La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (“Junta de Supervisión”) representada por O’Neill & Borges, LLC y Proskauer Rose, LLP, solicitó paralizar la acción entablada por los jueces para salvar sus pensiones.
El 3 de mayo de 2017, la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura demandó a la Junta de Supervisión ante el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico. Su solicitud señaló que el plan propuesto por la Junta de Supervisión pretendía tomar posesión de sus pensiones. Según los jueces, esto viola sus derechos constitucionales.
Aún sin contestar la demanda, el 15 de mayo, la Junta de Supervisión solicitó la paralización de la demanda de los jueces. Según la Junta de Supervisión, las pensiones de los jueces son propiedad del deudor (Puerto Rico), y las disposiciones aplicables en la Ley PROMESA paralizan cualquier acción contra el deudor y la propiedad del deudor.
La Junta de Supervisión señaló que la paralización aplica a este caso porque ella se considera parte del gobierno de Puerto Rico. Es decir, la acción de los jueces hace un reclamo sobre sus pensiones al deudor, y solicita un injunction impidiendo que se apruebe el plan fiscal certificado.
Adicional a ello, la Junta de Supervisión alegó la acción debe considerarse nula, ya que se presentó luego de que el gobierno radicara quiebra al amparo del Título III de la Ley PROMESA.
Sin embargo, para finalizar, solicitó la paralización de la acción, y se reservó el derecho de presentar cualquier alegación y documentación necesaria luego de concluir la paralización del caso.
por el Lcdo. Cristian González