Un juez de Manhattan, Hon. Manuel Méndez, le prohibió a Macy’s el retener en sus tiendas a alegados rateros y demandar el pago de daños a cambio de su liberación.
La decisión surgió luego de que un grupo de personas presentará una demanda de clase en contra de la tienda por departamentos, solicitando un interdicto preliminar. Cinthia Carolina Reyes Orellana y Samya Moftah fueron acusados de robar artículos en la tienda de la cadena ubicada en Manhattan. Estos manifestaron que fueron retenidos durante horas, se les dijo que no podían irse a su casa a menos que firmaran una confesión y que pagaran cientos de dólares en daños. Ambos fueron entregados luego al Departamento de la Policía en Nueva York y arrestados luego de que se presentaran cargos oficiales en su contra.
El periódico The Guardian reportó que Moftah, de 53 años, fue a Macy’s a cambiar una ropa que había comprado semanas antes. Luego de haber cambiado la ropa y comprado más artículos, fue interceptada en la salida por un guardia y llevada a un sótano de la tienda con celdas. A pesar de haberle indicado al gerente que tenía los recibos de sus compras, se le cateó y dijo que para dejarla ir debía pagar $100 dólares. Además se le quitó su celular y cartera. Los guardias revisaron sus cosas y hasta se le amenazó de ponerle esposas en un momento en que empezó a llorar.
Luego de un rato el gerente regresó y le explicó que para salir debía pagar $500 dólares. Al esta negarse, removieron su tarjeta de su cartera y le cobraron toda la cantidad. Luego de eso, la policía llegó y se la llevaron arrestada. Los cargos que fueron presentados en su contra fueron desestimados. Al conocer que no había sido la única persona a la que le había sucedido esto en Macy’s, decidió demandar.
Orellana había sido detenida años antes, y los cargos contra ella también se habían desestimado. A esta se le retuvo también en la tienda y se le dijo que tenía que pagar a Macy’s $289 dólares para que la dejaran ir.
La ley de negocios del estado señala que un establecimiento puede –para propósitos investigativos– detener a una persona si el asunto está relacionado con la apropiación de mercancía. Además, un segundo estatuto dispone que un adulto puede ser responsable civilmente al operador de un establecimiento. Las penalidades no pueden exceder de $500 dólares y el dueño puede cargar al ratero por cinco veces la cantidad de mercancía robada.
Las leyes tienen el propósito de proteger a los minoristas. El dictamen del juez Manuel Méndez afirma que Macy’s se aprovechó de estatutos y los utilizó como una espada contra los clientes en lugar de un escudo. El juez también aclaró que la ley no permite la detención de ningún individuo antes de celebrada una investigación. El tribunal le prohibió a Macy’s demandar, solicitar, recolectar, o aceptar cualquier pago en conexión con los estatutos antes mencionados, por parte de clientes bajo su custodia.
Jim Sluzewski, vice presidente senior de comunicaciones corporativas y asuntos externos de Macy’s aclaró que la práctica de recobro civil culminó en el 2015. Según The Guardian, en el 2014 Macy’s pagó $650,000 al fiscal general de Nueva York para transigir más de una docena de quejas de falsas detenciones a minorías.