Leyendo un libro del profesor David L. Hudson (The Handy Supreme Court Answer Book, págs. 339-343; 391) descubrí que la pena de muerte fue inconstitucional en todos los Estados Unidos y sus territorios por un periodo de 4 años. Aunque todavía existen 32 estados que imponen la pena de muerte, creo pertinente compartir dicha información con la comunidad jurídica y el público en general por ser éste un debate jurídico que persiste en nuestros tiempos.
por Joel Pizá Batiz
Se podría argumentar que William Henry Furman fue un hombre con mucha suerte, si lo examinamos a la luz del castigo que le correspondía, luego de salir culpable de asesinato al cometer un robo. Fue el primer hombre, después de 181 años de aprobarse la Constitución, en librarse de la pena de muerte por ser ésta declarada inconstitucional. El Tribunal Supremo determinó en Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972), que la pena de muerte era un castigo cruel e inusitado bajo la octava enmienda de la Constitución federal y que se le extendía a todos los estados a través de la decimocuarta enmienda de la Constitución federal. Dicha decisión tuvo el efecto de detener todas las penas de muerte en los 50 estados y los territorios.
La decisión fue muy importante porque nuestra estructura constitucional posee como axioma organizacional el federalismo. El juez William J. Brennan, Jr. esbozó que la pena de muerte era condenable y ofensiva a la dignidad humana. Por otro lado, el juez William O. Douglas manifestó que la pena de muerte estaba preñada de discriminación.
No obstante, cuatro jueces emitieron opiniones disidentes: Warren E. Burger, Harry Blackmun, Lewis F. Powell y William H. Rehnquist. Dichas opiniones indicaban que la pena de muerte era un asunto estatal y no judicial. También se indicó que no se violaba la octava enmienda porque la pena de muerte se aplicó antes de la aprobación de la octava enmienda y después de ésta. El juez asociado William Rehnquist manifestó que la opinión mayoritaria expandía la autoridad judicial más allá de los límites contemplado por los padres fundadores de la Constitución.
Dicha prohibición absoluta de la pena de muerte en los 50 estados concluyó cuando el Supremo federal adjudicó el caso Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976). En dicho caso, el Tribunal Supremo manifestó que la pena de muerte no viola la octava enmienda de la Constitución federal de forma automática. Sólo serán inconstitucionales las sentencias de pena de muerte de los estados que no le permitieron al jurado considerar factores mitigadores y agravantes al momento de imponer la pena de muerte. La primera persona en ser ejecutada luego de este caso fue Gary Gilmore en el 1977.
El profesor David L. Hudson realizó una selección de casos durante las décadas del 1970, 1980, 1990 y 2000 para observar cómo fue evolucionando el tratamiento otorgado por el Supremo federal a las penas de muertes que imponían los estados. Algunos de estos casos son:
Década de 1970
Roberts v. Louisiana (1976): Inconstitucional la pena de muerte por asesinar a un policía sin permitirle al jurado tomar en consideración factores mitigantes a la hora de imponer la pena de muerte.
Woodson v. North Carolina (1976): Inconstitucional ley que requería la pena de muerte para todos los acusados de asesinato en primer grado.
Gilmore v. Utah (1976): Los condenados a muerte pueden renunciar a su derecho a apelación.
Coker v. Georgia (1976): La pena de muerte por el delito de violación es inconstitucional por violar la octava enmienda y ser un castigo desproporcional.
Lockett v. Ohio (1978): No se puede impedir presentar factores mitigantes en la etapa de sentencia en un caso de pena de muerte.
Década de 1980
Enmund v. Florida (1982): Inconstitucional la pena de muerte para una persona que fue co-autor de un delito que resultó en una muerte pero que no participo directamente de la muerte o tentativa de la muerte.
Eddings v. Oklahoma (1982): Inconstitucional el impedir presentar factores atenuantes y mitigantes en un caso de pena de muerte para un menor de edad.
California v. Ramos (1983): No es inconstitucional indicarle al jurado que el gobernador podría indultar al acusado de ser sentenciado a muerte.
Barclay v. Florida (1983): No es inconstitucional que el jurado escuche el récord criminal del acusado en un caso donde se solicitó la pena de muerte.
Strickland v. Washington (1984): Un sentenciado a pena de muerte puede probar que dicha sentencia fue debido a que su abogado no realizó bien su trabajo si prueba razonablemente que el resultado hubiese sido distinto.
Caldwell v. Mississippi (1985): Inconstitucional que el fiscal le comunique al jurado que su decisión de sentencia de muerte será revisada por el Tribunal de Apelaciones.
Ford v. Wainwright (1986): Inconstitucional condenar a pena de muerte a personas con incapacidad mental.
Darden v. Wainwright (1986): Los comentarios impropios del fiscal en el cierre del caso no justifican el invalidar la sentencia a muerte.
Skipper v. South Carolina (1986): Invalida sentencia a pena de muerte por no permitir factores mitigantes como la buena conducta del acusado en la cárcel.
Thompson v. Oklahoma (1988): Inconstitucional la pena de muerte para una persona que cometió el delito a los 15 años de edad.
Década de 1990
Coleman v. Thompson (1991): Corte federal no puede revisar habeas corpus de una sentencia de pena de muerte estatal porque se pasó del término de presentar el habeas corpus.
Payne v. Tennessee (1991): El jurado puede escuchar evidencia por parte de la familia de la víctima en la etapa de sentencia.
Romano v. Oklahoma (1994): No es inconstitucional que el jurado escuche que el acusado ya había recibido una pena de muerte por otro delito.
Década de 2000
Atkins v. Virginia (2002): Inconstitucional aplicar pena de muerte a personas con retraso mental. Dicho caso revocó a Penry v. Lynaugh (1989).
Ring v. Arizona (2002): Sólo el jurado, no un juez, puede tomar las determinaciones de hechos agravantes para imponer la pena de muerte. Se revocó a Walton v. Arizona (1990).
Wiggins v. Smith (2003): Se violó la sexta enmienda cuando el abogado falló en presentar factores mitigadores durante la etapa de sentencia en un juicio de pena de muerte.
Roper v. Simmons (2005): Inconstitucional la pena de muerte para una persona que cometió el delito cuando era un menor de edad. Se revocó Stanford v. Kentucky (1989).