La fuerza de la continuidad: una mirada a la construcción institucional de la Rama Judicial de Puerto Rico

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del(a) autor(a) y no reflejan las opiniones y creencias de Microjuris o sus afiliados.

Por la Lcda. Sonia Ivette Vélez Colón
Ex Jueza del Tribunal de Apelaciones
Ex Directora Administrativa de los Tribunales
Profesora de Derecho

Nota de la autora

Este escrito nació como una columna de opinión y terminó convirtiéndose en un ensayo de reflexión institucional. No pretende ofrecer una reconstrucción exhaustiva ni una investigación académica de cada Presidencia del Tribunal Supremo. Es una reflexión construida desde la memoria y la experiencia acumulada durante más de tres décadas de servicio en la Rama Judicial. Selecciona algunos hitos administrativos para observar cómo las iniciativas concebidas en una época fueron recibidas y desarrolladas por las siguientes. Me detengo con mayor detalle en la presidencia del Hon. Federico Hernández Denton porque la conocí desde dentro y porque durante aquella década se implantó buena parte del diseño institucional aprobado en 2003. Para esta edición se verificaron los nombres, fechas y datos esenciales mediante fuentes documentales disponibles.

Ahora que el P. del S. 1096, que propone una nueva ley para el Poder Judicial, avanza en el trámite legislativo, se impone examinar la Presidencia del Tribunal Supremo y la continuidad que ha sostenido la construcción de la Rama Judicial a través de generaciones de juristas. El proyecto plantea cambios en su estructura administrativa, incluida la forma en que se concibe y ejerce ese cargo. Aunque la discusión pública se ha concentrado en aspectos puntuales, la propuesta tiene implicaciones más profundas. Supone revisar la organización que ha permitido planificar, transformar el sistema y desarrollar proyectos de largo alcance.

No se trata de resistir todo cambio ni de atribuir intenciones políticas. Se trata de defender el diseño constitucional desde la experiencia acumulada. Antes de modificarlo, es indispensable comprender la historia que explica su arquitectura y los resultados que ha producido. Esa es la mirada que guía este ensayo.

Una de las mayores fortalezas de la Rama Judicial de Puerto Rico ha sido precisamente su continuidad. A diferencia de las ramas políticas, su dirección no cambia como consecuencia inmediata de cada elección general. Esa estabilidad le ha permitido planificar a largo plazo, preservar el conocimiento adquirido y sostener proyectos cuyos resultados no podían alcanzarse dentro de un corto periodo de tiempo.

La Constitución creó las condiciones para esa continuidad. Estableció un sistema judicial unificado y distribuyó con claridad las responsabilidades administrativas. Al Tribunal Supremo le encomendó adoptar las reglas para la administración de los tribunales. Al juez o jueza presidente le confió dirigir esa administración. Fue una decisión sobre la forma de gobernar una institución cuya independencia depende también de su capacidad para organizarse, administrar sus recursos y responder con estabilidad a las necesidades del país.

Examinamos la Presidencia desde la perspectiva de las ciencias de la administración y de la responsabilidad constitucional de dirigir el sistema judicial. No abordamos la función adjudicativa que quien ocupa la Presidencia también ejerce, como integrante del Tribunal Supremo, al participar en la decisión de casos y controversias. Son dimensiones distintas, aunque recaigan en una misma persona.

Los verbos escogidos por la Constitución importan. Reglamentar no es dirigir. El Pleno ejerce la facultad normativa. La Presidencia asume la dirección estratégica y ejecutiva del sistema. Una función no excluye a la otra, pero tampoco deben confundirse bajo una noción de coadministración que diluya las diferencias entre ambas, para disolver una imaginaria monarquía. La dirección exige autoridad, pero también permite identificar responsabilidad. Cuando todo el mundo administra, puede ocurrir que nadie responda.

La continuidad no significa inmovilidad. Consiste en recibir una obra, examinarla, corregirla cuando sea necesario, desarrollarla y hacerla avanzar o disponer de ella cuando no responde a las necesidades del momento. Cada presidencia enfrenta circunstancias distintas y está obligada a responder a las exigencias de su tiempo. Ninguna, sin embargo, comienza desde cero. Antes hubo ideas, decisiones, estructuras y personas que prepararon el camino. Reconocerlo no reduce el mérito de la obra presente. La explica y la engrandece.

Una obra que se recibe y se transforma

Para efectos de esta reflexión, comienzo con José Trías Monge, cuya presidencia marca una etapa decisiva en la historia moderna de la Rama Judicial. Bajo su dirección se fortaleció la identidad institucional de la Rama y se afirmó una visión propia del Derecho puertorriqueño. Fue una época de intensa elaboración doctrinal, defensa de la independencia judicial y consolidación de la administración de un sistema unificado. Su legado trascendió las opiniones del Tribunal Supremo y alcanzó la manera de comprender la función judicial dentro de nuestro orden constitucional. Consolidó la educación de los jueces mediante la creación del Instituto de Estudios Judiciales, antecedente de la Academia Judicial Puertorriqueña, establecida en 2003.

Durante aquella presidencia también comenzaron a tomar forma respuestas que ampliaban la concepción tradicional de la justicia. Ante el aumento de la litigación y la congestión de los calendarios se incorporó la mediación. La legislación aprobada en 1983 permitió establecer los primeros centros informales de resolución de disputas, antecesores de los actuales Centros de Mediación de Conflictos. Así comenzó una política institucional fundada en una idea sencilla y transformadora. No todo conflicto necesita terminar con una sentencia. En ocasiones, hacer justicia significa crear las condiciones para que las propias personas encuentren una solución; solo hay que proveerles los mecanismos.

Víctor Pons Núñez recibió aquella obra y aseguró su continuidad durante otro periodo de desarrollo institucional. La Comisión Asesora designada durante su presidencia rindió en 1987 un informe sobre la estructura y el funcionamiento del Tribunal de Primera Instancia que recomendó, entre otras reformas, la creación de un foro apelativo intermedio. Durante su presidencia también se inauguró, el 3 de mayo de 1988, el Centro Judicial de Carolina. Surgieron, además, los antecedentes de lo que llegaría a convertirse en el Programa de Cortes de Drogas. Su presidencia demuestra que no toda transformación se completa durante el periodo en que se concibe. Algunas gestiones preparan el terreno para cambios que corresponderá culminar a quienes lleguen después.

José Andreu García impulsó reformas estructurales y nuevas formas de atender los conflictos. Durante su presidencia se desarrolló el Tribunal de Apelaciones. También impulsó una transformación significativa de la infraestructura física de la Rama Judicial. Durante esos años se construyeron los centros judiciales de Fajardo, Humacao y Mayagüez, y se adelantaron nuevas instalaciones para las salas de Menores y Familia de Bayamón. La Rama comenzó así a dejar atrás estructuras envejecidas para ofrecer servicios en espacios modernos y mejor adaptados a la función judicial, cuando entonces se requerían.

Se aprobó el Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, se creó el Negociado de Métodos Alternos y los primeros esfuerzos en materia de sustancias controladas evolucionaron hacia el modelo formal de Cortes de Drogas, implantado formalmente en 1996 y que alcanza treinta años en 2026. El modelo se funda en la justicia terapéutica y en la colaboración entre los distintos componentes del sistema de justicia. La Comisión Futurista de los Tribunales examinó la Rama Judicial que Puerto Rico necesitaría en el siglo XXI que se avecinaba. De sus trabajos surgieron propuestas para ampliar el acceso, modernizar la administración, mantener a la Rama a la vanguardia de la tecnología, desarrollar nuevas estructuras físicas y facilitar que las personas pudieran gestionar determinados asuntos por derecho propio. En 2001 abrió el primer centro piloto del Programa Pro Se, que también ha superado dos décadas de desarrollo y servicio.

Durante su presidencia también se uniformó mediante reglamento el sistema de asignaciones de abogados y abogadas de oficio en procedimientos penales, se inició la grabación digital de procesos y se creó la página en internet de la Rama Judicial, en un tiempo cuando eso apenas se conocía. El 20 de diciembre de 2002 se aprobó la Ley Núm. 286-2002, que estableció una fórmula presupuestaria y concedió autonomía presupuestaria legislada a la Rama. La Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, conocida como la Ley de la Judicatura, reunió buena parte de aquella visión. Reconoció la necesidad de la planificación estratégica y de una Rama independiente, accesible, sensible, humanista y capaz de responder con agilidad a los cambios sociales. No fue una ley surgida en el vacío. Representó la culminación legislativa de años de estudio, experimentación y reforma.

Entre aquella formulación y su implantación aparece una figura que no puede quedar reducida a la brevedad de su presidencia. Miriam Naveira Merly había quebrado en 1985 una barrera histórica al convertirse en la primera mujer en ocupar una plaza de jueza asociada del Tribunal Supremo. En 2003 fue también la primera mujer en presidirlo. Su llegada incorporó a un espacio hasta entonces exclusivamente masculino una experiencia y una sensibilidad diferentes, marcadas por la equidad, la dignidad humana y la defensa de la independencia judicial. Al asumir la Presidencia el 30 de diciembre de 2003, le correspondió dar continuidad a la transición e implantación de la nueva Ley de la Judicatura.

Del diseño normativo a la capacidad institucional

A Federico Hernández Denton le tocó convertir aquel diseño normativo en capacidad institucional. Durante sus diez años en la Presidencia implantó la Ley de la Judicatura, defendió la fórmula presupuestaria y fortaleció una cultura de planificación estratégica que permitió sostener proyectos de largo alcance. Acercó la administración a las regiones judiciales, desarrolló y fortaleció la Academia Judicial Puertorriqueña, dio visibilidad al derecho fundamental de acceso a la justicia y amplió sus programas de acceso. Los Centros de Mediación de Conflictos llegaron a las trece regiones judiciales; se extendieron el Programa Pro Se y las Cortes de Drogas; se estableció la Corte de Drogas Juvenil y las salas especializadas en casos de violencia doméstica y salud mental al igual que todo el desarrollo procesal de los asuntos hipotecarios. También se implantaron el Proyecto de Justicia para la Niñez y protocolos dirigidos a atender a las personas sin hogar y otras poblaciones con necesidades particulares, incorporando activamente el trabajo interagencial mediante acuerdos participativos.

La renovación de la infraestructura física continuó con la construcción e inauguración del Centro Judicial de Caguas.

Aquella transformación tuvo también una decisiva dimensión tecnológica. Se completó en todo el sistema la grabación digital de los procedimientos, incluidos los procesos en el Tribunal Municipal y en vista preliminar. Se creó el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA), plataforma que integró la información de quienes ejercían la profesión en una base digital, paso indispensable para la presentación electrónica. También se desarrolló el sistema de Radicación Electrónica Notarial (REN), primer proyecto de presentación electrónica, y se digitalizaron procesos en la Oficina de Inspección de Notarías, el Archivo Central y la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría.

En ese mismo periodo se concibió e implantó el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos y se adquirió el sello digital. SUMAC comenzó como proyecto piloto en 2010 en la Región Judicial de Humacao y permitió que en enero de 2014 se iniciara la presentación electrónica de documentos judiciales en las Salas de Recursos Extraordinarios de San Juan. Se iniciaron las videoconferencias mediante un proyecto con el Departamento de Corrección. El Portal de la Rama Judicial adquirió un papel central como instrumento de información y servicio, mientras la apertura de determinados procesos a las cámaras adelantó una nueva concepción de la transparencia judicial con el proyecto PECAM, que permitió la cobertura fotográfica y audiovisual de determinados procesos judiciales. Aquella apertura llevó los procesos de las salas de los tribunales a las salas de los hogares.

Durante aquella presidencia, el Tribunal Supremo aprobó también los Cánones de Ética Judicial, las Reglas de Procedimiento Civil y las Reglas de Evidencia que todavía ocupan un lugar central en nuestro ordenamiento. Esos cuerpos normativos tampoco fueron obra aislada. Para su elaboración se designaron comités de trabajo y se celebró una Conferencia Judicial que abrió espacios de participación a jueces y juezas, asesores y representantes de la comunidad jurídica. De esa manera cobró vida el diseño constitucional, el Tribunal Supremo ejerció su facultad reglamentaria mediante estudio, deliberación y participación institucional. Se manejó el aumento de la alta corte a un tribunal de nueve miembros. No fueron desarrollos aislados. La reforma normativa, la especialización de los servicios, la expansión del acceso y la transformación tecnológica respondieron a una misma visión. Esto es, convertir la independencia judicial en capacidad real para servir.

La rendición de cuentas se convirtió también en una práctica institucional. Se prepararon y divulgaron informes anuales a la comunidad sobre el desempeño del Poder Judicial, junto con los memoriales de presupuesto y los memorandos preparados para las vistas presupuestarias ante el Senado y la Cámara de Representantes. Esos documentos permitían rendir cuentas, explicar públicamente los resultados alcanzados, el uso de los recursos y las necesidades de la Rama Judicial. La transparencia no se afirmaba solamente como principio, se ejercía mediante información pública y periódica.

Al defender la estabilidad presupuestaria y la capacidad de la Presidencia para administrar, Hernández Denton fortaleció la posición de la Rama Judicial frente a las otras ramas constitucionales. La independencia judicial no consiste únicamente en decidir los casos sin interferencias. Requiere personal, instalaciones, tecnología, planificación y recursos que permitan convertir esa independencia en servicio efectivo.

Continuar en tiempos de cambio

Durante su presidencia, Liana Fiol Matta dio continuidad a aquella obra y consolidó el ya existente Programa Educativo para la Comunidad como instrumento de acceso a la justicia, mediante la creación de la Oficina de Educación y Relaciones con la Comunidad dentro de la OAT.

Maite Oronoz Rodríguez recibió una Rama Judicial con bases administrativas y tecnológicas sólidas para dar paso a la era digital moderna, y le ha correspondido conducirla durante una sucesión de circunstancias extraordinarias. Los huracanes Irma y María, los terremotos, la pandemia y las deficiencias persistentes de la infraestructura del país exigieron preservar los servicios judiciales mientras se transformaban aceleradamente múltiples formas de trabajo para mantener un servicio de excelencia.

Bajo su presidencia se desarrolló el proyecto de Salas Inteligentes, se extendieron las videoconferencias a todas las regiones judiciales, mientras SUMAC continuó su vertiginoso desarrollo a tono con las modernas tecnologías, ampliándose a nuevas materias y funcionalidades y llegando al Tribunal de Apelaciones. SIGNO sustituyó y modernizó el sistema de Radicación Electrónica Notarial, y se implantó la firma digital. También se creó la Sala Municipal Virtual y, posteriormente, se lanzó y expandió a las trece regiones judiciales el Tribunal Electrónico, que permite presentar asuntos urgentes y realizar otros trámites en línea. El proyecto de cámaras en los tribunales, iniciado como PECAM, evolucionó hasta convertirse en PROCEDI, Programa de Cobertura Electrónica y Difusión de Procesos Judiciales, cuyo reglamento entró en vigor el 1 de octubre de 2026, consolidando lo que comenzó en 2013 como una iniciativa experimental. También se culminaron e implantaron trabajos comenzados anteriormente para revisar y uniformar el sistema de asignación de abogados y abogadas de oficio, modernizando su concepción. Las salas especializadas en violencia doméstica evolucionaron hacia salas de violencia de género y se amplió su alcance territorial. También continuaron extendiéndose los servicios especializados de salud mental, las Cortes de Drogas, el Programa Pro Se, educación a la comunidad y otras iniciativas dirigidas a poblaciones con necesidades particulares. Su Presidencia ha respondido a circunstancias extraordinarias y tiene ante sí grandes retos de innovación. Enfrentarlos exigirá continuar, como lo ha hecho, transformando la Rama Judicial sin desprenderla de la historia institucional que hizo posibles sus avances.

La institución más allá de sus presidencias

Reconocer las aportaciones presidenciales supone también situarlas en una historia institucional más extensa, construida sobre avances, transformaciones y continuidades a lo largo del tiempo. La tecnología, la administración profesional, la justicia apelativa, la mediación, el acceso a los tribunales y la especialización surgieron en momentos distintos.

Cada avance hizo posible el siguiente. Esa es precisamente la virtud de una institución capaz de construir más allá de quienes temporalmente la dirigen.

Inevitablemente quedan fuera de este recuento innumerables proyectos y trabajos operacionales que, bajo una cultura de mejora continua o kaizen, permitieron revisar, corregir y perfeccionar los servicios sin interrumpir la marcha de la institución. También queda fuera una dimensión esencial de esa mejora continua, la extensa obra de capacitación y reglamentación dirigida, a través de las distintas presidencias, al fortalecimiento de la judicatura y del personal administrativo. Por su amplitud, evolución e influencia en la calidad del servicio judicial, esa historia merecería su propia expresión.

La continuidad se sostuvo también en la construcción deliberada de un ente administrativo capaz de dar cohesión a un sistema extendido por todo Puerto Rico. Las distintas presidencias fortalecieron la Oficina de Administración de los Tribunales, sus estructuras de apoyo, su organigrama y un cuerpo sólido de jueces administradores, enlaces indispensables entre la dirección central y las regiones judiciales. En esa continuidad, los directores y directoras administrativos desempeñaron una función esencial al convertir las políticas de cada Presidencia en planes de trabajo, estructuras operacionales y servicios concretos para todo el sistema. Incluso iniciativas que pudieran parecer periféricas cumplieron una función institucional. Durante las presidencias de José Andreu García y Federico Hernández Denton, el proyecto deportivo y las Justas de la Rama Judicial crearon espacios de encuentro entre regiones, fomentaron el compañerismo y reforzaron el sentido de pertenencia a una sola Rama. Recuerdo también cómo, bajo la presidencia de Hernández Denton, esa cultura de encuentro tuvo una expresión artística: se formó un coro y se celebraron tres temporadas navideñas colmadas de extraordinarios eventos musicales, protagonizados por personal de la Rama Judicial, alguaciles, secretarias y jueces. La cohesión no se produjo únicamente mediante leyes, reglamentos y tecnología; también se construyó mediante relaciones, identidad compartida y trabajo común.

Muchos de estos proyectos, en particular las salas especializadas, fueron posibles gracias a la visión administrativa de la Rama, al respaldo interagencial y a la colaboración de entidades públicas que aportaron conocimientos, servicios y recursos. También fue decisiva la cooperación de entidades privadas mediante relaciones contractuales sujetas a los controles y a la fiscalización correspondientes. Esa colaboración amplió la capacidad institucional dentro de una dirección pública clara y responsable.

La belleza de esta historia tampoco reside únicamente en la sucesión de sus presidencias. Se encuentra en el trabajo de quienes hicieron posibles aquellas transformaciones. Las ideas, los proyectos piloto, se convirtieron en programas porque hubo personal dispuesto a aprender nuevas tareas, jueces administradores que las llevaron a sus regiones y jueces y juezas que aceptaron cambiar prácticas conocidas para responder mejor a las necesidades de su generación.

Ninguna presidencia construyó sola la Rama Judicial. La mediación necesitó personas preparadas para conducir el diálogo. Los programas especializados requirieron funcionarios capaces de comprender que algunos conflictos exigían una respuesta diferente. La tecnología avanzó porque equipos enteros diseñaron sistemas, revisaron procesos, digitalizaron expedientes y acompañaron a quienes debían aprender nuevas maneras de trabajar. Y cada transformación encontró también generaciones de abogados y abogadas dispuestas a recibir el cambio, adaptarse a nuevas formas de ejercer la profesión y contribuir a que las reformas cobraran vida. La Presidencia orienta la obra, y la Rama Judicial entera, junto con quienes comparecen diariamente ante ella, la construyen.

Nada en esta historia ha sido perfecto. La Rama Judicial ha conocido limitaciones, demoras, decisiones desacertadas y necesidades todavía desatendidas. Sin embargo, los resultados son palpables. Puerto Rico cuenta con un Poder Judicial sólido, profesionalizado y capaz de sostener sus servicios aun en circunstancias extraordinarias. Sus experiencias en administración unificada, planificación, acceso a la justicia, especialización y tecnología han producido modelos dignos de estudio, reconocidos por su excelencia, dentro y fuera de nuestra jurisdicción.

Comprender antes de transformar

Esa experiencia acumulada obliga a examinar cuidadosamente cualquier propuesta que altere la distribución constitucional de la autoridad administrativa. El P. del S. 1096 no se limita a modernizar el lenguaje de la Ley de la Judicatura ni a reorganizar determinadas estructuras. A mi juicio, empobrece la visión institucional que debe orientar esa reforma. La Ley de 2003 articuló una concepción de la justicia fundada en la independencia, el humanismo, la sensibilidad y el acceso, acompañada del estudio y la formación continua de la judicatura. Esa visión, que recibió un impulso decisivo durante la presidencia de José Andreu García, no era un adorno en su Exposición de Motivos. Esta expresaba los valores que debían guiar a toda la institución. Aunque la Exposición de Motivos del texto aprobado por el Senado menciona la independencia, la accesibilidad y la sensibilidad, y alude a la educación judicial, echo de menos una afirmación expresa del humanismo como principio rector. Estos valores deben reflejarse tanto en la justificación de la reforma como en sus artículos y secciones, mediante disposiciones que los conviertan en garantías, servicios y responsabilidades institucionales. Era la gran oportunidad de convertir el acceso a la justicia en derecho fundamental y rector del sistema. La reforma merece examinarse desde la exigencia de fortalecer una justicia humana, sensible, accesible e independiente. Su propósito no puede limitarse a una pugna por la distribución del poder administrativo. El debate sobre quién administra debe estar guiado por la pregunta esencial de para qué y al servicio de quién se administra la justicia. Parte de una concepción de coadministración alejada de la visión constitucional, que reduce la distinción entre la facultad del Tribunal Supremo para reglamentar y la responsabilidad del juez o jueza presidente de dirigir. Bajo la apariencia de distribuir autoridad, puede terminar dispersando la responsabilidad.

Defender la Presidencia no equivale a defender a la persona que transitoriamente la ocupa. Significa preservar una institución constitucional que ha permitido a la Rama Judicial planificar, construir y responder a las exigencias del tiempo. Antes de debilitar esa estructura, corresponde identificar el problema que se pretende resolver y demostrar que el nuevo diseño producirá mejores resultados que el modelo cuya obra puede constatarse.

Quien ocupa la Presidencia tiene derecho a explicar los logros alcanzados durante su incumbencia. Tiene también la responsabilidad de situarlos dentro de la historia que los hizo posibles. No habla únicamente por una administración. Representa una institución construida durante generaciones y custodia una memoria que no le pertenece en exclusiva. Reconocer lo heredado no es una cortesía hacia quienes ocuparon antes el cargo. Es una exigencia de justicia institucional.

La grandeza de una presidencia judicial no se mide solamente por las iniciativas que puede reclamar como propias. También se revela en la generosidad con que reconoce la obra recibida, en el cuidado con que la preserva y en la honestidad con que distingue entre lo que comenzó, lo que continuó y lo que pudo culminar.

La historia de la Presidencia del Tribunal Supremo revela una forma de ingeniería constitucional que ha permitido al Poder Judicial sostener la continuidad institucional, desarrollar capacidad administrativa y responder con estabilidad a las necesidades del país. Sobre ese diseño, décadas de planificación, reformas acumuladas y decisiones estratégicas han convertido la independencia judicial en servicio efectivo. Por eso, toda reforma debe partir del conocimiento de ese diseño y de la memoria institucional que hizo posibles los avances que hoy se dan por sentados.

Cronología de las presidencias

Fuentes documentales seleccionadas

La consulta de estas fuentes tuvo el propósito limitado de verificar nombres, fechas y datos institucionales esenciales. El ensayo conserva su naturaleza reflexiva y memorialística.

• Poder Judicial de Puerto Rico, Biografías de pasados jueces presidentes y pasadas juezas presidentas
• Poder Judicial de Puerto Rico, Historia del Programa Pro Se en Carolina
• Poder Judicial de Puerto Rico, Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual PECAM
• Poder Judicial de Puerto Rico, Salas Inteligentes
• Poder Judicial de Puerto Rico, Sistema Integrado Notarial SIGNO
• Poder Judicial de Puerto Rico, Una Rama Judicial libre de discrimen por género: Informe de progreso (2002)
• Senado de Puerto Rico, aprobación del P. del S. 1096
• Ley Núm. 201-2003: texto y declaración de principios
• Oficina de Gerencia y Presupuesto: leyes 286-2002 y 201-2003 e infraestructura judicial
• Poder Judicial: Academia Judicial Puertorriqueña y sus antecedentes
• Poder Judicial: implantación de las Cortes de Drogas en 1996
• Poder Judicial: Tecnología para la Justicia, informe especial de 2022
• Poder Judicial: PROCEDI y entrada en vigor el 1 de octubre de 2026
• Poder Judicial: legado administrativo de Liana Fiol Matta
• OPAL: Informe 2027-075 sobre el P. del S. 1096, septiembre de 2026
• P. del S. 1096: texto aprobado por el Senado el 25 de junio de 2026

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