El gobierno federal colocó a la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada en situación de alto riesgo, debido a malos manejos de los fondos de esa entidad.
La noticia se dio a conocer durante el día de ayer, cuando la senadora Rossana López León distribuyó copia de la carta que lo informa, y que le enviara Rimas Liogys, Director, Encargado de Administración de Becas. La carta fue dirigida al procurador David Ortiz con copia al gobernador Alejandro García Padilla.
“Efectivo inmediato, la Administración de Vida Comunitaria (Administration for Community Living) está colocando la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en una condición de alto riesgo”, expone la carta.
La misiva también explica que “la unidad estatal para atención a los ancianos ha experimentado cambios considerables, que han provocado un impacto adverso en el reporte federal, el desarrollo del plan estatal y el personal. Estos cambios, continúa, “han resultado en un desempeño insatisfactorio, inestabilidad financiera pobre gerencia e incumplimiento con los términos y condiciones en la administración de los fondos aportados a Puerto Rico bajo el Older Americans Act (OAA)”. Como resultado de esa determinación, se la anunció a la procuraduría que de ahora en adelante los fondos se le distribuirán a Puerto Rico en forma restringida y mediante reembolso.
La senadora Rossana López León expresó que la misiva amenaza con devolver al gobierno federal un millón de dólares. También explicó que la condición de riesgo debe mantenerse “hasta que la procuraduría demuestre su capacidad para implementar y manejar los programas del Older American Act”.