La representación por derecho propio: un posible fracaso a la justicia

Por los licenciados Donald Milán Guindín y Javier Lugo Rullán

La representación por derecho propio: un posible fracaso a la justiciaPara quienes practicamos la profesión de la abogacía y visitamos los tribunales nuestros no es sorpresa ver con gran frecuencia personas defendiéndose por derecho propio. Es decir, acudiendo a los tribunales sin abogados. Nuestra preocupación o inconformidad con lo anterior no se debe al hecho de que tales personas no contraten abogados, más bien, por las implicaciones negativas que tiene acudir a un tribunal solo.

La norma general es que en los procesos ante los tribunales siempre van a ver partes con posiciones en contrario (demandante y demandado, acusado y fiscal). Las partes tienen derecho a comparecer acompañados de abogados. En el ámbito penal, es muy poco usual ver un acusado defendiéndose a sí mismo. Lo anterior se debe a que el Estado –si el acusado prueba ser indigente- le asigna un abogado de oficio. En el ámbito civil, con la excepción de la figura del defensor judicial, no existe un deber del Estado de proveer representación legal gratuita. Sin embargo, en algunas ocasiones los jueces asignan abogados de oficio en casos civiles. No hemos encontrado aún la fuente en ley que les permite hacer tal designación. Empero, es usual ver personas en casos de familia, cobro de dinero, demandas civiles, órdenes de protección y otros, acudir a los tribunales sin abogado y tratando de representarse ellos mismos, si es que se le puede llamar así.

Relacionado: Alza en número de personas que se representan a sí mismos en tribunales por dificultades económicas

Como cuestión de realidad, convertirse en abogado no es un asunto complejo –no es como ser astronauta, piloto o ingeniero en computadoras, por mencionar alguna profesión complicada. Sin embargo, ser un buen abogado, un abogado que litigue en los tribunales con éxito, eso sí es un asunto muy distinto a estudiar Derecho y pasar una reválida, eso es verdaderamente complejo.

Sin lugar a dudas, los problemas económicos son la principal razón por la cual una persona decide representarse por derecho propio, desconocemos cualquier otra razón lógica, a no ser que tal persona sea abogado. Hemos escuchado a compañeros decir; quien se representa a sí mismo (siendo abogado) tiene un tonto por cliente. ¡Concurrimos!

La Regla 9.4 de Procedimiento Civil –cuerpo de normas que regula los procesos en los casos civiles- le impone una obligación al juez que preside un caso en asegurarse que la persona quien desea representarse por derecho propio pueda así hacerlo de manera adecuada, con conocimiento del proceso y del derecho sustantivo aplicable, y que no causará una demora indebida o entorpecerá la adecuada administración de la justicia. Amigo lector, no conocemos de ningún juez que obedezca lo que dispone la referida regla. Debe existir alguno.

Como mencionamos antes, en el ámbito criminal a los acusados indigentes se le asigna un abogado de oficio, así lo establece nuestra Constitución (Art. II § 11) y el caso de Gideon v. Wainwright. En el ámbito civil las personas que no tienen recursos para contratar abogados tienen opciones: Pro-Bono, Inc., Servicios Legales y las Clínicas de Asistencia Legal de las escuelas de Derecho. Adicionalmente, siempre está el abogado que le da la mano a quien entiende lo necesita.

La Rama Judicial —en un intento de atender “el problema de acceso a la justicia” de quienes litigan por derecho propio— creó el programa Pro Se. Luego de investigar tal programa nos hemos percatado que se limita a entregar y explicar unos formularios muy básicos a los ciudadanos. El personal de dichas oficinas (muy amables) no son abogados y no tienen conocimiento técnico del Derecho. Su intervención es muy limitada; solo pueden explicar los referidos formularios y no pueden dar consejos legales u orientar a un ciudadano una vez el pleito esté en proceso. Nos parece que dicho programa no atiende las verdaderas necesidades de los ciudadanos.

Como bien mencionamos, la citada Regla 9.4 reconoce la autorepresentación en los tribunales pero no concede trato especial a los que acuden sin abogado. Tales personas, que desconocen los procedimientos judiciales, deben de cumplir con todas sus reglas tal y como lo haría un abogado. Adicionalmente, estarán sujetos a las mismas sanciones y el tribunal no viene obligado a explicarle nada.

A manera de analogía, ¿ustedes subirían a un avión en el cual sus pilotos no tuvieran entrenamiento formal? Personas sin entrenamiento han logrado aterrizar y despegar aviones pero con muy poca probabilidad de éxito. La mayoría de las personas no colocarían sus vidas en las manos de un piloto autodidacta. Al autorepresentarse en los tribunales las personas colocan sus derechos en un juego de azar en que sus probabilidades de éxito se reducen exponencialmente. Luego de perder sus casos, en muchas ocasiones es muy tarde para que un abogado pueda intervenir con éxito. Para mejorar el acceso a la justicia se requiere de un mejor sistema de tribunales, uno más económico, eficiente y accesible, pero siempre será necesaria la comparecencia de un abogado al lado de cada parte. Mientras nuestro sistema no mejore, continúen los recortes presupuestarios y los despidos, entre otros atropellos, nos acercaremos más al fracaso de la justicia.

A %d blogueros les gusta esto: