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El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que la eliminación de antecedentes penales no impide al Negociado de la Policía considerar convicciones previas al evaluar solicitudes de licencia para portar armas de fuego, al amparo de su deber de velar por la seguridad pública.
Las dos sillas vacantes del Tribunal Supremo corresponden a la silla que dejó el juez Edgardo Rivera García quién se retiró el pasado 3 de enero y a la juez Anabelle Rodríguez quien se retiró el 18 de diciembre del 2020, ambos al cumplir 70 años de edad, límite para ocupar una silla en dicho tribunal.
El próximo gobernador o gobernadora de Puerto Rico podrá llenar tres vacantes en el Tribunal Supremo, una de las mayores oportunidades de nominación por un solo gobernador. Actualmente, el Tribunal tiene ocho miembros debido a la vacante del noveno puesto, anteriormente ocupado por la jueza Anabelle Rodríguez. El saliente gobernador Pedro Pierluisi, del PNP, no consiguió la aprobación del Senado, controlado por el PPD, para ninguno de sus candidatos.
Este caso deportivo discute las normas de contratación, la autonomía deportiva, la selección de foro deportivo y la aplicación retroactiva de reglamentos a jugadores en la liga.
En el caso de Pueblo de Puerto Rico v. José A. García Cartagena y Víctor Javier Díaz Fontánez, el gobierno presentó una solicitud de certiorari tras una decisión del Tribunal de Apelaciones sobre la interpretación del asesinato estatutario.
Particularmente, aquellas que viabilizan el mecanismo de valoración o appraisal.