Descarga el documento: Kingsley v. Hendrickson
Decidido: 22 de junio de 2015
Michael Kingsley fue arrestado por actos relacionados a drogas y fue ingresado a una cárcel del estado de Wisconsin en espera del juicio. El 20 de mayo de 2010, un oficial realizaba una ronda preventiva en la penitenciaria y encontró un pedazo de papel cubriendo la bombilla de la celda del Sr. Kingsley. El oficial le ordenó remover el papel y Kingsley se negó. Otros oficiales le ordenaron lo mismo e igualmente se rehusó. Al otro día el administrador de la cárcel le ordenó remover el papel y volvió a negarse. El administrador le notificó que oficiales removerían el papel y lo removerían para otra celda. Existen versiones disimiles de como dicha remoción se suscitó. Los oficiales alegan que el confinado se resistió y tuvieron que neutralizarlo. El Sr. Kingsley alegó que se huso exceso de fuerza física contra de él. Pero ambas partes coinciden en que se utilizó una pistola eléctrica (“taser”) contra de él, se le pusieron unas esposas y lo dejaron tirado con ellas puestas por 15 minutos.
Como resultado de esos hechos, el Sr. Kingsley presentó una demanda al amparo de la sección 42 U.S.C. § 1983 en el Tribunal federal de Distrito. Alegó que las acciones de los oficiales violaron la cláusula de debido proceso de la decimocuarta enmienda. Esto fundamentado en el caso Bell v. Wolfish, 441 U. S. 520 (1979), donde el Tribunal Supremo federal determinó que viola la cláusula de debido proceso de ley de la Decimocuarta Enmienda cualquier trato a un confinado en una cárcel estatal en espera de juicio que se haga con la intención de castigarlo o penalizarlo (recordemos que todavía no ha sido juzgado y se presume inocente).
El jurado falló a favor de los oficiales demandados. En apelación al Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, el señor Kingsley argumentó que el estándar aplicable para un confinado encarcelado en espera de juicio que presenta una reclamación por fuerza excesiva debe ser el de un acto irrazonable de forma objetiva y alegó que el jurado no recibió dicha instrucción. El Tribunal de Apelaciones no acogió el argumento del Sr. Kingsley y dictaminó que el estándar apropiado para dicho tipo de casos debe ser un análisis subjetivo de la mente del oficial al momento de los actos. En otras palabras, debe existir una intención deliberada de afectar los derechos de la víctima al momento de la comisión de los actos. Inconforme, el Sr. Kingsley acudió al Tribunal Supremo federal. El Tribunal Supremo federal expidió el caso como resultado de la discrepancia de opiniones de dicha controversia en varios circuitos de apelaciones.
La controversia del presente caso es la siguiente: ¿Se satisface un reclamo de fuerza excesiva contra un confinado en espera de juicio al demostrar que la acción fue desmesurada a través de un análisis de razonabilidad objetiva?
El Hon. Stephen Breyer emitió la opinión dividida 5-4 del Tribunal. Manifestó que la cláusula de debido proceso de ley de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal protege a un confinado encarcelado en espera de juicio de actos de actos de fuerza excesiva que pueden constituir un castigo. El estándar aplicable en dicho tipo de escenarios debe ser uno objetivo. Esto quiere decir que el demandante no tiene que demostrar el estado mental del demandado al momento de los actos. Sólo debe mostrar de forma objetiva, que de ordinario una persona razonable consideraría dicho acto como uno excesivo. Esbozó que el estándar objetivo también protege a los oficiales que actúan de buena fe. El Tribunal reconoció al arduo trabajo de un oficial penal y señaló que la corte debe emitir el juicio de razonabilidad objetivo considerando la perspectiva del oficial penal y su interés legítimo de mantener orden en la institución penal.
El Hon. Antonin Scalia emitió una opinión disidente. Adujo que sí cree que un exceso de fuerza para castigar a un confinado en espera de juicio viola la Decimocuarta Enmienda. No obstante, mencionó que el estándar de razonabilidad objetiva, por sí solo, no era suficiente para determinar que la acción de un oficial correccional es una intencional y excesiva. Articuló que no cree que cualquier aplicación intencional de fuerza considerada objetivamente irrazonable, constituye una fuerza excesiva equivalente a un castigo o pena. Indicó que dicha prueba de por sí no levanta las protecciones de la Decimocuarta Enmienda.
Reseña por Joel Pizá Batiz