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Supremo federal permite uso de drogas de ejecución

Glossip v. GrossEl Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló contra tres prisioneros condenados a la pena de muerte que retaron constitucionalmente la utilización de una droga de ejecución que se alega causa un “dolor agudo e insoportable”. El Tribunal Supremo determinó que es legal la utilización de la inyección letal midazolam y que ello no violenta la disposición constitucional contra castigos crueles e inusitados.

Según Richard Glossip y otros prisioneros demandantes en el caso, aún si esta droga se administrara de forma adecuada, ello no asegura que causa una inconsciencia profunda antes de que los componentes que detienen el corazón causando dolor, comiencen a sentirse.

El Tribunal, en su decisión mayoritario escrita por el juez Samuel Alito Jr., determinó que los prisioneros no pudieron establecer que la utilización de midazolam viola la Octava Enmienda, que prohíbe los castigos crueles e inusitados. Alito Jr. expresó que en primer lugar, los prisioneros no pudieron identificar un método alternativo disponible y conocido para llevar a cabo ejecuciones que cause menos dolor, un requisito de cualquier reclamo que se haga bajo la Octava Enmienda sobre cualquier método de ejecución. En segundo lugar, el Tribunal de Distrito no cometió un error claro cuando determinó que los prisioneros no establecieron que el uso de una dosis masiva de midazolam conlleva un riesgo de sufrir un dolor severo.

La jueza Sonia Sotomayor criticó en su disenso a la opinión mayoritaria afirmando que “deja a los prisioneros expuestos a lo que sería el equivalente químico a ser quemado en la hoguera. Bajo la nueva regla del Tribunal, no importa si el estado usará midazolam o en lugar de ello hará que los peticionarios sean descuartizados, torturados lentamente o quemados en una hoguera”.

Alito Jr. contestó a este argumento explicando que esta retórica revela la debilidad de los argumentos legales de Sotomayor.

En un segundo disenso, al que se unió la jueza Ruth Bader Ginsburg, el juez Stephen G. Breyer aprovechó para expresar que “este es el momento para considerar una controversia más importante”. Esa controversia siendo, específicamente, si la pena de muerte violenta la Constitución de Estados Unidos.

No obstante, el juez Antonin Scalia, en su opinión junto al juez Clarence Thomas, respondió a esta anotación de Breyer explicando que varias veces la gente ha votado a favor de la pena de muerte como un castigo por los crímenes más serios. Asimismo, el Tribunal ha confirmado dicha decisión.