Esta semana, Noticel publicó que el juez federal Gustavo A. Gelpí le solicitó al Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante el recurso de certificación, que le contestara al Tribunal Federal la pregunta de si las leyes y Constitución de Puerto Rico permiten las carreteras residenciales privadas.
Es la segunda vez que el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico le pide al Tribunal Supremo que conteste preguntas sobre la aplicación de las leyes de Puerto Rico en esta controversia. En la ocasión anterior, el Tribunal Supremo declinó la petición:
En esta parte del pleito, el foco de la controversia es la urbanización Brighton Country Club en Dorado, cuya escritura, en aparente violación de la Ley Hipotecaria y otras disposiciones legales, tiene puesto en su escritura que sus calles le pertenecen a los residentes y no al municipio. En su certificación, el juez Gelpí señala que esto se hizo con la complicidad del municipio de Dorado, y sin que las agencias de permisos lo evitaran.
Gelpí argumentó que el conjunto de hechos que arroja el caso de Brighton haría necesaria la intervención del Supremo de Puerto Rico porque es una controversia que no se ha abordado antes y choca con el principio que ha establecido el propio Supremo de que, aunque la urbanización sea cerrada, la calle se mantiene pública y el municipio se convierte en su titular.
«Sintetizando las disposiciones del Código Civil, parece que las calles de (Brighton) son públicas por naturaleza (pero)… [d]ebido a que (Brighton) pagó para construir y mantener las calles, y sigue teniendo la titularidad del terreno, se puede hacer un argumento de que las calles son privadas. Es por estas razones que este tribunal le certifica la siguiente pregunta al Tribunal Supremo de Puerto Rico: ¿Permiten las leyes y la Constitución de Puerto Rico las calles privadas?», explicó el juez.
El 2 de febrero de 2012, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico falló a favor de los Testigos de Jehová poniendo fin a casi ocho años de litigio sobre el acceso restringido de los religiosos a la vía pública.
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico aprobó una ley que permite a los barrios públicos el restringir el acceso a través de puertas, paredes, y guardias de seguridad. Esta medida impidió efectivamente la entrada de los Testigos de Jehová a cientos de urbanizaciones con fines de practicar su ministerio en violación de su libertad de expresión. En respuesta, los Testigos de Jehová presentaron una demanda en el Tribunal Federal en el 2004.
En su sentencia, el Juez del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Gustavo A. Gelpi, exigió a los municipios acusados el crear y presentar planes acción para asegurar que a los Testigos de Jehová se les concede la entrada a los barrios anteriormente restringidos. El Tribunal dio plazos a los municipios para cumplir con sus órdenes.
La sentencia aplica a las urbanizaciones con control de acceso en Bayamón, Caguas, Dorado, Gurabo, Guaynabo, Ponce, San Juan y Trujillo Alto.
De interés: Sentencia de juez Gelpí en torno al acceso de Testigos de Jehová a urbanizaciones cerradas (10 de mayo de 2012)