La corrupción debe atacarse desde diversos flancos y ya hay propuestas concretas para tratar de remediar este mal social, según la portavoz de una organización no gubernamental que aboga por cambios a las leyes para combatir esta problemática.
Issel Masses, directora ejecutiva de la ONG Sembrando Sentido, sostuvo que espera próximamente que algunas de las ideas que promueve su grupo y la también Organización No Gubernamental Somos Más se puedan convertir en proyectos de ley para enmendar el Código Anticorrupción de 2018.
La corrupción se define en términos generales como el abuso de poder o influencia pública para obtener un beneficio privado, dijo Masses, quien también es Consultora de Gobernanza del Banco Mundial y con más de 12 años de experiencia en política pública nacional e internacional.
“Típicamente ocurre bajo tres categorías principales: la corrupción política (cuando se manipulan o se diseña un sistema que permita o facilite la corrupción), la corrupción a gran escala (dónde la elite política extrae grandes cantidades de recursos públicos hacia los bolsillos de unos pocos), y la corrupción en pequeña escala (cuando un servidor público abusa de su poder en la interacción con un ciudadano para obtener un beneficio privado). Sin duda alguna, la corrupción corroe nuestras estructuras gubernamentales, debilita la democracia, y aumenta la inequidad y la pobreza”, indicó.
Hace varias semanas, y luego de meses de trabajo, Sembrando Sentido en colaboración con Somos Más y el profesor José Atiles, desarrollaron un grupo de enmiendas al ‘Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico’ de 2018. La consulta se expresó con optimismo sobre el tracto de este esfuerzo.
“Hemos estado agendando reuniones con los representantes de la Cámara para discutir y abordar el anteproyecto y definir próximos pasos para su radicación. Hasta el momento hemos recibido apoyo sobre la mayoría de las enmiendas”, dijo Masses.
Las enmiendas buscan diversos asuntos, como fortalecer el Código de Ética de Contratistas a la Rama Legislativa y a la Rama Judicial; prohibir las donaciones políticas de personas con contratos gubernamentales, limitar espacios que se presenten para el nepotismo cruzado y las puertas giratorias. También busca anular todo contrato que violente cualquier disposición incluida en dicho Código.
Asimismo, se espera robustecer el proceso para alertar o denunciar sobre posibles actos de corrupción; proveer un recurso legal externo al gobierno para asesorar a posibles alertadores; garantizar otros derechos a las personas alertadoras, y asegurar la educación a los empleados públicos, contratistas y ciudadanos sobre el proceso.
Otra área a atender es aumentar la información contenida en el Registro de Personas Convictas por Corrupción y asegurar que toda entidad pública evidencie que contratistas a contratarse no hayan sido convictos, y asegurar la actualización de estos datos. También se busca mejorar la coordinación y estrategias del Grupo Interagencial Anticorrupción y asegurar la transparencia de sus procesos y desempeño, al igual que la inherencia de representantes de la Sociedad Civil en el trabajo de dicho cuerpo. Se propone, además, la creación de un Observatorio de Anticorrupción con la finalidad de diagnosticar esquemas, patrones, conductas, valores y factores que propician, permiten o fomentan la corrupción gubernamental, y recomendar cambios a la política pública.
Cuando se le preguntó si, además de enmiendas al código anticorrupción proponen enmiendas a leyes, reglamentos o entidades fiscalizadoras como, por ejemplo, la postura del Contralor de no revelar contratistas o asignar fiscales directamente a las agencias fiscalizadoras como Ética y Contralor Electoral para eliminar burocracia y facilitar acusaciones, Masses no descartó nuevas propuestas para al futuro.
“Ahora mismo estamos evaluando posibles proyectos de ley y cambios de política pública en general. Somos Más está evaluando abundar el tema de la impunidad. Por otra parte, Sembrando Sentido está enfocándose en aportar a la sana fiscalización y la prevención de corrupción, desarrollando sistemas y modelos de banderas rojas para evitar riesgos. A su vez, continuamos estudiando cómo abogar por mejores prácticas y un marco legal e institucional más robusto que cierre los espacios para la corrupción en la contratación pública, dónde el mayor riesgo está. Otras áreas importantes que estamos velando son la fiscalización de los propios fiscalizadores, los procesos de restitución, y el financiamiento político”, explicó.
A continuación, las diez áreas de urgencia para atender la corrupción:
- Asegurar recursos suficientes para los entes fiscalizadores
- Aumentar la independencia de los entes fiscalizadores y establecer requisitos más rigurosos para la selección de su liderato
- Crear mecanismos de prevención de corrupción
- Proteger a los alertadores y facilitar los procesos de denuncia (whistleblowers)
- Aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los procesos gubernamentales
- Establecer mecanismos para prevenir la corrupción, adiestrar y asesorar a nuestros servidores públicos para que sepan cómo gestionar de la mejor manera posible
- Educarnos sobre el daño social que causa la corrupción y nuestro rol para combatirla
- Acabar con la impunidad
- Mejorar los procesos de restitución para que podamos recuperar los fondos perdidos por la corrupción
- Buscar alternativas íntegras al financiamiento político