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La Junta de Supervisión autorizó al Gobierno de Puerto Rico a utilizar la Reserva de Emergencia para atender gastos relacionados con el racionamiento de agua y la bajante en los niveles de los embalses.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico asumió jurisdicción directa sobre la demanda del gobierno para impugnar el contrato de LUMA Energy, consolidó los recursos de certificación intrajurisdiccional y ordenó a las partes presentar sus argumentos por escrito en un plazo de 30 días.
La Junta de Supervisión advirtió que el Proyecto del Senado 1021, que amplía los beneficios de retiro para los alguaciles judiciales, tendría un impacto fiscal de hasta $2.1 millones para 2030 y sería incompatible con el Plan Fiscal y las restricciones de la Ley PROMESA.
El Tribunal Supremo declaró nula una resolución del Negociado de Transporte sobre tarifas de acarreo de agua potable al concluir que la agencia incumplió con la ley y su reglamento al relevar al concesionario del peso de la prueba requerido para justificar el aumento tarifario.
Juristas Alexiomar Rodríguez López y Jesús Rivera Delgado analizaron el alcance jurídico de la decisión del Tribunal Supremo en el caso relacionado con Bad Bunny, que mantiene vivas varias reclamaciones sobre el uso de voz, propia imagen y derechos morales.
El Supremo pautó que el certiorari interlocutorio es incompatible con el desahucio sumario y ordenó vista en 10 días.