A tres meses de la aprobación de la Ley 66 del 22 de julio de 2013, se evalúan en la Cámara de Representantes enmiendas a la ley que condicionan la otorgación de bonos por productividad en las agencias del gobierno.
Según el representante Jesús Santa Rodríguez, tal cual aprobada, la ley presenta un lenguaje confuso que puede interpretarse como más abarcadora de lo que pretendían los legisladores al aprobar la ley.
«Queremos proteger el crecimiento profesional y valorar la aportación que hacen los empleados que, día a día, están en el gobierno, independientemente del partido que esté en el poder», enfatizó el legislador popular, uno de los coautores de la legislación.
Según dicha ley, se otorgarán sanciones a quienes otorguen ese tipo de bonos, excepto que este cuente con el aval de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH).
Los legisladores persiguen con dicha ley que no se malgasten los fondos del fisco para «satisfacer los intereses económicos de los altos funcionarios». Por ende, de aprobarse el PC 1376, quedarían excluidos del beneficio quienes ocupen puestos de secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores ejecutivos, administradores, subadministradores, presidentes ejecutivos y vicepresidentes ejecutivos. Es decir, todos aquellos empleados que no sean empleados de carrera tendrán prohibido el recibir tales bonos.
Por su parte, el representante Jose “Conny” Varela expresó apoyar que la prohibición sea absoluta. No obstante, aclaró que tomará mucho tiempo de estudio para llegar a una decisión adecuada.
«Se debe limitar en estos momentos, por la situación que vive el país, otorgar cualquier clase de bonificación, retribución, a cualquier empleado. La situación fiscal es difícil, ya nosotros aquí (en la Legislatura) nos apretamos el cinturón, y eso debe ser para todo empleado público», señaló el legislador.