El representante Jesus Santa Rodríguez, presentó durante la pasada semana, el Proyecto de la Cámara 1529, que daría génesis a la nueva Ley Reguladora de la Industria de Bienes Raíces en Puerto Rico.
Este proyecto derogaría entonces la Ley 10 del 1994, que hasta el momento ha reglamentado la práctica del negocio de las bienes raíces y la profesión de corredores, vendedores y empresas de ventas inmuebles desde ese año.
“Puerto Rico ha evolucionado en los últimos 20 años y los retos encarados por el mercado inmobiliario han sido notables, pues ha estado sujeto a los desafíos de una crisis nacional por los altos números de ejecuciones, reposesiones, merma en las ventas, criterios de cumplimiento de financiamiento más rigurosos y un inventario de propiedades como nunca antes se había visto en Puerto Rico”, explicó Santa Rodríguez.
La medida expone que hace tiempo «la Ley 10 dejó de ser una herramienta promovedora de la protección de los consumidores y su aprobación propiciaría la atmósfera necesaria para profesionalizar la referida práctica». Todo ello, según su redactor, responde a los cambios dramáticos en la legislación tangente a la venta de bienes raíces, así como en la nueva tecnología, las condiciones de un nuevo mercado, criterios más estrictos de aprobación de la banca hipotecaria y las técnicas educativas más modernas.
La nueva ley provee atención específica a la estructura organizativa de la Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces, su composición, facultades y deberes, el establecimiento de mecanismos para brindar a dicha Junta acceso adecuado a los fondos que les corresponden, así como reestructurar los requisitos y metodologías para la educación profesional.
Uno de los cambios más significativos es la creación de la figura del Inspector de Bienes Raíces, que está ausente en la actual ley. Bajo la jurisdicción de la Junta de Corredores, el Inspector tendría la responsabilidad de investigar las violaciones en la industria, entre ellas, operar sin licencia o con licencias vencidas, permite a la Junta la automatización de los procesos, requeriría la disponibilidad pública de un inventario electrónico actualizado de la totalidad de las licencias emitidas y vigentes, y establece nuevos criterios de pasantía de pruebas a la hora de obtener, renovar o reactivar licencias.
Santa Rodríguez resumió que, a través de esta nueva ley, se profesionaliza aún más la práctica del corredor de bienes raíces, ya que “se atempera a la evolución de un mercado más automatizado y tecnológicamente avanzado, protege a los consumidores cuando realicen una transacción en la que medie un corredor y promueve el desarrollo y fortalecimiento de dicha industria”.