La Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) acusó a una compañía corredora de datos («data brokers») basada en el estado de la Florida de vender información financiera de consumidores a una compañía fraudulenta que alegadamente la utilizó para estafarles por varios millones de dólares.
La directora del Buró de Protección al Consumidor de esa agencia, Jessica Reich, anunció la demanda a la vez que explicó que este caso demuestra cómo la información de los consumidores, colectada y agregada por los corredores de datos, puede terminar en las manos equivocadas.
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“Existe mucho debate acerca de cuál es el daño que puede ocurrir cuando se vende la información de consumidores. Bueno, uno de los daños es que los corredores de información ilegítimos pueden vender esos datos a estafadores profesionales”, señaló Reich.
Los corredores de datos son compañías que compilan información acerca de la actividad de consumidores en la Internet, las compras que realizan en línea, los récords públicos y otras fuentes, y que luego utilizan para construir perfiles que envían a terceros. Estos terceros utilizan esos datos para mercadeo, prevención de fraude y otros propósitos.
Las compañías demandadas, que a su vez comparten dueños, oficinas, empleados y fondos, son Sequoia One, LLC, ubicada en Tampa y Gen X Marketing Group LLC, ubicada en Clearwater. Alegadamente ambas compañías vendieron solicitudes de préstamos de clientes que incluían su seguro social, números de cuentas, teléfonos, fechas de nacimiento y otra información, que luego fue utilizada para cometer fraude.
Uno de los terceros que compró solicitudes de préstamos fue la compañía fantasma Ideal Financial Solutions. Esta compañía compró las solicitudes a 50 centavos por solicitud desde el año 2009 hasta el año 2013. Esos datos fueron utilizados para robar 7.1 millones de dólares de cuentas de banco y tarjetas de crédito de más de medio millón de consumidores.
La Comisión además acusó a Sequoia y a Gen X de trabajar en común acuerdo con Ideal Financial para encubrir los cargos no autorizados, al utilizar lenguaje en sus comunicaciones que le daban autorización a la compañía fraudulenta para debitar dinero de las cuentas de los consumidores.
Dos de los ejecutivos acusados por la Comisión han decidido transigir los cargos.