El pasado miércoles, en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, se celebró el foro «Aproximaciones a la más reciente decisión del Tribunal Supremo sobre la ley 18«, en donde los constitucionalistas Yanira Reyes Gil, Carlos González y Wilmaí Rivera expusieron sus puntos de vista sobre la misma.
La ley que limitaba las instancias en que se podrían traer ante ese foro un asunto mediante el recurso de certificacion intrajurisdiccional, entre otros asuntos, fue declarada inconstiucional mediante una resolución el pasado 11 de junio.
«La Ley Número 18, supra, representa una intromisión inconstitucional de la Rama Legislativa con el ámbito de acción de la Rama Judicial», lee la decisión del Supremo.
Durante la discusión, permearon las interrogantes sobre el posible significado de esta resolución y la preocupación que despierta la pugna entre los poderes legislativo y judicial. En esta instancia, el profesor Carlos Ramos planteó varias preguntas:
“¿El Tribunal Supremo puede funcionar sin una Ley de la Judicatura? ¿Puede ese tribunal, aún existiendo una ley, decidir que no le va a hacer caso porque el poder lo tienen ellos en última instancia?”.
La contestación a las interrogantes quedó en vilo. No obstante, el licenciado llamó la atención a la agilidad en la que se dieron los procesos, en ambos espacios, siendo el caso uno que “ameritaba discusión amplia”.
En esencia, llamó la atención sobre la particular mesura y la prudencia que debe permear sobre las decisiones del Tribunal Supremo que se remiten a sus propias funciones.
“Así no se hacen las cosas. Hay que esperar más del Tribunal Supremo”, concluyó.
Por su parte, la licenciada Wilmaí Rivera levantó “bandeja roja” sobre las razones por las cuales el Tribunal juzga la inconstitucionalidad de la ley, subrayando entre las razones expuestas el que la legislatura haya aprobado la ley de forma atropellada.
Rivera concluyó su alocución criticando la forma en que el Tribunal ordenó a la jueza del Tribunal de Primera Instancia tomar una determinación sobre el caso antes del 18 de junio, siendo a su juicio una orden que la posiciona como “comisionada” de la determinación tomada.
Reyes Gil recordó a los presentes que aún la incertidumbre reina, puesto que los proponentes de la demanda han presentado un nuevo recurso de reconsideración en el Tribunal Supremo, luego de que la jueza en cuestión desestimara la demanda. Además, solicitaron se celebre una vista evidenciaria que no se llevó a cabo en el tribunal inferior.
También se prevé que durante la próxima semana la legislatura presente un nuevo proyecto de ley de administración para enmendar el artículo 3.002 de la Ley de la Judicatura para limitar la competencia del Supremo para intervenir con casos en tribunales de menor jerarquía. A diferencia de la medida antes presentada, esta sería prospectiva, por lo que no aplicaría al caso actual de la Ley 3, presentado por un grupo de empleados públicos.
Lee la controvertida ley en el siguiente enlace y accede la grabación de la actividad aquí.