La Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), con oficinas en Washington, presentó el pasado 25 de marzo de 2014 un conversatorio titulado “Take Back the Streets” en donde se presentó el informe de ese título que reseña incidentes de violaciones al derecho de la libre expresión por parte de diferentes estados.
La publicación busca abordar vacíos en el debate público sobre la responsabilidad del Estado hacia la protección del derecho a la protesta y de asamblea.
Puerto Rico es el territorio reseñado en el espacio dedicado a los Estados Unidos en materia de violación a este derecho y otros derechos. En el informe se alude a la Policía de Puerto Rico como uno de los departamentos policiales más grandes de los Estados Unidos y uno que “ha recurrido regularmente al uso excesivo de la fuerza contra manifestantes no violentos, vulnerando de forma rutinaria la libertad de expresión y opinión mediante el uso indiscriminado de aerosoles, gas pimienta y lacrimógeno, batones policiales, balas de goma y tipo ‘stinger’, granadas con bolas de goma, cartuchos de perdigones y armas de energía dirigida”.
Además, en el informe se indica que muchas veces los policías utilizan técnicas de estrangulamiento en los manifestantes.
En el informe sobre Puerto Rico también se señala que a pesar del uso de fuerza excesiva, tal cual si los manifestantes representasen algún tipo de peligro, sólo una pequeña fracción de los arrestos realizados tenían justificación. En cambio, la mayoría fueron detenciones arbitrarias dirigidas a suprimir la libertad de expresión y opinión. A dichos arrestados, en su mayoría estudiantes, se les encerró en calabozos y luego se les liberó por falta de pruebas.
Asimismo, se relata la historia de la educadora Betty Peña, quien participaba de la manifestación junto a su hija de 17 años, Eliza Ramos. Estas fueron rociadas con gas lacrimógeno desde un helicóptero y al tratar de encontrar un lugar libre de gas, fueron interceptadas por un oficial que las pisoteó y arrastró por el suelo. La madre cubrió a la hija de los golpes.
La ACLU también reveló que la Policía de Puerto Rico no tenía un protocolo general para el uso de fuerza por parte de los agentes ni otros protocolos o estándares específicos, y carecía de guías sobre el uso de agentes químicos, armas de impacto y munición “menos letal”, como balas de goma o granadas con bolas de goma. La agencia desarrolló estas políticas luego de la publicación del informe de la ACLU en 2012.
Los nueve casos detallados en este informe, cada uno por escrito por una organización nacional diferente, son ejemplos contemporáneos de diferentes reacciones gubernamentales ante protestas pacíficas. Documentan situaciones de respuestas discriminatorias, restricciones legales innecesarias, criminalización de lideres y uso de la fuerza de manera injustificable e incluso letal. Además, ofrecen recomendaciones a los gobiernos referente al derecho a la protesta y la reunión. Los otros países reseñados son Argentina, Canadá, Egipto, Israel y los territorios ocupados, Kenia, Hungría, Sudáfrica y Reino Unido. Si bien los casos analizados en la publicación provienen de diferentes países, con problemáticas y contextos sociales variados donde se puede identificar una cantidad de desafíos comunes.
William Ramírez, director de la ACLU en Puerto Rico, estuvo presente en la actividad y fue interpelado por asistentes sobre la situación actual en Puerto Rico referente a la interacción del gobierno con manifestantes en protestas. Este aclaró que luego de presentarse el informe en el 2012, y el posterior cambio de gobierno, no han ocurrido incidentes violentos entre policías y manifestantes. No obstante, acotó, la ACLU en Puerto Rico se mantiene vigilante a cualquier indicio de violaciones de derechos civiles.