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Karibe no es el problema

La Lcda. Natalie Bonaparte Servera defiende la publicidad registral y propone fortalecer los controles y la interconexión de los registros para prevenir el fraude inmobiliario.
Resumen de puntos principales
  • Karibe permitió descubrir apropiaciones ilegales; su publicidad es esencial para transparencia y periodismo de investigación.
  • El problema real son las debilidades institucionales en sistemas notariales y registrales, no la plataforma registral.
  • Falta de controles básicos: verificar existencia y habilitación del notario y fecha de otorgamiento antes de inscribir documentos.
  • Registros aislados permiten fraudes: ODIN no detecta fallecimiento y continúa certificando poderes ya extinguidos.
  • Reformas digitales necesarias: firma digital, autenticación remota, biometría, blockchain e interconexión entre agencias para prevenir futuras apropiaciones.

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del(a) autor(a) y no reflejan las opiniones y creencias de Microjuris o sus afiliados.

Por la Lcda. Natalie Bonaparte Servera
Abogada, notaria y estudiante de la Maestría en Derecho Notarial y Registral Inmobiliario

Recientemente se publicaron varias investigaciones realizadas por el Centro de Periodismo Investigativo y Rayos X sobre terrenos públicos y propiedades privadas alegadamente apropiadas ilegalmente mediante certificaciones y escrituras públicas falsificadas y posteriormente inscritas por el Registro de la Propiedad. A raíz de estas revelaciones, gran parte de la crítica pública se ha dirigido contra los notarios. Llama la atención que, ante este escenario, varios notarios han criticado negativamente la publicidad que la plataforma digital del Registro de la Propiedad, Karibe, da.

Una de las críticas más frecuentes es que Karibe ofrece acceso indiscriminadamente a documentos y que esa información podría utilizarse para copiar firmas, reproducir sellos notariales o incluso falsificar escrituras. No obstante, culpar a la publicidad registral por el fraude equivale a confundir el síntoma con el problema.

Debemos distinguir entre dos situaciones distintas: por un lado, las tierras del Estado que fueron transferidas mediante certificaciones y, por otro, los bienes inmuebles privados transferidos mediante escrituras públicas autorizadas por notarios, algunos ya fallecidos y otros que actualmente alegan en los tribunales haber sido engañados respecto a la identidad de los otorgantes.

En lo referente a los terrenos públicos, surgen muchas preguntas: ¿Cómo se obtuvo información tan específica sobre la existencia, localización y descripción registral de esas fincas? ¿Cómo se identificó que determinadas propiedades podían transferirse mediante certificación y no escritura pública? ¿Cómo se adquirió conocimiento de los funcionarios con autoridad para intervenir en esos procesos? Obtener información sobre fincas “antiguas” sin actividad registral reciente no suele ser sencillo. De hecho, muchas personas desconocen incluso el número de finca de su propia propiedad. Esto, como dicen en mi barrio, huele a peje de maruca.

Respecto a las escrituras públicas mediante las cuales se transfirieron bienes inmuebles privados, también desconocemos aspectos esenciales. ¿Cómo fueron engañados estos notarios? ¿Se les presentaron identificaciones falsas? ¿Comparecieron impostores en lugar de los verdaderos dueños? ¿Se utilizaron poderes otorgados fuera de Puerto Rico? Y en cuanto a los notarios ya fallecidos, ¿autorizaron realmente esas escrituras antes de su muerte o estamos ante documentos preparados posteriormente por terceros?

Estas interrogantes merecen respuestas porque podrían revelar debilidades institucionales que trascienden el Registro de la Propiedad y su publicidad.

Que un notario esté fallecido al momento de que una de sus escrituras sea presentada en el Registro de la Propiedad es legal bajo nuestro ordenamiento jurídico. Ello responde a que la presentación de una escritura en el Registro de la Propiedad es voluntaria y no obligatoria. Tal vez deberíamos cuestionarnos si convendría hacer obligatoria la presentación en el Registro dentro de un término corto tras la autorización de la escritura. Asimismo, podría requerirse que únicamente el notario autorizante pueda presentar la escritura en el Registro.

Si bien el Registro de la Propiedad no da ni quita derechos, debería tener unos requisitos básicos antes de la calificación e inscripción de cualquier documento. Por ejemplo, se debería verificar algo tan elemental como si el notario autorizante estaba vivo o habilitado para ejercer la notaría en la fecha del otorgamiento. ¿Qué controles hay para proteger la integridad del sistema registral?

Ahora bien, desde mi perspectiva, lo más preocupante es que los registros de Puerto Rico no están interconectados entre sí. Por ejemplo, la ODIN no tiene cómo saber que un poderdante falleció, pues no está conectada con el Registro Demográfico, como sí lo están otras agencias; por tanto, sigue expidiendo certificaciones de vigencia de poderes a pesar de que los poderes se extinguen con la muerte. Así, en la práctica, un muerto puede vender una propiedad a través de su apoderado, a pesar de que esto está prohibido en nuestro ordenamiento.

Debemos ponderar cómo incorporar la notaría puertorriqueña y el Registro de la Propiedad a la era digital como lo han hecho otros países como Estonia, Chile y Costa Rica. Nuestros legisladores deben atemperar nuestras leyes a la realidad digital. Debemos movernos hacia la implementación de herramientas como la firma digital cualificada, plataformas en línea seguras que permitan la autenticación remota, identificaciones biométricas, blockchain, entre otros. Pero nada de esto será suficiente si las agencias del país continúan operando de forma aislada. El Registro Demográfico, ODIN y el Registro de la Propiedad deben poder comunicarse entre sí de manera efectiva.

Ante todo, debemos reconocer que Karibe es la razón por la que conocemos este esquema de apropiación ilegal de bienes inmuebles. Sin la publicidad que esta herramienta provee, los periodistas no hubieran podido examinar miles de transacciones, identificar patrones reveladores ni exponer cómo el pueblo de Puerto Rico fue despojado de tierras que nos pertenecen a todos. Limitar la publicidad registral no evitará el próximo fraude. Lo que sí puede evitarlo es un sistema notarial y registral más seguro, moderno e interconectado, capaz de detectar irregularidades sin sacrificar la publicidad registral de la que todos nos beneficiamos.

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