Gobernador firma ley que restablece la Oficina del Inspector General

Eliminada auditoría externa para cooperativas con volumen de negocio menor de $3,000,000Durante el fin de semana el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la Ley Núm. 15-2017 que restablece la Oficina del Inspector General (OIG).

En 2010 se creó la OIG en Puerto Rico como una entidad adicional para combatir la corrupción. Esta oficina comenzó a funcionar en 2012. No obstante, a menos de un año de su funcionamiento, la pasada administración la eliminó.

El Inspector General tiene la responsabilidad de intervenir con las agencias gubernamentales de forma preventiva con tal de alertar sobre el mal uso de la propiedad o los fondos públicos y poder detener cualquier problema de inmediato. “La creación de la OIG es cónsona con la política pública de nuestra administración para lograr niveles óptimos de integridad, honestidad y transparencia en el servicio público, a la vez que se rechaza enérgicamente todo acto de corrupción por parte de funcionarios públicos”, sostuvo el primer ejecutivo previo a firmar la ley.

En la actualidad, las oficinas de auditoría interna de cada agencia realizan las funciones de la OIG.

Sin embargo, el personal que labora en estas oficinas de auditoría interna es nombrado y le responde al jefe de cada entidad gubernamental. Esto propicia una falta de independencia de criterio al momento de realizar investigaciones que evalúen la efectividad, eficiencia y economía de los trabajos y programas desarrollados en las entidades públicas.

La ley crea nuevamente la figura del inspector general, nombrado a 10 años y confirmado por ambos cuerpos legislativos. Estos términos lo equiparan con funcionarios y agencias similares que combaten la corrupción como el Panel del Fiscal Especial Independiente, el Contralor de Puerto Rico y Ética Gubernamental.

El inspector general ha funcionado con éxito en el gobierno federal.

Con el fin de lograr los objetivos de la ley al menor costo posible, se dispone la transferencia del personal y equipo de las oficinas de auditoría interna existentes a la OIG. Este personal será reforzado con el personal de las oficinas de auditoría interna de las agencias, los departamentos y las entidades gubernamentales.

La centralización de las funciones de auditoría en la OIG permitirá tener una visión integral de los esfuerzos del Gobierno en esta área. Además, resultarán en una disminución de costos y maximización de los recursos disponibles para esta gestión.

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