La Fundación Internacional Baltasar Garzón presentó una iniciativa de crowdfunding para impulsar un documental que trata sobre la lucha de un centenar de jueces, fiscales y abogados en todo el mundo, para construir un nuevo código de Jurisdicción Universal que permita combatir el genocidio y la impunidad con el apoyo de la sociedad civil.
La película fue producida por Grupo Master Producciones y dirigida por Carles Caparrós. La cantidad recaudada irá destinada a cubrir los costes de postproducción de imagen y sonido, el material de archivo, licencias de músicas, traducciones y también gastos de difusión y promoción. Si se lograra captar la cantidad deseada, la película estaría presentándose el próximo mes de septiembre.
En el filme se reseña el trabajo de los juristas, que intentan que temas tales como especular con alimentos de primera necesidad, emitir bonos basura, despilfarrar dinero público o contaminar a gran escala sean denunciables internacionalmente y se consideren Crímenes contra la Humanidad. Hasta la fecha se han entrevistado a decenas de expertos y se ha grabado en tres países: Argentina, España y Senegal, donde acudieron en mayo de 2016 a la lectura de la sentencia condenatoria por Crímenes Contra la Humanidad contra el ex dictador de Chad, Hissène Habré.
«Nuestro equipo lleva ya tres años desarrollando The Code, convencidos de la importancia del proyecto para dar a conocer el trabajo de estos activistas legales entre la ciudadanía para que puedan exigir a sus políticos que incorporen estos cambios en sus legislaciones y en las relaciones internacionales que establezcan».
Baltasar Garzón, el juez español que ordenó la detención del dictador Augusto Pinochet, y más de cien prestigiosos juristas de todo el mundo trabajan para que los grandes delitos económicos, financieros y medioambientales puedan ser perseguidos internacionalmente. Con un arma: la Jurisdicción Universal.
Jueces, fiscales y abogados tratando de conseguir que, además del genocidio y los crímenes de guerra, acciones como especular con alimentos de primera necesidad, emitir bonos basura, despilfarrar dinero público o contaminar a gran escala sean denunciables internacionalmente y considerados Crímenes Contra la Humanidad.
En nuestra historia han existido visionarios que han entendido mucho antes que el resto que la esclavitud, el colonialismo o el apartheid no era el orden natural de las cosas, sino prácticas inmorales de una minoría que debían ser considerados ilícitos. En la actualidad, un juez lidera un movimiento internacional para que entendamos que los grandes fraudes económicos no son deficiencias del sistema, sino actos premeditados de una élite, que deben ser reconocidos como delitos.
Buenos Aires, septiembre de 2015, durante el Congreso de Jurisdicción Universal, se aprueba la nueva lista de delitos contra la humanidad, incluyendo las características que hacen que determinadas decisiones sean tipificadas como delitos económicos o medio ambientales contra la humanidad. Todo este esfuerzo ha de llegar a las legislaciones nacionales. Buenos Aires es el punto de partida para que un grupo de mujeres y hombres pioneros, liderados por el juez Baltasar Garzón, luchen para modificar el actual estado de impunidad, utilizando su talento, imaginación y conocimiento.
En un planeta de 8.000 millones de habitantes las decisiones económicas irresponsables pueden ser catastróficas. Los activistas jurídicos quieren acabar con la impunidad. Luchando unidos por el bien común y por el fin de la impunidad de los grandes crímenes económicos, financieros y medioambientales.