Varias organizaciones locales e internacionales presentaron una solicitud ante el Secretario de Justicia de Puerto Rico, Cesar Miranda Rodríguez, para que investigue por crímenes de lesa humanidad a los jueces Milton Ray Guevara, Justo P. Castellanos Khoury y Rafael Díaz Filipo, quienes se presentaron esta semana en una conferencia en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran: Comuna Caribe, el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití, la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, la Red de Esperanza y Solidaridad Diócesis de Caguas, el Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, el National Lawyers Guild y el International Lawyers Guild.
Según el comunicado emitido por las organizaciones, la solicitud al Secretario de Justicia busca poner en vigor la jurisdicción que tiene Puerto Rico para procesar a personas responsables de crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad. De esta forma se solicita que se tomen las medidas cautelares necesarias para que no abandonen la jurisdicción de Puerto Rico hasta que se concluya la investigación criminal.
“Esta acción envía un mensaje de que no van a quedar impunes aquellos que violan los derechos humanos. No podrán esconderse en sus títulos, se les señalará y responderán por sus crímenes contra la humanidad.”, expone la comunicación.
El estado dominicano ha anunciado que reiniciará las deportaciones afectando a miles de dominicanos de ascendencia haitiana. A través de la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional dominicano se desnacionalizó retroactivamente a miles de dominicanos su mayoría de ascendencia haitiana, que habían sido inscritos en el registro civil desde el año 1929. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado dominicano y señaló que la sentencia 168-13 es contraria al derecho internacional de los derechos humanos.
“Esa sentencia discriminatoria y xenófoba generó la persecución de un grupo de dominicanos en razón de su raza y etnia, dejándoles en situación de apátridas y en riesgo de ser expulsados forzosamente del territorio dominicano, donde nacieron y tienen todos sus vínculos familiares, culturales y sociales. Los jueces denunciados emitieron una sentencia ilegítima violatoria de los derechos humanos y que atenta contra la seguridad jurídica, física y mental de miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Sus efectos constituyen un crimen de lesa humanidad que no debe quedar impune”, denuncia el documento.
Las organizaciones esperan que el Secretario de Justicia abra de inmediato una investigación penal sobre este asunto y tome las medidas para que estos violadores de derechos humanos no abandonen la jurisdicción de Puerto Rico.