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Antes del cierre de sesión el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en pleno del cuerpo se expresó sobre la necesidad de aprobar el Proyecto del Senado 1292, que viabilizaría aumentar el salario de nuestra judicatura.
El proyecto propone aumentarle el salario al presidente o presidenta del Tribunal Supremo a $154,556. Actualmente, el salario del cargo de la presidencia del Supremo es de $125,000. Por lo que, significa un aumento de $29,556.
Los cuerpos legislativos cierran sus trabajos el martes, 14 de noviembre de 2023, pero el último día para aprobar medidas en ambos cuerpos es el jueves.
«Paciente y deferentemente, hemos dado espacio a la Asamblea Legislativa para que se exprese puntualmente en torno a los salarios de la judicatura, los cuales no han sido revisados por más de 20 años. El Poder Judicial de Puerto Rico ha realizado las gestiones necesarias –frente a cada una de las entidades con competencia sobre el asunto– para lograr un alza salarial para nuestra judicatura, enmarcado en los esfuerzos realizados en los pasados años para lograr salarios competitivos para todos nuestros funcionarios y funcionarias. Dentro de los parámetros que requirió la Junta de Supervisión y Administración Financiera, el Poder Judicial impulsó un Plan de Retribución para mejorar los salarios de sus servidores públicos y logró la asignación presupuestaria necesaria para viabilizar una mejor remuneración para todo nuestro personal, incluyendo los jueces y las juezas», sostuvo el pleno.
«En años recientes hemos sido testigos de cómo los distintos cambios en las condiciones de retiro y el congelamiento por más de dos décadas del salario de la judicatura han provocado que juezas y jueces experimentados se hayan visto forzados a renunciar a sus cargos. Este cuadro también ha provocado una mayor dificultad en el reclutamiento del mejor talento posible para la judicatura. La remuneración y condiciones de trabajo de los jueces y las juezas constituyen un factor clave en la calidad de los recursos humanos que prestan servicios a las personas que acuden a nuestros tribunales», reza la comunicación escrita.
«Durante este cuatrienio, otros funcionarios que componen el sistema de administración de la justicia han recibido mejoras salariales. El proyecto que enmendaría la Ley de la Judicatura de 2003 pretende viabilizar que el Poder Judicial tenga acceso a fondos ya presupuestados para mejorar la remuneración de los jueces y las juezas, fondos asignados por la propia Asamblea Legislativa para esos fines. Al filo del cierre de la presente sesión, recabamos que este asunto de interés público sea atendido por sus propios méritos para el fortalecimiento de la independencia judicial y como un acto de respeto mutuo entre todos los poderes del Gobierno de Puerto Rico».
Desde la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura
El presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, el juez Carlos G. Salgado Schwarz, expresó en declaraciones escritas que «en las postrimerías de la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa en el 2023, aún esperamos que sea atendido el Proyecto del Senado 1292».
«Esta medida, la cual se encuentra en comité de conferencia legislativa, es el mecanismo para viabilizar el aumento salarial para la Judicatura ya aprobado por Cámara y Senado en el Presupuesto del año fiscal actual. Todas las esferas gubernamentales de nuestra isla reconocen que, luego de 20 años, nuestros jueces y juezas merecen que sus salarios sean revisados y atemperados con la realidad del presente«.
El juez Salgado Schwarz exhortó a la Cámara de Representantes a evaluar y a aprobar este proyecto desde su justa perspectiva y teniendo los principios de Independencia Judicial como norte, por el bien de nuestra sociedad.
«Agradecemos a todos los senadores y representantes, tanto de mayoría como de minoría, que han apoyado abiertamente a los jueces. Asimismo, quiero agradecer a tres hermanos jueces de nuestra asociación que junto a este servidor forman parte de un comité que, desde hace más de un año, trabaja en los trámites conducentes al aumento salarial como mecanismo de solidificar la independencia judicial como virtud ciudadana. Junto a ellos, hemos explicado la importancia de dicha virtud en reuniones con Senadores, Representantes y miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Esta labor ha sido en coordinación y colaboración con la Jueza Presidenta y la Oficina de Administración de los Tribunales».
Cambios pendientes
Con la medida, el salario anual de los jueces y juezas asociadas del Tribunal Supremo sería de $144,480.
Por otra parte, un juez o jueza del Tribunal de Apelaciones ganaría anualmente $130,579 y en el Tribunal de Primera Instancia devengarían $118,133.
