- Abandono hospitalario de adultos mayores está generalizado: unas 5,762 atendidos entre 2017 y 2026; cifra podría estar subestimada.
- Problema es de salud pública y derechos humanos, agravado por falta de hogares de apoyo, vivienda asistida y transinstitucionalización.
- Se requiere respuesta multisectorial: acciones concretas, salas judiciales especializadas, directrices anticipadas, poderes duraderos y legislación para responsabilizar cuidadores.
Al menos 5,000 adultos mayores han sido abandonados en hospitales en la pasada década, según trascendió la tarde del 4 de noviembre en un conversatorio de unas dos horas sobre esta problemática, celebrado en el atrio de la biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Durante un conversatorio sobre el abandono de personas adultas mayores en hospitales, organizado por el Probono Justicia en Salud de la Escuela de Derecho de la UPR, su mentora, la doctora Karen Agosto Valentín, advirtió que la cifra de adultos mayores abandonados puede estar subestimada y que estos abandonos son el resultado de numerosos factores.
“Las necesidades son diversas, hay que mirar caso a caso”, dijo Agosto Valentín, catedrática auxiliar de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR.
Se informó en la actividad que el Departamento de la Familia ha dicho que desde 2017 a 2026 ha atendido a unos 5,762 adultos mayores abandonados en hospitales.
La actividad, subtitulada “El problema de la atención, la permanencia y la transinstitucionalización”, contó con la participación del licenciado Juan J. Hernández López de Victoria, abogado y profesor de la Escuela de Derecho de la UPR; la licenciada Edna I. Díaz de Jesús, procuradora del Paciente del Gobierno de Puerto Rico; y el licenciado Luis E. Meléndez Cintrón, administrador del Hospital Menonita CIMA y profesor de la Escuela Graduada de Salud Pública de la UPR.
En su alocución, la procuradora Díaz de Jesús dijo que una de las complejidades en estos abandonos es explicarle a esa persona por qué está en un hospital sin recibir atención médica, sin comodidades, en un “ambiente hospitalario”.
“¿Cómo le explicamos a esa persona que nadie la quiere venir a buscar?”, dijo la procuradora, ante las decenas de personas reunidas en la actividad.
Asimismo, la procuradora del Paciente reconoció que hacen falta “acciones concretas”, como puede ser que en el futuro se establezcan salas judiciales especializadas para atender casos de adultos mayores. En el 2025 se estimaba que en Puerto Rico había 962,802 personas mayores de 60 años, según un perfil reciente, dijo la licenciada Díaz de Jesús.
Pero, dijo, no necesariamente la solución es obligar a un pariente a llevarse para su cuido a esa persona de edad avanzada, porque puede haber situaciones que hagan ineficaz esa acción, como que ese cuidador realmente no esté preparado o que no haya las instalaciones adecuadas en el lugar adonde llegará el anciano luego del alta.
“El remedio puede ser peor que la enfermedad”, planteó Díaz de Jesús.
Agregó que es un problema de salud pública y de derechos humanos, aunque hay diversos estatutos que proveen remedios a esa comunidad, y enumeró la Ley 194 de 2000, la Ley 121 de 2019 y la Ley 408 de 2000.
Mientras, Meléndez Cintrón, administrador del Hospital Menonita, afirmó en su ponencia que hay situaciones variadas que llevan a esta situación, como puede ser que no haya cuidadores disponibles, ya sea porque están “quemados” o porque son personas sin familia inmediata cerca. Agregó que el problema es mayor cerca de las áreas metropolitanas.
Dijo que el promedio de este tipo de pacientes puede ser de 43 días, pero ha tenido casos con ancianos que han estado 118 días abandonados, antes de fallecer.
“Hay un asunto de responsabilidad en este tema y un poco es ver dónde cae esa responsabilidad”, indicó Meléndez Cintrón.
Más que un problema financiero o clínico, dijo, es un problema social y de salud pública, que se agrava por diversos factores, como la transinstitucionalización que lleva a la persona abandonada por diversas instituciones.
Meléndez Cintrón también identificó “escalones” que le faltan a Puerto Rico, como falta de hogares de apoyo y de vivienda asistida. Agregó que se trata de un asunto que no se va a resolver solo con la intervención del Estado.
El último panelista fue el licenciado Hernández López de Victoria, quien discutió diversos aspectos legales, que incluyen la responsabilidad de las personas y no solo del gobierno.
“No podemos pretender que el Estado sea responsable de todo”, sostuvo Hernández López de Victoria.
Recordó que hay obligaciones en derecho de alimentar a familiares, al punto de que hay leyes que criminalizan el abandono y que la obligación del Estado es “residual”.
De igual forma, el letrado abogó por que se usen mecanismos como la declaración previa de voluntad o directriz anticipada, donde el ciudadano dice qué servicios médicos no desea y qué persona tomará ciertas decisiones, para que no sea una persona.
También, respecto a esta población, deben considerar crear o establecer un poder duradero, donde se le puede conceder a la persona que usted decida, el apoderado, autorización para hacer gestiones en nombre del poderdante.
Dijo que estas medidas pueden contribuir a reducir el problema de abandono de las personas de edad avanzada.
Al abrir la ronda de preguntas del público, uno de los que intervino fue el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, Ever Padilla, quien dijo que no se debe perder de perspectiva el problema de pobreza en el país y que hay que recabar que el Estado tiene una responsabilidad de educar a los ciudadanos.
“Hay otra dimensión de esta discusión: cuántos del perfil de las personas que están abandonadas son personas que están bajo los niveles de pobreza, uno; dos, son personas que no tiene ningún dependiente que no tiene que se responsabilice por su atención y, si la tienen, cuántos de esos hijos e hijas, nietos y nietas son productos del rechazo, de la violencia, son sobrevivientes de la violencia intrafamiliar”, indicó Padilla.
“¿Cómo el Estado me va a reclamar que me haga responsable de ese padre que me abusó sexualmente?”, planteó.
El licenciado Hernández López de Victoria dijo que una opción ante esa situación puede ser desheredar a esa persona, pero se reconoció que ese puede ser un mecanismo costoso.
Al concluir el foro, la procuradora del Paciente pidió hacer unas expresiones finales. En estas, exhortó a los presentes a involucrarse en los actuales proyectos de ley sobre este tema actualmente en debate en la Asamblea Legislativa.
“Ahora mismo hay una investigación abierta sobre este tema”, dijo la funcionaria.
La actividad contó con un saludo del decano de la Escuela de Derecho, William Vázquez Irizarry.
