La fiscal general del Departamento de Justicia, Olga B. Castellón, manifestó durante las vistas públicas sobre las enmiendas a realizarse en las Reglas de Procedimiento Criminal, que los cambios propuestos en el Proyecto del Senado 307 de Administración “no inciden en los derechos constitucionales de los ciudadanos y hacen las Reglas más eficientes en el balance con el interés del Estado de procesar las personas imputadas de delito”.
“No se incide y de ninguna manera se afectan derechos constitucionales que se han garantizado por la constitución de Puerto Rico o la de Estados Unidos. No se está eliminando el derecho a juicio por jurado porque es de rango constitucional a nivel federal y local. Desde principios de siglo hay opiniones del Tribunal Supremo federal del derecho a renunciar a ese juicio (por jurado que) es de carácter estatutario. El Estado puede regular, en el ejercicio del balance de los intereses, cuándo se va a dar esa renuncia. Las reglas actuales vigentes sí establecen en qué circunstancias podría darse el requerimiento de que tanto el juez como el fiscal puedan intervenir en esa renuncia qué es cuando el juicio ya ha comenzado”, aclaró la fiscal en vista pública de la Comisión de Seguridad Pública del Senado que preside el senador Henry Neumann Zayas.
Según Castellón, lo que la medida establece en este caso es que en una etapa antes de comenzar el juicio, que se pueda intervenir e interponer la figura no solamente del Estado sino que también el Magistrado.
«No se inciden, no se violan, no se le eliminan derechos a los ciudadanos por exigir que en todo juicio ahora, que de ordinario se tienen que celebrar por jurado, que cuando se vaya a dar una renuncia por parte del acusado que estas partes puedan también ejercer su opinión y el Tribunal pueda hacer el balance de los intereses”, añadió Castellón, quien es fiscal federal destacada en Justicia.
Castellón acudió a la vista pública en representación de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, para expresarse a favor del proyecto senatorial que enmienda múltiples reglas de las Reglas de Procedimiento Criminal para atemperarlas con las reglas federales. Una de las enmiendas autoriza al Superintendente de la Policía o cualquier persona autorizada por ley para tomar huellas digitales o fotografías a los fines de atemperarla a las enmiendas propuestas a las Reglas de Procedimiento Criminal. En la pieza legislativa, se recomienda añadir ciertos delitos para los cuales, al momento de fijarse la fianza, los imputados tengan que estar sujetos a supervisión electrónica bajo el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (OAJ), no se les permita el beneficio del pago del 10 por ciento en efectivo, y no se le difiera la misma.
Por tanto, al momento de fijar la fianza el tribunal deberá imponer requisitos adicionales a los imputados por asesinato por los siguientes delitos: asesinato y su tentativa, genocidio, crímenes de lesa humanidad, agresión grave en su modalidad mutilante, secuestro, secuestro agravado, secuestro de menores. También, delitos contra personas de edad avanzada entre estos: abandono, maltrato y explotación financiera en su modalidad grave. De otra parte, se incluyen la utilización de menores para pornografía infantil, transmisión o retransmisión de pornografía infantil así como posesión y distribución de este material, envenenamiento intencional de aguas de uso público, agresión sexual, actos lascivos si la víctima es menor de 16 años, trata humana, estrago, aborto mediante el uso de la fuerza, entre otros delitos. Sin embargo, a preguntas de los senadores de la Comisión, Castellón aclaró que no se elimina el derecho a la fianza.
Vázquez Garced declaró en una ponencia escrita que “no existe impedimento para que esta Asamblea Legislativa pueda regular la fianza e imponer condiciones a la libertad en espera del juicio. Habida cuenta de que en el historial de la Asamblea Constituyente no hay referencia alguna al fin u objetivo de la fianza, hay que partir de la premisa de que garantizar la comparecencia del imputado no es el único fin que esta asegura. Por el contrario, nuestra Constitución no impide que la Asamblea Legislativa tome en cuenta otros intereses públicos apremiantes para condicionar o reglamentar la imposición de la fianza”.
En la pieza legislativa, también se propone requerir que no se divulgue en la denuncia la dirección y demás circunstancias personales de las víctimas y testigos de delito, que los funcionarios del orden público que hagan un arresto sin orden del tribunal, que antes de que lleven a la persona detenida ante el magistrado, procedan a ficharla mediante foto y huella a menos que circunstancias excepcionales se lo impidan. Sobre el fichaje y toma de huellas dactilares, Castellón puntualizó que el Tribunal puede ordenar que se devuelvan de no encontrarse causa.
De la misma forma, el Proyecto dispone que en la vista preliminar se podrá presentar la prueba de campo de sustancias controladas y los estimados de daños, cuantías o reparaciones, sin que sea necesario el testimonio de las personas que preparen tales documentos. Por otra parte, dispone que siempre que un acusado renunciare a juicio por jurado, se necesitará la anuencia del Estado y el consentimiento del Tribunal para la renuncia. Asimismo, requiere que ningún fiador pueda prestar fianza a favor de un imputado si es o fue abogado de éste en cualquier caso civil o criminal o si tiene o tuvo algún interés económico con éste, entre otras disposiciones propuestas.
Se expresaron en contra la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) y la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL). El director ejecutivo de OAT, Sigfrido Steidel Figueroa, indicó en ponencia escrita que la Asamblea Legislativa tiene el poder para hacer una “revisión completa” y “no fragmentada por ser más deseable y potenciar resultados más eficaces”. Por su parte, el director ejecutivo de la SAL, Félix Vélez Alejandro, cuestionó por qué se radicó este Proyecto de Administración cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico reactivó el Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal con el objetivo de revisar el Proyecto de Reglas de Procedimiento Criminal trabajado por un comité compuesto por 13 profesionales del derecho. Según Vélez Alejandro, actualmente, el Tribunal Supremo revisa el Informe de Reglas de Procedimiento Criminal, presentado originalmente en diciembre de 2008, para que el Proyecto “sea sometido ante la consideración de la Asamblea Legislativa”.
En dicho informe, el Comité propuso enmiendas que “se ajustaban a los cambios sociales que ha sufrido nuestra sociedad en el transcurso de más de 40 años”, indicó.