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Activistas conversan sobre audiencia de Puerto Rico ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos

Audiencia de Puerto Rico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C.
Foto: Daniel Cima / CIDH

El pasado miércoles, 15 de abril se llevó a cabo el conversatorio Activismo transnacional: una herramienta para la promoción de los derechos humanos en Puerto Rico, donde activistas conversaron sobre la audiencia temática en la que depusieran en marzo ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

La mesa estuvo compuesta por la profesora Nora Vargas Acosta, profesora de la Clínica de Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico; Carlos Sepúlveda, estudiante de esta clínica; la doctora Lina Torres, del Instituto de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad del Sagrado Corazón; la licenciada Eva Prados, del Movimiento Amplio de Mujeres en Puerto Rico y la licenciada Yanira Reyes Gil, del Instituto de Estudios sobre Mujeres, Género y Derecho (Inter-Mujeres) así como el licenciado Edgardo Román, de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte.

En el conversatorio, los activistas conversaron sobre los frutos y logros obtenidos a raíz de su visita, sobre planes futuros a partir de la a oportunidad histórica de posicionar los ojos de la CIDH en Puerto Rico y sobre la causa que cada uno representó ante la Comisión.

La profesora Vargas Acosta, quien junto a los estudiantes de su Clínica inició las gestiones para lograr la audiencia temática ante la CIDH, inició el conversatorio ofreciendo el trasfondo y contexto en que ocurrió la alianza que concilió más de 20 organizaciones con el fin de confrontar al gobierno de Estados Unidos y la isla sobre la situación de derechos humanos en Puerto Rico. Sucedió que cuando, por medio de las gestiones regulares de cabildeo de la Clínica experimentaron la renuencia de legisladores favorecer leyes que protegieran a la comunidad LGBTT, y al experimentar el avance y retroceso continuo de estas gestiones según los cambios de administración,  se dieron cuenta que “por esa rama no íbamos a lograr un cambio”.

No obstante, de acuerdo a Vargas Acosta, en el plano internacional estaban ocurriendo cambios positivos que se alejaban de la realidad en Puerto Rico. Mientras que en el 2008, el Senado aprobaba la fallida Resolución 99, la Organización de Estados Americanos (OEA) hacía su primera expresión reconociendo actos de violencia contra personas de la comunidad LGBTT como una violación a los derechos humanos y ordenaba la creación de un organismo para investigar esa situación; y mientras que el senador Thomas Rivera Schatz aludía a activistas gay como personas con “insanidad mental”, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) brindaba su primer informe sobre la situación de la comunidad gay, visibilizando así sus luchas. Tiempo después, mientras que en Puerto Rico, las madres de Ex Parte AAR recibían la decisión adversa por parte del Tribunal Supremo, la CIDH decidía el caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, donde se reconoció que la orientación sexual de una madre no debe ser factor para negarle la custodia de sus hijas. Es entonces que para estas fechas, en el año 2008, los estudiantes de la Clínica junto a la profesora decidieron comenzar a auscultar sobre foros internacionales en que pudieran dar a conocer la situación de derechos humanos en Puerto Rico con respecto a la comunidad LGBTT, idea que se concretó en el 2013. En ese año se unió a las gestiones la profesora de la Clínica de Derecho Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico  Annette Martínez Orabona, quien les orientó sobre el sistema interamericano y se elegió finalmente a la CIDH como el foro a visitar.

“Solicitamos una petición de audiencia temática y en esa ocasión se negó la petición. No obstante los estudiantes se dedicaron a hacer un informe de la situación de derechos humanos en Puerto Rico. Estos hicieron una recopilación de testimonios y anécdotas de personas que habían sufrido agresiones y bullying, entre otras situaciones”, explicó Vargas Acosta.

A pesar de no haber podido exponer ante la CIDH, la petición de audiencia temática permitió que los estudiantes de la Clínica pudieran viajar a Washington a visitar la sede de la Comisión, sostener reuniones con varios comisionados, el Departamento de Justicia federal y con activistas de varias organizaciones sin fines de lucro a favor de la comunidad LGBTT.

“Esa visita fue sumamente importante porque nos reunimos con Tracy Robinson, que en aquel entonces tenía una función dual como relatora de la comunidad LGBTT y presidenta de la CIDH. Allí le hablamos sobre la invisibilidad doble de la comunidad LGBTT y de Puerto Rico ante el mundo. Nuestro planteamiento siempre fue: somos doblemente invisibles”.

Según Carlos Sepúlveda, estudiante de la Clínica que depuso ante la Comisión, el semestre pasado se retomaron los esfuerzos comenzados el año anterior, tomando como punto de partida los trabajos realizados, completando entonces el informe oficial que presentaron ante la CIDH. Este informe incluyó los temas de violencia contra la comunidad LGBTT, bullying, la falta de estadísticas sobre problemas que impactan a esta comunidad, el matrimonio y la adopción así como la situación de la comunidad trans en la isla. Para el estudiante, un elemento clave para que se concediera la petición para la audiencia temática lo fue la unión de más de 20 organizaciones por esta causa.

Por su parte, la profesora Lina Torres, quien depuso sobre el derecho a la educación inclusiva de niños y niñas con educación especial y que hablara específicamente sobre el caso Rosa Lydia Vélez vs. Departamento de Educación, explicó que mucha gente desconoce las luchas que se ha tenido por esta causa. Para la educadora, quien es madre de un niño de educación especial, fue determinante que viviera en carne propia cómo en una escuela le negaron almuerzo a su hijo por no tener personal para ajustarse a las necesidades alimentarias del niño y que por ello tuviera que solicitar un mandamus en un tribunal.

“Me preguntaba si estas cosas le pasan a uno que conoce, ¿qué pasara a los indocumentados?”, cuestionó Torres.

Entre los logros obtenidos por la visita a la CIDH, la profesora enumeró el poder resaltar el asunto de la diversidad como un asunto de derechos humanos, que la gente conociera lo que está ocurriendo con estos niños en la isla, que activistas de otras causas tomaran conciencia y compartieran las situaciones que viven estudiantes de educación especial.

“Además aprendimos a entender la transversalidad de estos temas, la múltiples caras del discrimen así como las discriminaciones múltiples. También, sobre la solidaridad tan necesaria que debe darse en todos los sectores sociales. Las luchas se hacen desde distintos frentes, distintas trincheras. Esta fue una más”, culminó Torres.

Para la licenciada Yanira Reyes Gil, quien en aquella ocasión habló sobre el racismo y la xenofobia como agravantes en todas las situaciones que sufren las mujeres en la isla, fue una oportunidad única el asistir a la CIDH porque aunque en ocasiones anteriores puertorriqueños se han presentado ante foros internacionales, esta es la primera vez que se tocan otros temas aparte del asunto del derecho a la autodeterminación.

Aunque para Reyes Gil no hay que negar la importancia política de estos esfuerzos, tampoco debe ignorarse que aparte del asunto del estatus político de la isla, existen otros asuntos de derechos humanos que no deben ser englobados dentro de ese concepto.

“La experiencia de estar allí estrecha lazos. Este informe nos dio la oportunidad de resaltar el trabajo político feminista en Puerto Rico. Los derechos humanos tienen que llegar a Puerto Rico con fuerza. Hay que pedirlos, exigirlos. No debemos abandonar el momentum”, expresó.

Por esa misma línea, para la licenciada Eva Prados, la visita a la CIDH es una estrategia de litigio, un trabajo para adelantar cambios sociales en Puerto Rico. Por ello, no hay que renunciar a asistir ante organismos internacionales, pues según Prados, “el trabajo de afuera repercute en lo que estamos haciendo en Puerto Rico”.

Un asunto que resaltó la abogada fue la falta de entendimiento por parte de las personas sobre sus derechos humanos y cómo se les violentan de forma cotidiana. Entonces fue productivo el haber podido documentar toda la situación que viven las mujeres inmigrantes en la isla a pesar del problema de acceso a la información y falta de estadísticas existentes en la rama del gobierno.

Edgardo Román, de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, resaltó la importancia de discutir en las escuelas de derecho el asunto de los derechos humanos, temas que, según él, no se discutían cuando era estudiante. Fue precisamente por esa falta de educación sobre el tema, que muchos activistas como él se prepararon dando charlas en escuelas y otros lugares públicos y uniéndose a organizaciones como la Coalición. Para Román, la lucha internacional tiene consecuencias sobre Puerto Rico. Por ello, entiende que la experiencia de presentarse en la audiencia tendrá repercusiones sobre la vida en la isla, pues es la primera vez que surge un encuentro estratégico de tantas organizaciones para promover distintos causas de derechos humanos. El abogado subrayó la importancia de que los estudiantes se involucren en estos esfuerzos, pues su participación es “fundamental”.

La profesora Vargas Acosta explicó que existe un compromiso por parte de la CIDH de considerar los informes presentados y los que se presentarán, para incluirlos en un reporte global que se realiza anualmente para detallar la situación de derechos humanos en el Caribe. No obstante, Vargas Acosta adelantó que en su agenda está continuar los esfuerzos comenzados para lograr que la CIDH visite la isla y logre ver más de cerca la situación de la comunidad LGBTT.

“Necesitamos que puedan escuchar directamente las voces. La voz de aquella mujer trans que no le dieron servicios médicos por ser trans, las agresiones de la policía, cómo una persona no consigue trabajo. Es importante que vengan aquí y escuchen esas voces”, concluyó.

En la actividad estuvieron presentes también varios residentes del Caño Martín Peña, entre ellos el líder comunitario Félix Colón. Al finalizar las ponencias, Colón ofreció un potente mensaje en donde resaltó la lucha de los residentes del Caño por el dragado y limpieza del mismo y por ende una mejor calidad de vida como una lucha por los derechos humanos en sí misma.

“Este tema de los derechos humanos se discute muchas veces desde lo abstracto. Pero sucede que a veces no se le aguanta la mano al que está agrediendo al más débil. Nuestro bienestar socioeconómico no le importa a nadie en el país. La justicia social es como poética”.

Según denunciara Colón, el Cuerpo de Ingenieros, a nivel de Washington, DC, negó el permiso para que se comience el dragado del Caño Martín Peña, lo que pone en riesgo el capital invertido por la comunidad para distintos estudios preliminares al dragado y limpieza.

Por ello conminó a activistas de otras luchas a que surja un “apoyo real” y “tomar las cosas de forma más activa” participando de las actividades próximas a realizarse por la causa de esa comunidad.

El conversatorio sobre activismo transnacional, que se celebró en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, fue organizado por la publicación de derecho internacional de estudiantes Pangea y por el capítulo de la UPR de la lnternational Law Students Association (ILSA).

por Zoán T. Dávila Roldán

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