más detrimental desde un punto de vista contributivo con relación a otras jurisdicciones en donde ellas operan, ciertamente, siempre está esa opción sobre la mesa, de mover operaciones, pero como bien sabes, mover operaciones de un jurisdicción a otra tarda, y no es algo que se hace tan rápido.
¿Podemos evaluar utilizar el Global Intangible Low-Taxed Income (GILTI) a nuestro favor?
El mundo se está moviendo al ‘Global Minimum Tax’, que en vez de pagárselo a otro país, se lo paguen a Puerto Rico. Como trasfondo te puedo decir, que el mundo ya no es lo que era antes. Antes, era permitido, hasta aceptado en esas jurisdicciones -por lo general en las jurisdicciones en desarrollo- que ofrecieran incentivos en materia contributiva para atraer inversión foránea. Eso, históricamente había sido aceptado pero en tiempos recientes se ha visto con mucho recelo y con menos aceptación. Tanto es así que el OECD, la Unión Europea y Estados Unidos están impulsando a las jurisdicciones del todo el mundo a que acojan e implementen el ‘Global Minimum Tax’ con el fin de que las jurisdicciones compitan por la inversión foránea en temas que no tengan que ver con el área contributiva. Es decir, que compitan por su capital humano, por las tecnologías que han desarrollado, por la infraestructura. En ese sentido Estados Unidos es el mayor impulsor de esta iniciativa y Puerto Rico -aunque no forma parte del OECD- es posible que se tenga que adherir a esa nueva alternativa. Esto tiene una coyuntura importante con lo que esta ocurriendo con la Ley 154 puesto a que tenemos que migrar la 154 a otro tipo contribución sobre ingresos pues lo que se prevé es que Puerto Rico quizás tenga que aumentar su tasa sobre contribución sobre ingresos de manera a que se parezca mucho a lo que es el ‘Global Minimum Tax’.
Uno de los argumentos que se han planteado es que Puerto Rico podría perder competitividad en comparación con otras jurisdicciones si no elaboran un plan para atender este asunto, ¿coincide con este argumento?
Coincido totalmente, pero quizás es hasta más complicado porque yo creo que ya Puerto Rico ha perdido competitividad por virtud de haber descansado en nuestro atributivos contributivos en vez de enfocarnos en otros atributos como tener una sólida infraestructura, mano de obra abundante y capacitada. En Puerto Rico, por la diminución poblacional joven y técnica, la infraestructura decaída que tenemos, esos elementos no nos hacen atractivos para la inversión foránea. Eso disminuye el efecto de la baja tasa contributiva, y ahora que la vamos a subir para estar en igualdad de condiciones que otras jurisdicciones, tenemos que enfocarnos, en otras áreas como laboral, infraestructura y créditos.
En un tema más general ¿cómo ve los esfuerzos que está realizando el gobierno de Puerto Rico en el Congreso?
Esos esfuerzos (del gobierno con el Departamento del Tesoro) están muy bien enfocados, entiendo que están hablando sobre le impacto en Puerto Rico del ‘Global Minimum Tax’, y además, de cómo atender el tema de la migración de la Ley 154 a otro tipo de impuesto que también pueda ser acreditable en los Estados Unidos para que desde un punto de vista técnico trabajen en un común acuerdo.
Desde la entrada en vigor de la ley 154-2010 en enero 2010 hasta junio de 2021 han ingresado al Departamento de Hacienda sobre $19,500 millones por dicho concepto, ¿cree usted que con las propuestas que se han visto es posible que Puerto Rico siga atrayendo esos ingresos?
Esto depende de los modelos que los economistas del gobierno estén trabajando. Pero definitivamente lo que se pretende lograr es que en el nuevo código contributivo para estas multinacionales alleguen al fisco una cantidad similar a lo que allegan al día de hoy. Así es que eso está por verse.
En la actualidad, unas 50 entidades están sujetas a los estatutos de la Ley 154-2010. De las cuales diez contribuyen alrededor del 75% de las contribuciones; mientras que 40 empresas aportan el remanente. Desde la entrada en vigor de la ley, en enero 2010 hasta junio de 2021 han ingresado al Departamento de Hacienda sobre $19,500 millones por dicho concepto.