Compartimos esta carta abierta suscrita por más de 100 personas y entidades que trabajan diariamente para que las personas y comunidades en Puerto Rico —especialmente aquellas más pobres— conozcan y puedan defender sus derechos.
Los procesos de evaluación de candidatos al Tribunal Supremo son un foro importante para indagar sobre la experiencia y las estrategias con las que proponen atender la crisis de acceso a la justicia.
Durante el día de hoy, se remitirá copia de la siguiente carta a las oficinas legislativas que participan de las Comisiones de lo Jurídico:
El acceso a la justicia primero:
Preguntas para candidatos y candidatas a ocupar
una silla en el Tribunal Supremo de Puerto RicoEn Puerto Rico se trabaja arduamente para crear condiciones que faciliten el acceso a la justicia para todas las personas. Por acceso a la justicia entendemos el conjunto de condiciones que hacen posible o dificultan el acceso a los mecanismos establecidos para reclamar y ejercer los derechos, así como para resolver conflictos. Aunque este es un derecho de todos y todas, hay personas, grupos y comunidades que se afectan particularmente. En esta situación están quienes viven en condiciones de pobreza, quienes tienen diversidad funcional, las mujeres, las comunidades LGBTTIQ, los y las inmigrantes y otros grupos históricamente marginados.
Especialmente para aquellas personas afectadas por la pobreza económica, existen instituciones que facilitan el acceso a la justicia tales como Servicios Legales de Puerto Rico, Pro Bono, Inc., la Sociedad para la Asistencia Legal, la Oficina Legal de la Comunidad y las clínicas de asistencia legal de las escuelas de derecho de Puerto Rico. De igual forma, existen centros de mediación que enfatizan el diálogo y la búsqueda de soluciones por las propias personas en conflicto. Aunque valiosas, y más evidente en momentos donde se debate el tema de la deuda pública y los recortes de presupuestos, estas estrategias no son suficientes para atender la falta de acceso a la justicia en el País y sus manifestaciones cotidianas.
En este momento histórico se evalúan juristas para llenar las vacantes del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Tribunal Supremo es la máxima institución de la Rama Judicial. Como tal, tiene a su cargo la toma de decisiones de importancia fundamental que afectan las posibilidades de acceso a la justicia de todas las personas. La Presidencia de este Tribunal, además, tiene a su cargo la administración de todo el sistema.
Es el derecho del Pueblo conocer el punto de vista sobre el tema de acceso a la justicia de quienes sean nominados o nominadas. Es fundamental conocer cómo su experiencia, estrategias y planes servirán para promover y ampliar la protección de los derechos de todos y todas. A propósito de los procesos de evaluación que pronto se verán ante nuestra Legislatura, presentamos una lista de preguntas sobre acceso a la justicia para las personas nominadas.
Estas preguntas son sólo una muestra del escrutinio relacionado a temas como justicia social, pobreza y derechos fundamentales que debemos hacer no sólo a quienes son nominados y nominadas al Tribunal Supremo, sino a quien interese ocupar un puesto gubernamental. Estas preguntas son, ante todo, un reclamo de transparencia, participación y compromiso con el ejercicio de la democracia. Quienes suscriben somos personas, entidades y grupos que apoyamos y promovemos la defensa de derechos fundamentales.
Exigimos a los legisladores y las legisladoras que incorporen estas preguntas a los procesos de evaluación.
Exhortamos a la prensa que brinde la cobertura necesaria para difundir estas preguntas ampliamente.
Convocamos a las personas, comunidades y grupos a que reclamen sus derechos y que defiendan el acceso a la justicia como prioridad.
- ¿Qué entiende usted por “acceso a la justicia”?
- ¿Cuáles, considera, son los mayores retos para el acceso a la justicia en el País? ¿Qué recomienda usted para enfrentarlos?
- ¿Ha colaborado usted en iniciativas dirigidas a adelantar el acceso a la justicia en Puerto Rico?
- ¿Puede describir esa(s) experiencia(s)?
- ¿Qué experiencia ha tenido usted, si alguna, en las siguientes áreas?
– Representación o asistencia legal a personas o comunidades pobres en asuntos civiles
– Representación o asistencia legal de otras personas o comunidades históricamente marginadas en asuntos civiles
– Representación o asistencia legal a personas pobres en asuntos criminales
– Trabajo comunitario
– Trabajo legal pro bono de cualquier naturaleza- ¿Cree que el Estado es diligente en hacer que las personas tengan acceso a información/educación legal? ¿Cuáles cree usted que son los mayores retos en el área de la educación en derechos dirigida al público general? ¿Qué medidas específicas propone para atender estas necesidades?
- ¿Cuál es su postura sobre el impacto que ha tenido la crisis económica y los recortes presupuestarios en la Rama Judicial y, particularmente, en el acceso a la justicia?
- ¿Entiende que hay diferencia entre “acceso a la justicia” y “acceso a la representación legal”? ¿Qué barreras sistémicas – más allá de la representación – identifica usted que atentan en forma concreta contra el acceso a la justicia? ¿Cómo las atendería?
- ¿Cree que debe existir derecho a representación gratuita y accesible en casos civiles (Gideon v. Wainwright)? Particularmente en casos sobre:
– Privación de custodia y patria potestad por el Estado
– Desahucios y ejecuciones de hipotecas
– Reclamaciones en asuntos de educación especial
– Algún otro tipo de caso. Explique cuáles- ¿Qué medidas específicas impulsaría para promover el derecho a representación legal accesible en casos civiles?
- Al hacer su análisis para emitir decisiones en casos ante la consideración del Tribunal Supremo, ¿incorporaría un criterio que le ayude a determinar el impacto de esta decisión en las personas de bajos ingresos?
- Al considerar medidas que aumenten los costos de procesos judiciales, ¿incorporaría un criterio que le ayude a determinar el impacto de esta decisión en las personas de bajos ingresos?
- Las determinaciones sobre justiciabilidad (academicidad, legitimación activa, madurez, etc.) tienen impacto directo sobre el acceso de las personas y comunidades a los tribunales. ¿Cree usted que los criterios que se han utilizado hasta ahora deben revisarse para facilitar el acceso?
- Ante las diversas medidas que ha implantado la Rama Judicial a lo largo de los años, ¿qué cree que falta por hacer para que las personas tengan disponible un sistema de tribunales accesible?
- ¿Cómo estas áreas por atender se relacionan a:
– La educación y preparación de las juezas y los jueces
– La educación y preparación de personas empleadas en los tribunales
– La educación legal disponible para quienes necesitan servicios- ¿Qué herramientas, si algunas, desarrollaría y fomentaría usted para lograr la participación efectiva de la ciudadanía en procesos de reforma judicial?
Firmantes
Amnistía Internacional de Puerto Rico
Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA)
Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico
CLADEM
Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico
Clínica de Asistencia Legal Inter-Derecho
Clínica de Derechos Humanos, Inter Derecho
Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico
Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE)
Coordinadora Paz para la Mujer
Espacios Abiertos
IDEBAJO
Instituto Caribeño de Derechos Humanos
Instituto y Clínica de Educación y Participación Ciudadana- Inter Derecho
Inter-Mujeres Puerto Rico
Matria
Mentes Puertorriqueñas en Acción
Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico
Movimiento Pro Justicia Social, Inter Derecho
Pro Bono de Servicios de Orientación al Inmigrante, Derecho UPR
Pro Bono Democracia y Participación Ciudadana, Derecho UPR
Pro Bono ENLACE con las Escuelas Públicas, Derecho UPR
Pro Bono Inter-Derecho
Pro Bono VIVID Contra la Violencia Doméstica, Derecho UPR
Puerto Rico Te Quiero
Revista de Estudios Críticos del Derecho, Inter Derecho
Sociedad para la Asistencia Legal—
Alex Omar Rosa Ambert, abogado
Alexander Reynoso Vázquez, abogado
Alvin Coutto de Jesús, abogado
Amárilis Pagán Jiménez, abogada
Amaris Torres Rivera, abogada
Ana Irma Rivera Lassén, abogada y profesora Inter Derecho
Ana Matanzo, abogada, profesora Derecho UPR
Ana Victoria de Jesús Martell, abogada
Angel Yamil Nieves Negrón, abogado
Aníbal Rosario Lebrón, abogado y profesor Howard University, New York
Annelise Rivera Rivero, abogada
Annette Martínez Arbona, abogada y profesora Inter Derecho
Aracelis Cruz Suárez, abogada
Ariadna M. Godreau-Aubert, abogada y profesora USC
Astrid Raquel Cruz Negrón, maestra del sistema público de educación
Beatriz Llenín-Figueroa, profesora UPR-Mayaguez
Carlos E. Ramos González, abogado y profesor Inter Derecho
Carlos Francisco Ramos Hernández, estudiante Derecho UPR
Carlos Rodríguez Vidal, abogado
Carmelo Delgado Cintrón, abogado y profesor Derecho UPR
Carolyn Guzmán Agosto, abogada
Charlie Hey Maestre, abogado
Christian Arvelo Forteza , estudiante UPR-Río Piedras, Junta de Gobierno UPR
Cristina Esteves Wolff, abogada
Eddie Antonio Ríos Benítez, abogado y juez retirado
Efrén Rivera-Ramos, abogado y profesor Derecho UPR
Esther Vicente, abogada y profesora Inter Derecho
Eva Prados Rodríguez, abogada
Evelyn Michelle Román Montalvo, abogada
Frances Collazo, estudiante Inter Derecho
Gabriel Espinosa González, abogado
Gabriela Camacho Negrón, abogada
Guillermo Rebollo-Gil, abogado y profesor UNE
Hiram Meléndez Juarbe, abogado y profesor Derecho UPR
Idenis Torres Guzmán, abogada
Ivelisse de Jesús Rivera, estudiante Derecho UPR
Jaime Villeta García, estudiante Inter Derecho
Jerymar Cabrera, estudiante Inter Derecho
Jesús Vázquez, abogado
José Rodriguez Irizarry, abogado
Judith Berkan, abogada
Karla Venegas Bigas, abogada
Lissette Rolón Collazo, profesora UPR-Mayaguez
Lucía Mateo Rivera, abogada
Lucilla Fuller Marvel, planificadora
Luis Alberto Zambrana, abogado
Luis Fernando Coss, periodista y profesor
Luis José Torres Asencio, abogado y profesor Inter Derecho
Luis Marín Rodríguez, abogado
Luis Rodríguez Lebrón, abogado
Luz Ivette Rivera Rivera, abogada
Mabel Rodríguez Centeno, profesora UPR-Río Piedras
Manuel de J. González Hernández, abogado
Maria Angelines Garay, abogada y profesora Derecho UPR
María Dolores Fernós López-Cepero, abogada y profesora Inter Derecho
María E. Hernánez Torrales, abogada y profesora Derecho UPR
Maria L. Jiménez, abogada y profesora Derecho UPR
Mariana Iriarte Mastronardo, abogada y profesora UPR-Río Piedras
Mariana Nogales Molinelli, abogada
Maricarmen Carrillo Justiniano, abogada
Mariela Negrón Marty, estudiante Inter Derecho
Marilucy González Báez, abogada y profesora Inter Derecho
Mayra Cristina Artiles Fonseca, abogada y profesora Derecho UPR
Merangeli Valentín, abogada
Mercedes Garriga Torres, abogada
Michel J. Godreau, abogado y profesor Derecho UPR
Mónica Fornaris Pau, abogada
Myrta Morales-Cruz, abogada y profesora InterDerecho
Natalia Galíndez Vega, abogada
Natalia Ramírez Echevarría, abogada
Natasha Lycia Ora Bannan, abogada, Nueva York
Norly Mendoza, abogada
Nuria Ortíz Vargas, abogada
Osvaldo Burgos Pérez, abogado y profesor Inter Derecho
Patricia Otón Olivieri, abogada y profesora Inter Derecho
Patricio Martínez Llompart , estudiante de Columbia Law School
Paula Latortue Albino, estudiante UPR-Ciencias Médicas
Pedro Saadé Llorens, abogado y profesor Derecho UPR
Rafael Rodríguez Rivera, abogado y profesor Inter Derecho
Raquel Román Morales, abogada
Raul Cotto Serrano, profesor UPR-Río Piedras
Sheila Vélez, abogada y profesora, University of Pittsburg Law School
Shemirel Guzmán Hernández, abogada
Verónica Rivera Torres, abogada
Víctor Pérez Mejía, abogado
Victoria Rivera Lloréns, estudiante de Derecho UPR
Victoria Rodríguez Roldán, abogada, National LGBTQ Task Force, Washington
Vivian Neptune, abogada y profesora Derecho UPR
William Sewell Fernández , abogado
Willmai Rivera-Pérez abogada y profesora, Southern University Law, Lousiana
Yamil Colón Almenas, líder comunitario Barriada Morales
Yanira Milland Santiago, abogada
Yanira Reyes Gil, abogada y profesora, Inter Derecho
Yarileen Valiente, estudiante Inter Derecho
Yarinés Vázquez, abogada
Yashira Hernández González, abogada