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La primera decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en 2025 marcó un hito al permitir al alto foro analizar, por primera vez, las protecciones que la Equal Credit Opportunity Act (ECOA) otorga a los solicitantes de préstamos.
El documento de 37 páginas se compone de una sentencia de 20 páginas, en la que no participó el juez Edgardo Rivera García, quien días después de la publicación de la misma se acogió al retiro y una opinión disidente de la jueza Mildred Pabón Charneco de 27 páginas
La Ley 165-2013, conocida como «Ley del Fondo para el Acceso a la Justicia de Puerto Rico», estableció el Fondo para asegurar la disponibilidad y efectividad de servicios legales civiles proporcionados por entidades sin fines de lucro a personas y comunidades de escasos recursos económicos.
Agustín Carbó Lugo, Director del Equipo de Modernización y Recuperación de la Red de Puerto Rico (PR Grid Modernization Team) de Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés), puntualizó que las cooperativas son claves en este tema.
La decisión de 36 páginas emitida la semana pasada, y escrita por la jueza Jetta Roggeri Thompson, es adversa al reclamo presentado por media docena de cooperativas.
El Senado de Puerto Rico evaluará un proyecto de ley a esos fines.