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Enfermedad mental no será impedimento para poseer un arma, según tribunal apelativo

Enfermedad mental no será impedimento para poseer un arma, según tribunal apelativoRompiendo filas con otros tribunales apelativos federales y estableciendo probablemente un escrutinio importante para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Sexto Circuito para el Tribunal de Apelaciones decidió que las leyes que imponen un control al derecho individual de portar armas debe satisfacer un escrutinio constitucional más riguroso.

Desde la decisión de District of Columbia v. Heller, que encontró en la Segunda Enmienda una garantía de un derecho para portar un arma para el uso personal, al menos en algunas circunstancias, los tribunales federales han tenido problemas con cómo aplicar esa decisión en casos determinados donde se cuestionan leyes específicas sobre portación de armas.

La decisión del Sexto Circuito se publicó el pasado diciembre en el caso Tyler v. Hillsdale County Sheriff Department, trata sobre un hombre de Michigan de 73 años que fue enviado de forma involuntaria a una institución mental por un periodo breve hace treinta años. En la actualidad Clifford Tyler funciona de forma normal en la sociedad y es considerado como una persona estable mentalmente y no como una persona peligrosa.

No obstante, por razón de esa breve hospitalización, a Tyler se le ha negado el poder poseer un arma de por vida, bajo la ley federal que el Sexto Circuito ahora ha anulado, porque esta falló el escrutinio estricto requerido. Tyler no es elegible para un programa federal especial que otorga a algunas personas a quienes les está prohibido la posesión de armas, el convertirse en elegibles para poseer una porque Michigan no participa de este programa y no puede buscar remedio bajo otro programa federal al que el Congreso se ha negado a apoyar.

Si el gobierno apela la decisión, ya sea en el Sexto Circuito o ante el Tribunal Supremo, y si el fallo fuese confirmado, este podría tener un impacto considerable en las leyes de control de armas y más allá del límite específico del cual se trata este caso. Parecían estar en discusión constitucional una serie de leyes federales y estatales que imponen prohibiciones categóricas sobre grupos de personas – es decir, prohibiciones que impiden que nadie de un grupo, sea excluido de la posibilidad de probar de forma individual que merecen tener acceso a las armas.

El Sexto Circuito, como preparación previa al dictamen sobre la prohibición específica, también examinó una serie de otras leyes federales que imponen prohibiciones en grupos específicos, y sugirieron que algunos de estas probablemente pasarían el «escrutinio estricto» – tales como, por ejemplo, las personas condenadas por delitos graves y que están realmente enfermos mentales en el momento.

Si bien la decisión encontró que la disposición de la ley federal que prohíbe la posesión de pistolas a cualquier persona que haya estado en un centro de atención mental no podía satisfacer «escrutinio estricto» del Sexto Circuito, no descartó inmediatamente que a la persona involucrada en el caso, Clifford Charles Tyler, se le deba permitir tener un arma en este momento.

En su lugar, le dio al gobierno federal una oportunidad, por si desea ejercerlo, para contrarrestar los hechos de la demanda de Tyler de que está mentalmente apto y no es peligroso. Si el gobierno no lo hace, el Sexto Circuito resolvió que un juez federal entonces debe declarar que la prohibición específica es inválida ya que se aplicaba a Tyler.

La opinión, escrito por el juez de circuito Danny J. Boggs, ampliamente sondeó lo que ha venido sucediendo en los tribunales desde la decisión de District of Columbia v. Heller en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La opinión reconoció que ningún otro tribunal de apelación había aplicado «escrutinio estricto» a otras leyes de armas, y que ningún otro tribunal había anulado una ley federal de control de armas post-Heller.

El juez de circuito Eugene E. Siler se unió a la opinión sin añadir una perspectiva adicional. Si bien la juez de circuito Julia Smith Gibbons señaló que se unió a la opinión Boggs, escribió por separado para decir que ella tenía dudas sobre la adopción del «escrutinio estricto» y dijo que el compromiso prohibitivo sobre la capacidad mental no podría sobrevivir incluso la menor prueba del escrutinio más riguroso.

Aunque el juez Boggs no dejó duda alguna de que su decisión estaba abriendo nuevos caminos, este hizo un intento para que pareciera más moderada al decir que los tribunales federales no han adoptado definiciones claras de lo que es «escrutinio estricto» o de «escrutinio más alto» por lo que sugirió que, en realidad, puede que no haya mucha diferencia entre las dos normas.

El Departamento de Justicia federal tiene la opción de esperar a ver cómo se desarrolla el caso Tyler, o podría presentar una solicitud de revisión al Sexto Circuito, o prepararse para apelar ante el Tribunal Supremo.