Por el Lcdo. Donald R. Milán Guindín
Acceso a la justicia –para el autor– es el conjunto de herramientas disponibles y circunstancias que le permiten a cualquier persona acudir al tribunal o foro similar a reclamar sus derechos o a defenderse. Quienes, claramente, enfrentar un problema de acceso a la justicia son las personas de escasos recursos. Escasez de recursos no se limita a lo económico, puede representar un problema la localización de la persona, los confinados son un ejemplo de ello. Otra problemática surge cuando una persona se enfrenta al Estado, ya sea en el ámbito civil o criminal. El Estado siempre será más poderoso y los tribunales –en muchas ocasiones– lo tratarán de forma privilegiada, concediéndole, por ejemplo, extensiones de término en exceso de lo dispuesto por las normas procesales. En el escenario de el ciudadano v. el Estado, el primero que tiende a considerar seriamente la acción judicial es el ciudadano que ha sufrido un daño o que tiene un reclamo válido. El segundo que hará igual ejercicio mental será –aunque podrá sonar cómico– el abogado a quien se le consulte el caso. Luego vendrán las consideraciones de costo y tiempo.
Con este preámbulo en mente, ¿Cuáles serán las estrategias a seguir para el aseguramiento del acceso a la justicia? La descentralización del Tribunal de Apelaciones, la ampliación del programa de presentación electrónica de documentos, la celebración de juicios civiles por jurado en los tribunales locales, la eliminación del Programa Pro Se, la celebración de vistas por medios electrónicos y el establecimiento de un programa de compensación justa para los abogados a quienes se les asignan casos criminales y civiles. Estas son sólo algunas de las alternativas que se discuten –con café en mano– por los abogados de la práctica privada en la Cafetería del Tribunal de Ponce, centro extra-oficial de investigación y desarrollo de la profesión, por titularlo de alguna manera.
Dele, amigo lector, consideración a esas propuestas. ¿A quién no le complica el día la presentación de un recurso y las debidas notificaciones al Tribunal de Apelaciones? Esto sin mencionar las formalidades exigidas. ¿No sería más económico para la OAT ubicar tales jueces en las regiones judiciales? Quienes han utilizado el sistema SUMAC –luego de lograr entenderlo– pueden estar convencidos de su conveniencia. En cuanto a la celebración de juicios por jurado, ya es momento de que los tribunales reconozcan tal derecho como uno fundamental y que la rama legislativa atienda el asunto. Aunque su fin es uno noble, el Programa Pro Se no resuelve el problema del acceso a la justicia, en ocasiones complica el escenario a tal grado que las partes buscan abogados para que resuelvan los enredos a los cuales han llegado. Por cierto, vale examinar la R 9.4 de P. Civil. Como mencionamos, la localización es un factor a considerar. En ocasiones una de las partes se encuentra a dos o tres horas de donde se celebrará la vista, ¿por qué esa parte no puede comparecer por Skype u otro sistema similar? Por último, hace falta un programa de compensación justa para la designación de abogados de oficio y –entre otras cosas– el establecimiento de un sistema uniforme de designación. A muchos abogados se les asignan casos sumamente complicados que tienen el potencial de paralizar sus prácticas y así mermar sus ingresos. La designación no se está limitando a lo criminal, sin reglamento o base legal alguna se están designando casos civiles.
Temo que se avecinan tiempos difíciles para todos, la Legal Services Corporation se enfrenta a posibles recortes que afectarán a varias entidades en la Isla. Por otra parte, la situación económica nuestra como Isla traerá pleitos (ejecuciones de hipoteca, R 60, incumplimiento de contrato) contra personas de escasos recursos, por lo cual, se debe estudiar más a fondo el tema del acceso a la justicia en vías de crear o mejorar las herramientas y crear las circunstancias para el aseguramiento de tan preciado concepto.