- PC 1541: elimina costo de certificados RUL y RUP para OSFL que no cobran a gobierno, ahorro anual de $225 a $250.
- PC 229: asigna a la ODSEC crear mecanismos de capacitación y desarrollo para OSFL; requiere enmiendas que definan estrategia e implementación.
- PC 943: exime a OSFL que administran acueductos comunitarios del canon anual de $10,000; busca facilitar continuidad y promover regularización sanitaria.
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Por Lcda. Jeirca M. Medina Pagán, Titín Foundation
El 8 de enero de 2024 comenzó la última sesión ordinaria y con ella el último turno al bate para aprobar medidas legislativas presentadas durante este cuatrienio. Entre las medidas bajo el estudio de la Legislatura se encuentran algunas con un impacto directo y significativo sobre el estado de derecho de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).
La primera medida con un impacto positivo directo e inmediato para las OSFL es el Proyecto de la Cámara 1541, el cual fue aprobado por la Cámara de Representantes en octubre de 2023 y se encuentra desde entonces en la Comisión de Gobierno del Senado.
Este proyecto busca enmendar la Ley 73-2019, ley que establece la Administración de Servicios Generales (ASG), para eliminar el costo de expedición de certificado de elegibilidad del Registro Único de Licitadores (RUL) y del Registro Único de Profesionales (RUP) a OSFL que no cobren por sus servicios a entidades gubernamentales.
La Administradora de la ASG, Lcda. Karla G. Mercado Rivera, presentó una ponencia ante la Cámara de Representantes respaldando vigorosamente la aprobación de la medida. Esto representaría un ahorro anual para las OSFL que cualifican de entre $225-$250 por registro. No solo se estaría promoviendo el apoyo de parte de este sector con el gobierno, sino que, además, permitiría una mayor inversión de estas OSFL en sus áreas de impacto.
La segunda medida que impacta al Tercer Sector es el Proyecto de la Cámara 229, el cual ha estado en consideración ante la Comisión de Impacto Comunitario de la Cámara de Representantes desde el 25 de enero de 2021. Este proyecto otorgaría a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) la responsabilidad de
establecer mecanismos de capacitación, desarrollo y formación para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).
Para lograr el impacto deseado por su autor, es crucial que la legislación sea enmendada por la Comisión de Impacto Comunitario para definir claramente la estrategia y los parámetros para su implementación. Una metodología efectiva de apoyo a las OSFL ha sido empleada por la Titín Foundation a través de su Programa SINFINESPR, el cual ofrece capacitación y asistencia técnica en la obtención de exenciones contributivas, diseño de estrategias de recaudación de fondos, capacitación en redacción de propuestas e incubación de emprendimientos sociales.
Los resultados obtenidos gracias a este apoyo han sido sumamente positivos en el fortalecimiento organizacional y operativo de las OSFL, encaminándolas hacia la sustentabilidad financiera mediante la diversificación de fondos. Esta medida legislativa representa una oportunidad para fortalecer el Tercer Sector desde el ámbito gubernamental, siempre y cuando la estrategia de implementación tome en cuenta las realidades y necesidades del sector.
La tercera medida es el Proyecto de la Cámara 943, el que fue aprobado en la Cámara y se encuentra bajo evaluación de la Comisión de Gobierno del Senado desde el 6 de octubre de 2021.
Esta iniciativa busca eximir de manera equitativa a las organizaciones sin fines de lucro que administren, manejen u operen sistemas de acueductos comunitarios del pago del canon anual de $10,000 al Departamento de Transportación y Obras Públicas, requerido por el «Reglamento para la Creación y el Funcionamiento del Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones de Puerto Rico».
Estos sistemas proporcionan agua potable a poblaciones no atendidas por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, incluyendo 32 sistemas que sirven a comunidades especiales. Se estima que más de 100,000 personas en Puerto Rico dependen de estos sistemas.
Sin embargo, se estima que hay un número desconocido de acueductos comunitarios operando fuera de la ley y por ende, fuera de los estándares de calidad de la EPA y el Departamento de Salud. En vista de esta situación, el Gobierno podría facilitar la continuidad de los acueductos que operan dentro de la legalidad y promover la regularización de aquellos que operan al margen de la ley, garantizando así la salud de las comunidades a las que sirven.
Por último, una medida que, aunque no se encuentra en el tintero de la Legislatura al momento, debería volver a presentarse es el lenguaje contenido en el Proyecto de la Cámara 1760, el cual fue derrotado al incluirse como parte de la Reforma Contributiva del pasado verano.
Este proyecto limitaba el costo de la solicitud de exención contributiva de una OSFL a $100.
Actualmente, el costo comienza en $300, lo que resulta ser una cantidad considerable cuando muchas de estas son creadas por los mismos residentes de las comunidades desventajadas.
Según los datos disponibles en SURI, en el 2022 se otorgaron 271 exenciones contributivas a OSFL, aplicar la reducción propuesta al costo de la solicitud de exención tendría un impacto en las arcas del gobierno de $54,200, mientras que ese ahorro sería multiplicado al menos seis veces por las OSFL en servicios directos a la ciudadanía, resultando en un impacto neto positivo de sobre 300 mil dólares.
Las OSFL llenan espacios y suplen necesidades que el Gobierno usualmente no puede. Apoyar su desarrollo tiene un efecto multiplicador en ellas que se refleja directamente en los servicios brindados a la ciudadanía. Eso a su vez les permitirá llevar a cabo mejor planificación, optimizar sus operaciones y aumentar su impacto social. Queda en manos de los legisladores atender estas medidas de gran impacto para el Tercer Sector antes de que se les acabe el tiempo en la presente sesión. Es hora de actuar.
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