Ley de Puerto Rico

Enmienda Reglas de expropiación forzosa

Lea la Ley completa: [Ley Núm. 90-2012] del 17 de mayo de 2012.

Enmienda las Reglas de Procedimiento Civil, Reglas 58.3 y 58.9 . Extiende el término de vigencia de la certificación registral. Requiere que se incluya un estudio de título en los casos en que la certificación tenga más de tres meses de expedida, previos a la presentación de la demanda. Dispone que cualquier solicitud de retiro o distribución del dinero depositado debe estar juramentada.

«Las normas y principios aplicables al ejercicio del derecho de expropiación del Estado surgen de diversas fuentes jurídicas, incluyendo las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, las cuales regulan complementariamente el procedimiento judicial aplicable a estos casos. Entre éstas, el inciso (c) de la Regla 58.3 de Procedimiento Civil de 2009 dispone los documentos que deberán acompañar la demanda de expropiación forzosa, los cuales constituirán el legajo de expropiación. Dicho inciso, en el subinciso (3), requiere la inclusión de una certificación expedida por el Registro de la Propiedad dentro de los tres meses anteriores a la presentación de la demanda. El requisito de certificación registral responde a la necesidad de establecer quiénes son las personas naturales o jurídicas con interés o derecho sobre la propiedad,  a los fines de garantizarles el debido proceso de ley. De igual forma, el término de tres meses pretende procurar que el procedimiento se lleve a cabo con información corriente, vigente y adecuada.

A pesar de los principios anteriormente expuestos, al analizar la viabilidad de estas reglas y procedimientos es preciso considerar los aspectos prácticos de su operación. Por un lado, el problema de atraso en el Registro de la Propiedad como consecuencia, entre otros, del alto nivel de tráfico económico y jurídico, dificulta la rápida disposición de las solicitudes de certificaciones registrales. Por otro lado, la gran cantidad de requisitos sustantivos y trámites procesales con los que debe cumplir la entidad expropiante convierten este periodo de tiempo de tres meses en uno impráctico y oneroso. Esta situación no sólo provoca dilación en el desarrollo de obras públicas esenciales, sino que presupone un aumento en el costo de las mismas. A tenor con lo anterior, es preciso establecer mecanismos pragmáticos que concilien adecuadamente el interés gubernamental de adquirir propiedad para el desarrollo de obras públicas y los derechos constitucionales de los ciudadanos.

En reconocimiento de lo anterior, la presente Asamblea Legislativa estima necesario enmendar el subinciso (3) del inciso (c) de la Regla 58.3 de Procedimiento Civil de 2009 a los fines de extender el término de vigencia de la certificación registral de tres a seis meses. A su vez, se dispone que en los casos donde la certificación fue expedida dentro del periodo de seis meses, pero en una fecha que sobrepasa los tres meses previos a la presentación de la demanda, la entidad expropiante deberá acompañar o suplementar la certificación registral con un estudio de título realizado dentro de los diez días anteriores a la presentación de la demanda. Este procedimiento no sólo mantiene la confiabilidad de una certificación registral, sino que permite que el legajo de expropiación contenga información registral actualizada. Igualmente, a los fines de proveerle un mayor grado de confianza a los estudios de título aquí requeridos, se dispone que los mismos deberán ser realizados por un notario público, o por una persona natural o jurídica que posea póliza de seguro que responda por cualquier error u omisión en el título.

Por otro lado, si bien el mecanismo previamente referido provee un nivel adecuado de confiabilidad sobre la identidad de las partes con interés y la naturaleza de sus derechos sobre la propiedad objeto de expropiación, lo cierto es que la realidad registral de una propiedad no necesariamente corresponde o coincide con su realidad extra-registral. En ocasiones, dichas discrepancias tienen el efecto de privar o retrasar el acceso de una persona con derecho o interés propietario a la justa compensación. Igualmente, cualquier omisión afecta el derecho al debido proceso de ley de dichas partes. Evidentemente, la persona que tiene mayor conocimiento sobre los intereses y transacciones que afectan la propiedad es su titular. En reconocimiento de esto, se enmienda, a su vez, la regla 58.9 de Procedimiento Civil de 2009, a los fines de requerir que toda solicitud de retiro o distribución del dinero depositado deba estar juramentada. De igual forma, se dispone que en dicha solicitud, la parte deberá certificar que ha revisado el legajo de expropiación y que el mismo refleja adecuadamente todas las personas que, según su conocimiento, tienen un derecho sobre dicha propiedad, incluyendo: los dueños(as), ocupantes, arrendatarios(as), usufructuarios(as) y acreedores(as) hipotecarios(as). En los casos donde la parte tenga conocimiento de alguna transacción o derecho sobre la propiedad que no surja del legajo de expropiación, se requiere que la parte así lo notifique al Tribunal.»

 

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