La Oficina de Patentes y Marcas (USPTO, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos otorgó los derechos de la marca del ron Havana Club al gobierno de Cuba, revirtiendo así una política que le negaba los derechos de la marca dentro de los Estados Unidos. La decisión representa el fin a un litigio que data de dos décadas entre Cuba y la empresa Bacardí, que comercia un ron también llamado Havana Club, producido en Puerto Rico.
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Bacardí ha vendido Havana Club en los Estados Unidos desde el 1995, cuando adquiriera los derechos de la familia fundadora que abandonó Cuba en el año 1960 luego de que sus bienes fueran embargados. Según la compañía, el ron se confecciona en Puerto Rico por razón del embargo sobre Cuba.
Actualmente la decisión no tiene una repercusión real, precisamente por razón del embargo. No obstante, la decisión permitirá a Cuba comercializar en los Estados Unidos el ron Havana Club producido en territorio cubano una vez cese el embargo. Cubaexport —compañía con relaciones con el gobierno cubano— fue quien solicitó la marca, que le fue concedida por los quince días de vigencia que le quedan a la marca antes de tener que renovarla. La compañía solicitó a su vez una extensión por diez años más, hasta el 2026.
El Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Externos, Rick Wilson, expresó que la compañía hará todo lo posible para pelear la decisión, incluyendo recurrir al litigio. «Es asombroso que la administración haya otorgado esta licencia al gobierno cubano por bienes que fueron confiscados», expresó sobre el gobierno del presidente Barack Obama en entrevista con el diario The Wall Street Journal.
El origen de la interminable batalla legal se remonta al momento en que la firma Bacardí, que producía en Cuba los rones Bacardí y Havana Club, abandonara el país luego del triunfo de la revolución cubana y continuara la producción de sus productos en México y Puerto Rico. En la isla comenzó a producir y comercializar el ron Havana Club.
En 1976 Cuba logró obtener el registro de la marca en Estados Unidos, pero en 2006 lo perdió al no aceptársele la debida licencia de la Oficina de Control en Asuntos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés). La Habana abrió entonces un nuevo frente en la batalla legal, que en 2012 llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero entonces el Tribunal decidió no analizar el caso.