La Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes que preside el representante Guillermo Miranda Rivera, comenzó durante el día de ayer, las vistas públicas para investigar el proceso que llevó a cabo la Universidad de Puerto Rico (UPR) al momento de elegir los candidatos a beneficiarse del Programa de Becas Presidenciales en el año 2015.
Así lo anunció el representante Miranda Rivera en la discusión de la Resolución de la Cámara 100 que impulsa la pesquisa, al destacar la importancia de estar al corriente de cómo se utilizó el dinero que la Asamblea Legislativa le asignó a la UPR, destinado a personas de bajos recursos que hubiesen cualificado para este tipo de ayuda.
El legislador catalogó la otorgación de las becas como un aparente “esquema de amiguismo” para estudiantes posgraduados y graduados. “Entiendo que si se los llevaron en buena lid, muy bien, que la disfruten, estudien y produzcan para Puerto Rico. Pero que se lo lleven por ser ‘amigos del alma’ no es justo y el pueblo tiene el derecho de saber la verdad”, subrayó.
La vicepresidenta de la Cámara y autora de la medida, la representante Lourdes Ramos Rivera, sostuvo que ante la crisis fiscal que existe en la Isla y los reclamos de una auditoría de la deuda, la investigación “es parte de la auditoría que el pueblo está exigiendo de manera seria y respetable para detectar por qué se hicieron las cosas de la forma que se hicieron y para que ello no vuelva a ocurrir”.
La directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario Vega, informó a la Comisión que durante el día de hoy, recibió una Resolución del Tribunal de Apelaciones mediante la cual se declaró No ha lugar la oposición que fue presentada por la OEG a reclamaciones en torno a la otorgación de las becas, y expresó que el caso quedó perfeccionado y sometido para adjudicación.
“Es menester puntualizar que los demás aspectos sobre el proceso llevado a cabo para la concesión de las referidas ayudas, se encuentra bajo investigación del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la OEG. Un vez concluya la investigación, y la Oficina entienda que se ha violado alguna disposición de la Ley de Ética Gubernamental, de su Reglamento, de la órdenes o de las normas promulgadas a su amparo, si tiene suficiente evidencia testifical y documental para sostenerla, presentará una querella y llevará a cabo un procedimiento de adjudicación, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, expresó Rosario Vega.