El gobernador de Puerto Rico, Luis G. Fortuño, anunció ayer la terminación del caso más antiguo en la historia correccional de la isla, «Efraín Montero Torres vs. Rafael Hernández Colón», que por sobre tres décadas mantuvo al Gobierno de Puerto Rico con multas millonarias bajo el Tribunal Federal por violación de derechos civiles de los confinados. Con este cierre, se han reducido de 1,300 órdenes bajo el caso Morales Feliciano, a tan sólo 27. Este litigio, que data de 1975, fue incorporado bajo los señalamientos federales del caso Morales Feliciano en 1979.
«Hemos llegado a un acuerdo histórico para dar por concluido el caso de Efraín Montero Torres v. Rafael Hernández Colón, litigio que en el 1979 encontró violaciones a los derechos de los confinados ante la Junta de Libertad Bajo Palabra. Hemos corregido los señalamientos más apremiantes del Caso Morales Feliciano, logrando consistentemente mejorar los estándares de vida para la población correccional. De 1,300 órdenes que han litigado al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), estamos a tan sólo 27 órdenes para próximamente dar fin a este histórico caso», expresó el Gobernador.
Enfatizó que, «hemos logrado establecer un nivel de cumplimiento y eficiencia en la tramitación de los procesos y en el término en que se realizan los mismos bajo la Junta de Libertad Bajo Palabra. Ante la evaluación de los abogados de los confinados y el escrutinio del Tribunal Federal, estas partes entienden que ya no existen las condiciones de violaciones de derechos civiles que marcaron el caso de Montero Torres por los pasados 35 años».