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Propuesta que buscaba reforzar la Línea Dorada para denuncias de explotación financiera contra adultos mayores pasa a veto de bolsillo

La propuesta contemplaba la creación de equipos multidisciplinarios para ofrecer apoyo social, psicológico y económico a las víctimas, el desarrollo de campañas educativas sobre las modalidades de explotación financiera y de cómo hacer uso de la Línea Dorada, entre otras funciones.
Resumen de puntos principales
  • Proyecto del Senado 813 ante la gobernadora para reforzar la Línea Dorada con protocolos sobre explotación financiera contra adultos mayores.
  • Amendaría la Carta de Derechos y la Política Pública a favor de personas de 60 años o más.
  • Establece coordinación inmediata entre Departamento de la Familia, Justicia, Policía, Procurador de Personas de Edad Avanzada y entidades financieras.
  • Crea equipos multidisciplinarios, apoyo social, psicológico y económico, campañas educativas y estadísticas anuales sobre casos y resoluciones.
  • Utiliza la infraestructura existente de la Línea Dorada sin nueva línea ni recursos adicionales y ofrece números de contacto gratuitos.

Un proyecto de ley de la autoría de la senadora por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Wanda M. Soto Tolentino, que proponía fortalecer los servicios de la Línea Dorada mediante la incorporación de protocolos específicos, para atender casos de explotación financiera y coordinar una respuesta inmediata entre las agencias gubernamentales pertinentes, se convirtió en días recientes en un veto de bolsillo.

Se trata del Proyecto del Senado 813, que tenía como propósito enmendar la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores.

Esta pieza legislativa había sido aprobada de forma unánime por ambos cuerpos legislativos, no obstante, luego de ser enviada a La Fortaleza para su consideración, la misma pasó a ser un veto luego de que la primera ejecutiva del País, Jenniffer González Colón, no impartiera su firma dentro del término constitucional de 30 días para convertirlo en ley.

Accede aquí a la medida:

Reza la medida, que la Ley 121-2019 define la explotación financiera como el uso impropio de bienes o recursos de un adulto mayor (que son las personas de 60 años o más) mediante fraude, falsas pretensiones, malversación, coerción u otras modalidades que lo despojen de su patrimonio.

Según la exposición de motivos, este tipo de abuso suele ser cometido por familiares, cuidadores o personas de confianza, dejando a las víctimas en condiciones de vulnerabilidad económica, y señala que, aunque el servicio de la Línea Dorada ya opera las 24 horas para atender denuncias de maltrato y negligencia, resulta necesario establecer un mecanismo especializado para responder con mayor rapidez a los casos de explotación financiera, preservando evidencia, coordinando con instituciones bancarias y evitando la revictimización de las personas afectadas.

A esos efectos, esta legislación proponía que la Línea Dorada, que es administrada por el Departamento de la Familia, extendiera sus funciones para recibir y atender denuncias relacionadas con el uso indebido de fondos, propiedades o recursos de personas de edad avanzada, garantizando la confidencialidad de los reportes y la intervención coordinada con el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y otras entidades competentes.

La propuesta a su vez, buscaba también la creación de equipos multidisciplinarios para ofrecer apoyo social, psicológico y económico a las víctimas, el desarrollo de campañas educativas sobre las modalidades de explotación financiera y del uso de la Línea Dorada, así como la elaboración de estadísticas anuales sobre los casos recibidos y su resolución para informar a la Asamblea Legislativa y al gobernador sobre la efectividad del programa.

El proyecto además, establecía que el Departamento de la Familia comenzaría a recibir y registrar las querellas, evaluar de inmediato la urgencia de cada caso y adoptar medidas de protección cuando fuesen necesarias. De igual modo, iba a tener la responsabilidad de coordinar investigaciones con el Departamento de Justicia, solicitar la intervención de la Policía para la protección de la víctima y la recopilación de evidencia, canalizar apoyo legal mediante la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y gestionar, cuando aplicara, acciones con entidades financieras o el Departamento de Hacienda para congelar activos sospechosos.

La medida, a la cual se habían sumado otros 13 senadores como coautores, destacaba que esta iniciativa tenía el objetivo de aprovechar la infraestructura existente de la Línea Dorada, por lo que no iba a requerir la creación de una nueva línea telefónica, ni tampoco la asignación de recursos adicionales, al tiempo que pretendía fortalecer la protección de una población cada vez más vulnerable ante este tipo de delitos.

Información de contacto para la Línea Dorada

Para su beneficio, compartimos aquí el número de dicha línea, la cual es accesible a través del 1-800-981-8333 (libre de costo para toda la isla) y 787-749-1333 (área metropolitana), donde se recibe y atienden reportes confidenciales de abuso, incluyendo explotación financiera, además de coordinar intervenciones protectoras.