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La identidad artística ante la inteligencia artificial: protección de la imagen y la voz en España y Estados Unidos

Resumen de puntos principales
  • La IA genera voces e imágenes extremadamente realistas sin consentimiento, planteando protección de la identidad distinta de los derechos de autor.
  • En Estados Unidos el right of publicity varía por estado; proyectos federales como NO FAKES buscan protección uniforme y procedimientos de retirada.
  • España protege la imagen como derecho fundamental, pero la normativa vigente no resuelve con claridad la simulación de voz ni los usos no comerciales.
  • El consentimiento específico y la delimitación de usos son esenciales; Puerto Rico amplió la protección a representaciones IA pero mantiene incertidumbres sobre fines no comerciales.

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del(a) autor(a) y no reflejan las opiniones y creencias de Microjuris o sus afiliados.

Por la Lcda. Graciela Febles García

Una canción circula en las plataformas con la voz inconfundible de un cantante que nunca grabó. Nadie copió necesariamente una grabación: se recreó una identidad. Bastan unas pocas grabaciones o fotografías para que la inteligencia artificial (IA) generativa reproduzca, con un realismo cada vez mayor, la voz y la imagen de cualquier persona. La pregunta es inevitable: cuando eso ocurre sin su consentimiento, ¿protege el derecho vigente al artista?

Quizás la respuesta no esté en los derechos de autor, que protegen las obras del artista, sino en aquello que lo identifica: su voz, su rostro, su imagen. No se trata de proteger lo que el artista hace, sino lo que el artista es. En Lehrman v. Lovo, Inc., un tribunal federal de Nueva York desestimó en 2025 las reclamaciones de marcas y la mayor parte de las de copyright de dos actores de voz cuyas voces habían sido clonadas, pero mantuvo las basadas en la legislación neoyorquina sobre el uso de la identidad. Un año más tarde, los propios artistas tomaron nota: el 31 de agosto de 2026, Jason Isbell y otros tres músicos presentaron en Massachusetts una demanda colectiva contra Suno fundada en las leyes de right of publicity y privacidad de más de una docena de jurisdicciones, entre ellas Puerto Rico, y no en el copyright. El 3 de noviembre de 2026, Suno solicitó la desestimación, alegando, entre otros argumentos, que esas reclamaciones están desplazadas por la Copyright Act. Las alegaciones siguen pendientes de resolución, pero el giro es claro: los artistas han pasado de proteger sus grabaciones a reclamar la protección de su identidad.

Estados Unidos: proteger el valor de la identidad

El modelo estadounidense descansa en el right of publicity, una figura de derecho estatal que permite oponerse al uso no autorizado del nombre, la imagen o la voz, pero cuyo alcance varía de un estado a otro. En Midler v. Ford Motor Co. (1988), el Noveno Circuito reconoció una acción por la imitación deliberada de la voz de una cantante en un anuncio, aunque el estatuto californiano no alcanzaba la imitación. Décadas después, Tennessee dio el paso legislativo con la ELVIS Act de 2024, que protege expresamente la voz real o simulada. Siguiendo esa misma línea, el estado de California exige, desde 2025, que las cláusulas que permitan sustituir a un intérprete por su réplica digital describan de forma razonablemente específica los usos previstos cuando el intérprete no ha contado con la asistencia de un abogado o de un sindicato. Finalmente, el convenio de SAG-AFTRA ha situado el consentimiento y la compensación en el centro de la contratación audiovisual.

La gran apuesta federal es el NO FAKES Act de 2026 (S. 4591), que reconocería a toda persona un derecho sobre las réplicas digitales altamente realistas de su voz y su apariencia, sin exigir finalidad comercial. Su alcance sería una de sus principales aportaciones: establecería una protección federal aplicable a cualquier persona, independientemente de su notoriedad pública o del estado en que resida. El derecho no podría cederse en vida, aunque sí licenciarse, y se transmitiría a los herederos por un máximo de setenta años tras la muerte. El proyecto podría tener, además, un efecto armonizador: aunque preservaría las leyes estatales vigentes, desplazaría las futuras sobre réplicas digitales, lo que contendría la fragmentación actual. Incorporaría también un procedimiento único de notificación y retirada exigible a las plataformas, similar al que la TAKE IT DOWN Act ya impone desde mayo de 2026 para las imágenes íntimas no consentidas. Para un artista cuya voz clonada circula en internet, ese mecanismo podría marcar la diferencia entre una reclamación costosa y lenta y una retirada efectiva. Sin embargo, el 30 de septiembre de 2026, el senador Ted Cruz se opuso a su aprobación por consentimiento unánime, lo que aplazó su tramitación. Por ahora, sigue siendo solo una propuesta.

España: la identidad como derecho de la personalidad

Del otro lado del Atlántico, el punto de partida es distinto. España se apoya en el artículo 18.1 de su Constitución, que reconoce el derecho fundamental a la propia imagen, desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982. Su artículo 7.6 considera como intromisión ilegítima el uso del nombre, la voz o la imagen con fines publicitarios, comerciales o análogos, pero no aclara si una voz simulada equivale a la voz protegida ni alcanza los usos no comerciales. Existe, además, un matiz importante en el artículo 7.5: se refiere a la captación, la reproducción y la publicación de la imagen, actos distintos que requieren autorizaciones diferentes. Un sistema de IA puede no captar la imagen de nadie, pero sí reproducirla y publicarla.

A falta de una norma específica, los tribunales han ido marcando el camino. En el caso del actor y presentador de televisión Emilio Aragón, el Tribunal Supremo negó la intromisión porque un dibujo alusivo a su indumentaria televisiva no lo identificaba por sí mismo, y el Tribunal Constitucional denegó el amparo al entender que lo afectado era el valor comercial de esa imagen, no la persona (STC 81/2001). Muy interesante que, en cambio, en Barcelona la Audiencia Provincial de Barcelona consideró ilegítimo el uso publicitario de un imitador de un conocido bailarín de flamenco, según recoge la doctrina. Se trata de una sentencia de una Audiencia Provincial, que no constituye jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentido estricto, pero apunta a que lo decisivo no es si se usó la imagen real, sino si el resultado identifica a la persona.

Eso es precisamente lo que hace un clon de voz. Los tribunales han fijado también un límite cuando la imagen se manipula digitalmente. En la STC 23/2010, el Tribunal Constitucional aceptó que un fotomontaje puede calificarse de caricatura, pero apreció una intromisión porque solo buscaba la burla de la afectada y un beneficio económico. Con esos límites, la excepción de caricatura podría amparar contenidos generados por IA que respondan a la libertad de expresión, siempre que se refieran a personas con proyección pública, no persigan fines comerciales ni lesionen gravemente el honor.

El Gobierno español intentó despejar estas dudas con un proyecto de ley orgánica que consideraba intromisión ilegítima la utilización o difusión de la imagen o la voz de una persona “creada, simulada o manipulada tecnológicamente” con una apariencia extremadamente realista, aun sin finalidad comercial. El proyecto, sin embargo, decayó con la disolución de las Cortes, acordada el 5 de octubre de 2026, tras la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026. Mientras tanto, en el ámbito laboral, el 17 de septiembre de 2026 el Ministerio de Trabajo y Economía Social difundió un proyecto de anteproyecto de ley orgánica que circunscribiría las réplicas digitales de los artistas al objeto del contrato y exigiría, para otros usos, un acuerdo escrito y una compensación económica expresa y diferenciada; complementaría el Real Decreto 607/2026, que aún no ha entrado en vigor; es, con todo, un texto en fase inicial. En el ámbito europeo, el Reglamento de IA obliga, desde el 2 de agosto de 2026, a advertir cuando un contenido es una ultrasuplantación (deepfake). Se trata, sin embargo, de una norma de transparencia y no de protección de la identidad: una etiqueta de “generado con IA” informa al público, pero no equivale al consentimiento de la persona representada.

Lo que revela la comparación

Puestos uno junto al otro, ambos modelos se parecen más de lo que suele pensarse. Ninguno ignora la dignidad ni el valor económico de la identidad; la diferencia está en cuál de los dos ocupa el primer lugar. En España, la protección nace de la dignidad de la persona; en Estados Unidos, del interés en controlar el uso comercial de la identidad. Cada modelo tiene, además, su fortaleza y su debilidad: España ofrece una misma regla en todo su territorio, pero su legislación vigente no resuelve expresamente la simulación; algunos estados norteamericanos, en cambio, han reconocido antes y de forma expresa la voz y la imagen simuladas, aunque cada uno a su manera.

Donde más coinciden es en el consentimiento. Autorizar una réplica digital es autorizar contenidos que todavía no existen, y por eso ambos sistemas tienden a exigir que la autorización describa el uso concreto. En España, el carácter irrenunciable del derecho a la propia imagen y la interpretación restrictiva de las autorizaciones permiten sostener que una cesión genérica para su explotación mediante IA podría plantear problemas de validez.

Donde más se separan es tras la muerte del artista: California reconoce a los herederos un derecho patrimonial que pueden explotar durante setenta años, mientras que España solo permite a determinadas personas defender la memoria del fallecido.

La pertinencia para Puerto Rico

Esta comparación no es ajena a Puerto Rico. En agosto de 2026 se aprobó la Ley Núm. 163-2026, que incorpora al concepto de imagen las representaciones generadas mediante IA. Sin embargo, la Ley Núm. 139-2011 sigue exigiendo que el uso tenga fines comerciales, mercantiles o publicitarios para que pueda reclamarse. Queda abierta, por tanto, la cuestión de cómo proteger a la persona frente a usos de su identidad simulada que no persiguen una finalidad comercial.

Al final, la inteligencia artificial no inventó la imitación de voces ni el uso no autorizado de la imagen; lo que ha cambiado es la escala, la rapidez y el realismo con que hoy pueden producirse. Por eso, la pregunta jurídica de fondo ya no parece ser únicamente si hubo una copia o una captación, sino si se utilizaron, sin autorización, los atributos que identifican a una persona.

La experiencia comparada permite identificar tres cuestiones fundamentales para la protección de la identidad frente a las réplicas digitales: el alcance de las normas ante usos que no persiguen una finalidad comercial; la necesidad de que las autorizaciones delimiten claramente los usos permitidos; y la distinción entre informar que un contenido ha sido generado mediante inteligencia artificial y obtener el consentimiento de la persona representada.

En definitiva, el uso de la identidad ajena requiere un consentimiento tan claro como el propio contenido que se pretende crear.

Esta columna se basa en el trabajo de fin de máster de la autora, presentado en el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), Madrid.

Las columnas deben enviarse a mad@corp.microjuris.com y deben ser de 600-800 palabras.