Junta de Supervisión certifica radicaciones de Retiro y Carreteras bajo el Título III de la Ley PROMESA

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (la “Junta de Supervisión”) creada por el Congreso bajo la ley bipartita Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (“PROMESA” o la “Ley”) anunció hoy que aprobó, certificó y radicó en el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico el 21 de mayo de 2017, peticiones voluntarias bajo el Título III de PROMESA para la Autoridad de Carreteras y Transportación (“ACT”) y el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico (“SER”), respectivamente.

El Chairman de la Junta de Supervisión, José Carrión, explicó que, a partir de la solicitud correspondiente por parte del Gobierno de Puerto Rico, la Junta determinó que era necesario y apropiado que la ACT y el SER radicaran dichas peticiones voluntarias bajo el Título III de PROMESA para proteger a los residentes de Puerto Rico, a la ACT, el SER y los intereses de sus acreedores y pensionados, y evitar un impacto negativo a la economía aun mayor como resultado de una avalancha de litigios y continua incertidumbre.

El Chairman de la Junta de Supervisión explicó que el Plan Fiscal certificado del Gobierno de Puerto Rico, además de reformas estructurales dirigidas a aumentar la participación de la fuerza laboral y propiciar el crecimiento económico, contiene ya sustanciales recortes de gastos y aumentos de ingresos en un esfuerzo de balancear estructuralmente el presupuesto y disponer fondos para el servicio de la deuda. Pero los problemas de liquidez y solvencia del Gobierno son enormes y el Título III es ahora necesario para proteger al pueblo de Puerto Rico.

“La Junta de Supervisión toma esta acción únicamente para cumplir con su propósito, según dispuesto en PROMESA, de proveer un método para que el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades puedan alcanzar la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital”, concluyó Carrión.

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