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«Nadie confesó haber divulgado públicamente el documento y ninguna de las pruebas forenses disponibles proporcionó información para identificar al responsable», reza el informe de 23 páginas de la alguacil del Tribunal Supremo federal, Gail Curley.
El ente fiscal ejerce su autoridad en varias instancias sin un marco claro sobre sus criterios, y en este escenario es que el Tribunal Supremo debe intervenir, plantea el recurso.
El caso se argumentará en febrero 2023.
Describieron la iniciativa como una usurpación legal del poder ejecutivo.
Conversamos con el profesor Jorge Farinacci Fernós, que analiza los nombramientos de la judicatura federal por las pasadas décadas.
La entidad se sumó al esfuerzo de diversos sectores en contra de la doctrina de los casos insulares.