Descarga el documento: United States of America v. Bravo-Fernández
Héctor Martínez Maldonado y Juan Bravo Fernández por segunda ocasión fueron hallados culpables por cargos de soborno ante el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito desestimó la convicción de 2012 por un error en las instrucciones al jurado. Martínez Maldonado y Bravo Fernández sostienen que la evidencia contra ellos en juicio no era suficiente, y que erró el Tribunal al no explicar al jurado la diferencia entre soborno y regalías.
En mayo de 2017, luego de dos semanas de juicio, Héctor Martínez Maldonado, ex senador por el distrito de Carolina y Juan Bravo Fernández, fundador de Ranger American, fueron hallados culpables por cargos de soborno.
Los hechos alegados contra Martínez Maldonado y Bravo Fernández se remontan al 2005. Supuestamente, luego de disfrutar de la pelea entre Félix “Tito” Trinidad y Winky Wright en Las Vegas a cuenta de Bravo Fernández, Martínez Maldonado votó a favor de dos medidas que favorecerían a la compañía de Bravo Fernández.
Sin embargo, en el juicio no desfiló prueba directa de alguna comunicación, acuerdo, o compromiso de algún tipo que vinculase el viaje a ver la pelea con la votación de Martínez Maldonado a favor de la compañía de Bravo Fernández.
A pesar de ello, un jurado unánimemente los halló convictos por el alegado soborno. Por ello, Martínez Maldonado y Bravo Fernández presentaron una moción solicitando que se deje sin efecto el veredicto del jurado por ausencia de evidencia que le sostenga. Adicional a ello, alegan que fiscalía debía probar que Martínez Maldonado cambió su posición en cuanto a la legislación por razón del soborno.
Martínez Maldonado y Bravo Fernández también alegaron que el Tribunal federal carecía de jurisdicción porque fiscalía no probó que Martínez Maldonado fuese agente de una entidad puertorriqueña que devengase más de $10,000 en fondos federales, y porque no se probó que hubiese una transacción por más de $5,000 en función del soborno.
Para el Tribunal de Distrito es suficiente la evidencia circunstancial sobre la inexistencia de una relación entre los acusados previo a la elección de Martínez Maldonado ni contribuyó a su campaña, el que Bravo Fernández le llevó un borrador de un proyecto de ley, el cual se presentó al Senado el mismo día en que se compraron los boletos para la pelea de Félix «Tito» Trinidad, y que Martínez Maldonado presidía la Comisión de Seguridad Pública, en el cual votó a favor de la medida, que Ranger American fue la única compañía de seguridad invitada a las vistas, y que Martínez Maldonado viajó, en efecto, a Las Vegas para la pelea.
En cuanto a que el 18 U.S.C. § 666, que penaliza el soborno indica que el influido debía cambiar su posición, el Tribunal sostiene que dicha lectura de la ley es errada. Según el juez Francisco A. Besosa, el jurado podía concluir que Martínez Maldonado apoyaba la medida honestamente y que a la vez se beneficiaba indebidamente por apoyarla.
Finalmente, en cuanto a los requisitos jurisdiccionales bajo el 18 U.S.C. § 666, el Tribunal señala que durante el juicio las partes estipularon que en el 2005 Martínez Maldonado era parte de una agencia puertorriqueña que se benefició con más de $10,000 en fondos federales porque el gobierno recibió más de 4.7 billones de dólares en fondos federales.
Sobre el requisito de un beneficio transaccional de más de $5,000, el juez sostiene que el gobierno presentó prueba de que de aprobación de la legislación, Ranger American y Bravo Fernández aplastarían a su competencia y estaban en posición de aumentar sus ganancias en $1.5 millones.
Así, el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico denegó la solicitud de la defensa, por lo que podemos predecir que una apelación en este caso es inminente.
por el Lcdo. Cristian González