- Tribunal Supremo de Estados Unidos negó paralizar orden que permite continuar tratamientos hormonales a confinados trans en Trump v. Kingdon.
- Orden fue emitida en etapa preliminar vía shadow docket, sin resolución final sobre el fondo del caso.
- Dos jueces, Samuel Alito y Clarence Thomas, habrían apoyado conceder interdicto que prohibiera los tratamientos.
- Profesor Carlos Chévere Lugo indicó que la orden no implica cambio en la filosofía del Tribunal y podría tener motivación política.
Un reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los derechos de la comunidad LGBTQIA+ puede considerarse sorprendente, pero no debe entenderse como un cambio en la filosofía del alto foro estadounidense, advirtió un estudioso de los procesos judiciales federales.
Se trata de una orden emitida el martes en el caso Trump v. Kingdon, Alishea. En este caso, los demandantes son personas confinadas que se identifican con la comunidad trans y que recibían asistencia médica para el cambio de género en el sistema federal. La actual administración federal trató de prohibirles estos tratamientos. Un juez federal emitió una orden en contra del gobierno que permitió mantener el tratamiento a estas personas, y ni el Tribunal de Apelaciones federal ni el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocaron la orden del juez.
En concreto, la orden del alto foro federal, emitida el miércoles, consistió en negarse a paralizar la orden en el caso Alishea a favor de la continuidad del tratamiento hormonal. La orden no ofrece detalles, más allá de indicar que dos de los nueve jueces, Samuel Alito y Clarence Thomas, hubieran concedido el interdicto, lo que habría permitido prohibir estos tratamientos.
“Me sorprende. En otras ocasiones esta corte ha permitido a las prisiones y a la milicia vedarle el ‘affirmative care’ a los derechos de la comunidad LGBT y trans”, dijo el licenciado Carlos Chévere Lugo, profesor de Derecho en St. Mary’s School of Law, en Texas.
No obstante, añadió que el Tribunal Supremo declaró no ha lugar el interdicto en una etapa preliminar del caso, por lo que se trata de una controversia que podría regresar ante el alto foro cuando el caso se vea en sus méritos. Esta decisión, explicó el entrevistado, se limita al recurso de interdicto, que constituye una orden dentro del caso y no una decisión final sobre la controversia planteada por los demandantes LGBTQIA+ en Alishea.
“Esto fue una declaración de emergencia, en el ‘shadow docket’”, añadió. “El caso puede llegar después la controversia de forma sustantiva y bajar lo contrario”, sostuvo.
El profesor Chévere expresó que pudiera haber un elemento político, ante la cercanía de las elecciones de medio término en Estados Unidos, y que este fallo podría crear la impresión de cierto grado de resistencia a la administración Trump, cuando, en realidad, en otras ocasiones las decisiones han favorecido su filosofía de gobierno.
“Ha habido otras decisiones recientes (de este tribunal) en contra de los derechos de los trans”, sostuvo.
