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Derrotada medida que prohibiría fotos oficiales en las oficinas de gobierno

Un proyecto de ley, que podría ser aprobado esta tarde en el Senado, cataloga esta práctica como un gasto “extravagante, excesivo e innecesario”.

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El Senado de Puerto Rico derrotó un proyecto que prohíbe la utilización de fondos públicos para adquirir o comisionar fotografías o retratos oficiales de cualquier funcionario público electo o nombrado en las Ramas Ejecutiva o Legislativa, o en gobiernos municipales.

La medida recibió diez votos a favor, nueve en contra y seis abstenidos. Dos legisladores se ausentaron de la votación.

La pieza legislativa había recibido el visto bueno en la Cámara de Representantes. También, la Comisión de Gobierno del Senado había rendido un informe positivo.

El Proyecto de la Cámara 103, de autoría del representante del Partido Popular Democrático (PPD), José «Conny» Varela Fernández, además propone que cualquier funcionario público que viole esta prohibición sería sancionado con una multa administrativa, a ser impuesta por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), no mayor de $3,000 dólares. Además, sería sancionado con pena de restitución por la cantidad de los fondos invertidos.

Lee aquí el proyecto de ley

Según la exposición de motivos de la medida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó, en el caso P.P.D. v. Gobernador, 139 DPR 643 (1995), que el uso de fondos públicos para sufragar expresiones gubernamentales que contengan emblemas, símbolos, fotografías, colores o lemas de índole político-partidista, no constituye un fin público constitucionalmente válido bajo el Artículo VI, Sección 9 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. No obstante, las fotografías oficiales de funcionarios públicos no pueden considerarse, como tal, como propaganda política.

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Sin embargo, reza el proyecto, la utilización de fotografías de funcionarios públicos, en las dependencias u oficinas gubernamentales no redunda en beneficio de la salud, seguridad, moral y bienestar general de todos los ciudadanos; no promueve los intereses y objetivos de la entidad gubernamental, en consonancia con sus deberes y funciones o la política pública establecida; no fomenta programas, servicios, oportunidades y derechos, o adelanta causas sociales, cívicas, culturales, económicas o deportivas; ni promueve el establecimiento, modificación o cambio de una política gubernamental.

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«Los retratos oficiales son por ende un gasto extravagante, excesivo e innecesario», concluye la exposición de motivos.

 

De ser aprobada en el Senado, la Cámara de Representantes debe concurrir con las enmiendas al proyecto antes de pasar a consideración del gobernador Pedro Pierluisi.

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