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El gobernador Pedro R. Pierluisi, convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1583 que reconoce como una modalidad de maltrato agravado y sin consentimiento de la otra parte, el estrangulamiento no fatal, la asfixia posicional y la sofocación.
También, esta ley que entra en vigor inmediatamente, estipula que el victimario sea clasificado como un ofensor sexual.
Por lo tanto, incurrirá en delito grave toda persona que, a propósito, y con conocimiento de causa, estrangule-sofoque o asfixie a otra persona con quien tenga-o haya tenido- una relación de pareja.
De hecho, también se estipula que incurrirán en delito grave todo padre, madre o persona responsable del menor o cualquier otra persona que a propósito, con conocimiento o temerariamente le estrangule, sofoque o asfixie posicionalmente.
Además, se atempera el Registro de Personas Convictas por Violaciones a la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y el Registro de personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores.
De igual forma, se ordena el diseño de un protocolo uniforme de evaluación e intervención aplicable a todas las instituciones médico-hospitalarias ante un caso certificado o sospechoso de estrangulamiento, sofocación o asfixie posicional.
La ley fue avalada por el Departamento de Seguridad Pública (DSP), el Departamento de Justicia (DJ) y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). Precisamente, Pierluisi también convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1607 que ordena al DJ y al Negociado de la Policía identificar, certificar y divulgar cada tres meses las estadísticas recopiladas de este tema.
En la continuación de temas de seguridad, el gobernador también convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 184 para facilitar, mediante Acuerdos individuales y voluntarios entre los municipios y el Negociado de la Policía, la transferencia de policías municipales al Negociado.
La firma del Acuerdo estará sujeta a la disponibilidad de fondos por parte del Negociado de la Policía, a que el policía municipal a ser transferido cuente con, al menos, un grado asociado, y con un adiestramiento de 900 horas de la Academia de la Policía y que sea adiestrado con todos los cursos exigidos en el Acuerdo y el Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico.
Tras contar con el aval del Departamento de Educación (DE) y de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), el gobernador firmó el Proyecto de la Cámara 1519 que enmienda la Ley de Reforma Educativa para que las escuelas del DE sean de libre acceso o entrada y no tengan barreras arquitectónicas que impidan a estudiantes o personas con impedimentos movilizarse desde, hacia o dentro de la instalación.
También, el DE endosó el Proyecto del Senado 648 convertido en ley para que los estudiantes dotados, que reciben educación en modalidad de «homeschooling» puedan participar en internados, campamentos de verano, recibir becas y de cualquier otra actividad que se reserva para estudiantes matriculados en instituciones estudiantiles o colegios.
Otra medida relacionada a la educación y que recibió el aval del primer ejecutivo es el Proyecto del Senado 1252 para denominar con el nombre de la exprimera dama y exrepresentante, Luisa Piti Gándara, el programa «Lee y Sueña».
De otra parte, el gobernador firmó el Proyecto del Senado 434 para que las personas que padecen de la enfermedad genética y neurodegenerativa del Huntington sean evaluadas para acceder al Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables, adscrito al Departamento de Salud.
Otra medida firmada por el gobernador es la Resolución Conjunta del Senado 276 para ordenar a la junta de directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública y al Departamento de la Familia que lleven a cabo una campaña educativa sobre el concepto, implicaciones, necesidad y protocolos que facilitan los refugios seguros y entregas voluntarias de menores de 0 a 3 años.
También, el primer ejecutivo dio paso al Proyecto del Senado 602 para enmendar la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito para aclarar el quórum necesario para la celebración de una asamblea en la segunda convocatoria y establecer un nuevo periodo de espera.
Pierluisi convirtió en ley el Proyecto del Senado 438 para establecer la Ley para el Desarrollo y Operación del proyecto El Sueño de un Ángel por lo que el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) deberá conceder, mediante contrato, la administración y mantenimiento de las edificaciones existentes en las 20 cuerdas de terreno localizadas en el sector Tortuguero de Vega Baja a la corporación El Sueño del Ángel, Inc.
El propósito es fomentar la recreación pública, el desarrollo deportivo social y cultural de la población con impedimentos.
Las últimas medidas convertidas en ley son las Resolución Conjunta de la Cámara 576, la Resolución Conjunta del Senado 401 y el Proyecto de la Cámara 1789. La primera designa la cancha de la urbanización Villa Rita en San Sebastián con el nombre de Adrián Antonio González Pérez y la segunda designa un tramo de la carretera PR-927 con el nombre del reverendo Isabelo García. Asimismo, a través del tercero, se declara el mes de octubre de cada año como el ‘Mes de la Historia del Archipiélago de Puerto Rico’.
Aplauden gestión
El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, catalogó como un gran avance en los esfuerzos para prevenir los feminicidios y fortalecer el procesamiento de los casos de violencia doméstica que el gobernador, Pedro Pierluisi, convirtiera en ley el Proyecto de la Cámara 1583, que tipifica como delito y castiga severamente el estrangulamiento no fatal.
«Esta ley permitirá procesar y penalizar esta conducta con la severidad que amerita, toda vez que estudios demuestran que quien comete estrangulamiento no fatal es un potencial feminicida y que su víctima tiene un riesgo de 700% de morir a manos de éste. La medida nos permite identificar a tiempo a potenciales feminicidas a tiempo y procesarlos al amparo de una disposición clara y específica», reconoció el titular de Justicia.
El secretario destacó que otro de los beneficios de la ley es que apoya el desarrollo de planes de prevención de feminicidios íntimos al obtener y desarrollar datos estadísticos sobre la incidencia de estos delitos en Puerto Rico. «La recopilación y análisis de los datos contribuye al desarrollo de política pública para la prevención de feminicidios, al tiempo que crea conciencia, tanto en la víctima como en la sociedad, sobre la peligrosidad de esta modalidad de violencia doméstica y los riesgos asociados al estrangulamiento no fatal», puntualizó Emanuelli Hernández.
Por su parte, la directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Departamento de Justicia, la fiscal Laura Hernández Gutiérrez, explicó que «la legislación ayudará en la comprensión de la prueba en los casos de estrangulamiento, tanto a los jueces como a los jurados. Permitirá a los fiscales identificar con especificidad el tipo de delito cometido y procurar la pena requerida, ya que define las distintas modalidades de estrangulamiento y asfixie. En casos que se ventilen por jurado, los jueces podrán impartir instrucciones sobre los elementos del delito de estrangulamiento y la prueba requerida para demostrarlo».
«Esta conducta dejará de pasar desapercibida porque el 50% de las víctimas estranguladas no presentan marcas visibles. Los daños ocasionados son internos y solamente pueden ser identificados por estudios médicos como MRI o autopsia en casos fatales», añadió Hernández Gutiérrez.
El Departamento de Justicia, con el apoyo del Training Institute on Strangulation Prevention de San Diego, adiestró y certificó a sobre 400 fiscales, agentes investigadores, jueces, funcionarios de agencias gubernamentales y personal de organizaciones sin fines de lucro sobre la forma de identificar potenciales feminicidas y los mecanismos para prevenir el estrangulamiento.
Durante el 29 al 31 de mayo, la agencia ofrecerá el Curso Experto: Certificación como perito en casos de estrangulamiento a los fines de desarrollar peritos que testifiquen en los tribunales para probar este tipo de casos más allá de duda razonable.
El evento es organizado por la Oficina de la Jefa de los Fiscales y la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Departamento de Justicia.