Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico

Supremo clarifica fórmula para determinar el volumen de negocio sujeto a patentes municipales

Partes: Pepsi-Cola Manufacturing International Limited; Pepsico Puerto Rico, Inc., Peticionarios V. Director De Finanzas Del Municipio Autónomo De Cidra Y Otros, Elizabeth Aponte Rivera, En Su Capacidad Oficial Como Directora De La Ofic. De Exención Contributiva Industrial Del Depto. De Estado, Estado Libre Asociado De Puerto Rico, Recurridos

«En el presente caso revisaremos la impugnación del pago de patentes municipales, cobradas por el Municipio de Cidra (Municipio) en calidad de deficiencias adeudadas de conformidad con la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Patentes Municipales. Específicamente, se cuestiona la manera en que se debe calcular el volumen de negocios atribuibles a operaciones llevadas a cabo en un municipio por una empresa acogida a la Sección 936 del Código Federal de Rentas Internas (Sección 936), según enmendada, la cual también goza de un decreto de exención contributiva en virtud de la Ley Núm. 135-1997, conocida como Ley de Incentivos Contributivos de 1998.»

«Ciertamente, la cifra que últimamente se utilizará en calidad de volumen de negocio atribuible a operaciones en el Municipio tendrá que reunir los criterios expuestos en la Ley de Patentes Municipales.  21 L.P.R.A. sec. 651a(a)(7) (2005).  Después de todo, el decreto de exención contributivo no alteró la definición de volumen de negocio sujeto a patentes municipales, sino que proveyó que esa cantidad se redujera por la mitad.»

Lea el documento completo: [2012TSPR143]

En el caso CC-2008-140, los abogados de la Oficina del Procurador General fueron el Lcdo. Salvador Antonetti Stutts, Procurador General, el Lcdo. José Torres Asencio, Procurador General Auxiliar, y el Lcdo. Pedro J. Cabán Vales, Procurador General Auxiliar; y el abogado del recurrido fue el Lcdo. Héctor Hernández Soto.

En el caso CC-2008-136, los abogados del peticionario fueon el Lcdo. Juan Acosta Reboyras y el Lcdo. Julio Eduardo Torres; los abogado del recurrido fueron el Lcdo. Eduardo H. Martínez Echevarría; de la Oficina del Procurador General, la Lcda. Ileana M. Oliver Falero, Subprocuradora General Interina, y el Lcdo. Luis Torres Asencio, Procurador General Auxiliar.

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