Descarga el documento: Alabama Legislative Black Caucus v. Alabama
Decidido: 25 de marzo de 2015
La Constitución del estado de Alabama dispone que se realizará una redistribución electoral cada diez años. En el 2012, dicho estado realizó la redistribución electoral y manifestó dos objetivos principales: (1) que los distritos no tengan una desviación estándar de población mayor a 1%; y (2) cumplir con el Voting Rights Act de 1965. Dicha ley impide que los estados cubiertos por dicho estatuto provoquen un retroceso en la habilidad de las minorías en elegir el candidato de su preferencia. Algunos distritos estaban bajos en población y, para lograr el objetivo de tener una desviación estándar de población mayor a 1%, se tuvo que transferir nueva población a distritos existentes. El estado pensaba que se cumplía con la ley federal manteniendo la misma cantidad de minorías en los distritos, así que la mayoría de gente que añadió en los distritos eran grupos minoritarios negros. El Alabama Legislative Black Caucus y el Alabama Democratic Conference demandaron al estado alegando que dicha redistribución electoral violaba el Voting Rights Act al establecer un “racial gerrymandering” (concentrar grupos minoritarias, a base de raza, en una zona geográfica para potenciar su influencia electoral en un área menor, pero diluirla en el resto del estado).
El Tribunal de Distrito federal concluyó que: (1) el Alabama Legislative Black Caucus alegó que toda la redistribución era ilegal y que el Alabama Democratic Conference sólo alegó la ilegalidad de la redistribución en 4 distritos; (2) el Alabama Legislative Black Caucus posee legitimación activa, “standing”, pero el Alabama Democratic Conference no porque no pudo probar que poseía miembros que residían en los distritos impugnados; (3) el factor de la raza no fue uno determinante para realizar la redistribución; (4) que en la alternativa, el estado cumplió con un interés apremiante en realizar la redistribución.
El Hon. Stephen Breyer emitió la opinión dividida en 5-4 del Tribunal y rebatió los cuatro puntos de la determinación del Tribunal de Distrito federal. (1) Indicó que se puede alegar violaciones al debido proceso de ley, por motivos de un “gerrymandering”, en distritos electorales particulares y no es necesario probar que se realizó dicha acción en el estado completo. Esbozó que erró el Tribunal de Distrito al determinar que por el Alabama Legislative Black Caucus utilizar evidencia circunstancial de todo el estado, estaba impugnando la redistribución electoral en su totalidad; (2) el Alabama Democratic Conference posee “standing” porque se pudo inferir que poseía miembros en todos los distritos del estado; (3) cuando el estado busca proteger la igualdad poblacional en una redistribución electoral, se debe considerar, como factor predomínate, la raza de las personas que están siendo transferidas de un distrito a otro; (4) el propósito de la sección 5 del Voting Rights Act no es mantener el mismo porcentaje de población de las minorías en los distritos. El propósito es mantener la habilidad de las minorías para elegir los candidatos de su predilección. Se envió el caso nuevamente al Tribunal de Distrito federal para continuar el proceso conforme a los nuevos parámetros esbozados por la opinión mayoritaria.
El Hon. Antonin Scalia emitió la opinión disidente del Tribunal. Arguyó que el grupo Alabama Democratic Conference no demostró que poseía miembros residentes en los distritos en que se alegó el “gerrymandering” y, por tanto, no poseían “standing” para litigar el pleito. Indicó que a base de los escritos presentados por el Alabama Legislative Black Caucus, estos no impugnaron la redistribución en algunos distritos, como determinó la mayoría sino que impugnaron el proceso en su totalidad.
Reseña por Joel Pizá Batiz