Toda persona tiene derecho a servicios de salud accesibles, de calidad y de forma oportuna. El derecho al mayor nivel de salud accesible es un derecho humano.
Por tanto, Microjuris conversó con el licenciado Carlos Chévere Lugo para conocer cómo Puerto Rico está posicionado con relación al derecho a la salud.
«El derecho al mayor nivel de salud alcanzable es un derecho humano reconocido en el derecho internacional. […] El derecho a la salud es una parte fundamental de nuestros derechos humanos y de nuestra comprensión del respeto de la dignidad de las personas. El derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental no es nuevo», expresó el abogado.
Según Chévere Lugo, el que los servicios de salud se afecten por la falta de servicios básicos como la luz y el agua es una violación a los derechos constitucionales de las y los puertorriqueños.
«Podemos mirar la Constitución de Puerto Rico. Todo el mundo merece una vida digna. La dignidad del ser humano es inviolable. En Puerto Rico, cada vez que pasan los años, hay una alta población de envejecientes y cada vez van necesitando más dispositivos electrónicos para vivir. Con este va y ven de la luz, con los fenómenos atmosféricos, los derechos constitucionales de las personas se están violando. No se les está proveyendo lo básico», indicó.
Para Chévere Lugo, el paso del huracán Fiona visibilizó una crisis de salud pública existente, pues entiende que la salud pública en Puerto Rico ya había colapsado.
«En tan solo dos años (2019-2020) se aprobaron unas leyes de envergadura en el área de la salud pública. Todas las leyes fueron anuladas por la Junta y no fueron defendidas por el actual gobierno. La salud de los puertorriqueños está sometida al yugo tiránico de las aseguradoras de salud», aseguró.
Comentó que las aseguradoras de salud cabildean intensamente en la Junta de Supervisión Fiscal al ver que sus esfuerzos no funcionan en la Legislatura de Puerto Rico. «En un periodo donde tuvimos nuestra peor crisis constitucional, la Legislatura y el Ejecutivo se pusieron de acuerdo para aprobar un paquete de leyes con miras de salvar el sistema de salud pública», agregó.
¿Cuáles fueron esas leyes?
El licenciado compartió la siguiente lista de las leyes que aprobaron para atender los problemas sistema de salud:
- La Ley 138 del 1 de agosto del 2019 resolvía el problema de los proveedores de salud.
- La Ley 82 de 30 de julio de 2019 “Ley Reguladora de los Administradores de Beneficios de Salud.” (Pharmacist Benefit Manager).
El abogado explicó que la Junta de Supervisión Fiscal primero objetó la ley porque entendían que era campo ocupado por regulación federal. «Un tiempo después, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió el caso de Rutledge v. Pharmaceutical Care Management, en donde decidieron resolvió que no era campo ocupado por ley federal las regulaciones estatales de los PBMs. El gobierno fue negligente cuando le tocó defender la Ley 82 del 2019 ante el ente federal», añadió.
- Ley 47 del 28 de abril de 2020 expandía la lista de proveedores que pueden beneficiarse de incentivos fiscales del gobierno, a cambio de ofrecer servicio público o servicios bajo el Programa de Salud del Gobierno.
- Ley 138 del 1 de septiembre de 2020 reducía los términos para agilizar el proceso de adjudicación y pago de las reclamaciones que presentan los proveedores de servicios de salud ante las aseguradoras.
- Ley Número 142 del 9 de octubre de 2020 prohibía que el criterio del médico sea alterado por la aseguradora, requerirle a las aseguradoras una cubierta inmediata temporera para que el paciente no se quede desprovisto de sus medicamentos hasta que se resuelva su reclamación, requerir una orientación completa a los pacientes o asegurados cuyos medicamentos recetados son denegados para despacho; y para otros fines relacionados.
Urge fiscalización
Con relación a la fiscalización, Chévere Lugo afirmó que es necesario que el gobierno tome acción y haga el trabajo que le corresponde.
«Los servicios de salud en cuanto a la regulación de parte del gobierno, las instituciones del gobierno como ASES que se supone que esté para auditar los planes médicos que no están cumpliendo con sus funciones», dijo.
Asimismo, resaltó la necesidad que existe de contabilizar y atender parte de la población que no posee un seguro médico.
«Hay unos índices en específico para cualificar a la reforma, que son más bajitos que en otros estados, y si tú te pasas de ese índice no cualificas, pero no necesariamente tienes el dinero para pagar un seguro de salud. En Puerto Rico, hay una población más o menos de 500 mil personas que no tienen ningún tipo de seguro de salud».
Aunque reconoció que el gobierno intentó atender los problemas relacionados con el sistema de salud, comentó que aún falta acción.
«Estamos en esa agua extraña o esa área media gris en qué soluciones se pueden buscar para el sistema de salud que no necesariamente necesiten la aprobación de la Junta. Comoquiera, cualquier ley o regulación tiene que pasar por el aval de la Junta», sostuvo.
«Una de las soluciones es cómo buscamos atraer para que esos médicos vuelvan, pero mi pensamiento es que mientras la Junta esté en Puerto Rico operando no vamos a poder hacer nada con relación a la salud porque ya demostraron que están dispuestos a anular cualquier tipo de ley», puntualizó.
