- La gobernadora demandó a LUMA alegando incumplimientos y buscando la nulidad del contrato por falta de mejoras en el servicio eléctrico.
- La demanda exige entrega inmediata de documentos clave y acusa operación sin métricas exigibles ni rendición de cuentas.
- LUMA considera la acción como política y anuncia evaluación de opciones legales, mientras el tribunal programa vista para el 22 de diciembre.
La Administración de la gobernadora Jenniffer González demandó a la empresa LUMA, en lo que ha sido descrito como el inicio de la cancelación del contrato con el operador de gran parte del sistema eléctrico del país.
La iniciativa responde a los incumplimientos de LUMA en sus compromisos, explicó ayer tarde la primera ejecutiva. “Los datos demuestran que, pese a las expectativas y las representaciones del operador, el sistema eléctrico no ha mejorado con la celeridad, consistencia ni efectividad que Puerto Rico merece y que LUMA prometió y que nos mintió”, según declaraciones escritas enviadas a la prensa.
El esfuerzo judicial es secuela a objeciones al contrato presentadas hace unos meses por el zar de energía, Josué Colón, que fueron impugnadas por LUMA ante la jueza del Título III de PROMESA, Laura Taylor Swain. Ahora, la ofensiva de esta semana se da en dos frentes: un recurso dirigido al Tribunal de Primera Instancia y otro al Tribunal Supremo, agregó la mandataria.
“Con esta acción, comienza una nueva etapa para Puerto Rico y cumplo con mi palabra y con el compromiso inquebrantable que asumí con el Pueblo al juramentar como Gobernadora. Desde el primer día, hice un compromiso claro: devolverle al Pueblo la estabilidad energética que tanto merece. Por eso aumentamos en más de 1,200 megavatios la generación eléctrica en Puerto Rico, cuando no había generación y LUMA le echaba la culpa a Genera y ellos le echaban la culpa a LUMA. El problema ahora no es de generación, es de transmisión y distribución. El resto de los operadores han podido trabajar. Por eso, ante todas estas acciones, les dije que iba a cancelar el contrato de LUMA y buscar un mejor operador privado antes de que concluyera mi primer año como Gobernadora. Y hoy… ese compromiso se cumple”, dijo la gobernadora.
Además, la mandataria achacó a LUMA que no entregase ciertos documentos necesarios para lograr encaminar la salida de la Junta de Administración y Supervisión Financiera.
La demanda de 38 páginas tiene como demandantes a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Autoridad (AEE) para las Alianzas Público-Privadas. En el pedido de sentencia declaratoria e interdicto se exige, entre otros asuntos, que se declare nulo el contrato de extensión de relaciones entre el gobierno y el operador. “Con esta extensión, el Pueblo de Puerto Rico quedó indefinidamente atado a un contrato con LUMA sin los mecanismos de supervisión y resolución que se habían diseñado para proteger el interés público. Ello ha permitido que LUMA opere sin métricas de desempeño exigibles y, por consiguiente, sin un mecanismo real de rendición de cuentas. De esta manera, la ciudadanía ha estado sujeta a un servicio deficiente”, reza la demanda.
Asimismo, se exige en 48 horas la entrega de al menos decenas de documentos con información relacionada a la empresa, como las listas de empleados, de contratistas, de instalaciones, de manuales, de cuentas de banco, entre otros.
Anoche, la demanda ante el Tribunal de Primera Instancia fue asignada al juez Arnaldo Castro Callejo, de la sala 801 del Centro Judicial de San Juan. El juez declaró no ha lugar el pedido inicial del gobierno de expedir un entredicho provisional, pero se ordenó la celebración de una vista el próximo 22 de diciembre.
Por su parte, el operador LUMA emitió declaraciones escritas en las que caracteriza como ataques políticos la ofensiva judicial del gobierno. “Lamentablemente, la misma política que llevó al fracaso de la AEE ha resurgido, por lo que no sorprende que la AAPP haya expresado su intención de invalidar el contrato de LUMA, sin considerar el progreso real y medible que se ha logrado para estabilizar el Sistema”, afirmó.
LUMA aseguró que candidatos futuros a operar el Sistema verán como “un mensaje preocupante” este tipo de acciones legales del gobierno de Puerto Rico en contra de un contrato válido.
“Aunque aún no hemos recibido un aviso de cancelación o terminación, el cual evaluaremos para explorar nuestras opciones legales, seguimos firmemente comprometidos con la transformación de Puerto Rico”, agregó la empresa.
